Dos años del NBD: entre crecimiento institucional y preocupaciones sociales

Por Gonzalo Roza Jun 11, 2017

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Por Gonzalo Roza y Gretchen Gordon

En abril, las Juntas de Gobernadores y Directores del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), la institución financiera multilateral establecida en 2015 por los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), celebraron su Segunda Reunión Anual en Nueva Delhi, India.

Durante la reunión, los ministros de finanzas de los países BRICS aprobaron una Estrategia General de cinco años, así como el proceso de admisión de nuevos miembros (el Banco tiene previsto incorporar a 15 nuevos países miembros en una primera fase); mientras que la Junta de Directores discutió la cartera de proyectos  del Banco. Además, el Banco firmó Memorandos de Entendimiento para promover la cooperación con cinco bancos multilaterales de desarrollo, entre ellos el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB por su sigla en inglés) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

K.V. Kamath, presidente del NBD, también anunció los planes del Banco para financiar 15 proyectos de infraestructura en países miembros por un valor de hasta 3 mil millones de dólares, y recaudar fondos mediante la emisión de bonos denominados en rupias en la India, tras haber emitido bonos denominados en yuanes en China el año pasado.

Mientras el Banco mostró su compromiso de avanzar más en su institucionalización y de ampliar su membresía, la sociedad civil expresó su preocupación por el enfoque del Banco en relación al desarrollo.

¿Una estrategia para un desarrollo sostenible e inclusivo?

En eventos paralelos y reuniones con representantes del banco, organizaciones de defensa de los derechos humanos y del medio ambiente de todo el mundo requirieron al Banco que estableciera compromisos y criterios concretos para el desarrollo sostenible. En un documento titulado The BRICS New Development Bank Strategy. A civil society perspective for truly sustainable infrastructure and transformative development cooperation, los grupos identificaron cinco áreas prioritarias y recomendaciones clave.

Según la propuesta, “a fin de promover un nuevo tipo de desarrollo y ayudar realmente a las poblaciones marginadas o las zonas no atendidas y responder a las necesidades insatisfechas en el mundo en desarrollo, el NBD tendrá que pasar de un enfoque de ˈno dañarˈ, hacia un énfasis en el desarrollo de proyectos que explícitamente apunten a generar impactos sociales y ambientales positivos, incluyendo infraestructura social (vivienda, educación, saneamiento, salud, seguridad alimentaria y nutricional, cultura entre otros), soluciones energéticas fuera de la red y otros proyectos dirigidos a satisfacer las necesidades de las comunidades vulnerables”. También señala que “las actividades del Banco deben estar orientadas a apoyar patrones sostenibles de consumo y producción, y estrategias inclusivas y transformadoras de crecimiento”.

Mientras grupos de la sociedad civil enviaron una carta en marzo instando al Banco a abrir un proceso de consulta significativo con la sociedad civil y otras partes interesadas antes de aprobar la versión final de la Estrategia; el 1 de abril la Junta de Gobernadores aprobó en principio la Estrategia General del Banco. Se espera que el documento final de la Estrategia se publique a principios de junio.

¿Un marco social y ambiental efectivo?

Mientras el NBD se prepara para la revisión de un año de su Marco Social y Ambiental (ESF, por sus siglas en inglés), las organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por el fracaso del ESF a la hora de hacer operativos sus aspiraciones de sostenibilidad.

Un análisis de la Coalición y aliados recomienda que el ESF:

  • Incluya criterios claros de sostenibilidad y requisitos de debida diligencia para la selección, supervisión e implementación de proyectos.
  • Clarifique y fortalezca el papel del personal del NBD en la evaluación de proyectos y en la supervisión y monitoreo de la implementación y el cumplimiento.
  • Establecer puntos de referencia y sistemas claros para evaluar y apoyar la capacidad de los países y los clientes, especialmente cuando se utilizan sistemas de país o de cliente.
  • Establezca requisitos de divulgación y consulta con plazos determinados para garantizar que las comunidades afectadas y los grupos de la sociedad civil tengan acceso a la información y puedan participar de manera significativa en las actividades financiadas por el NBD.

Las organizaciones signatarias también instaron al Banco a que estableciera un proceso formal, inclusivo, transparente y robusto de consulta sobre el ESF y otras existentes y futuras políticas y estrategias.

¿Es el NBD diferente de otras IFIs tradicionales?

En las márgenes de la Reunión Anual, el Peoples’  Forum  on  BRICS, una red de movimientos populares, sindicatos, redes nacionales y organizaciones de la sociedad civil, celebró un evento de un día de duración el 30 de marzo, en el que participaron ambientalistas, periodistas, comunidades indígenas y otros representantes de la sociedad civil de los países BRICS. En la Declaración de Nueva Delhi, los participantes expresaron su profunda preocupación por el hecho de que el NBD se limita a replicar a las Instituciones Financieras Internacionales existentes, que carecen de transparencia, responsabilidad y espacios de compromiso con la sociedad civil y los movimientos populares.

El documento concluye que “el Nuevo Banco de Desarrollo tiene que dar un paso atrás y reconsiderar por qué de hecho se estableció. Al hacerlo, el NBD debe acercarse proactivamente a los movimientos populares, a los sindicatos, a las organizaciones de la sociedad civil y a las redes de los pueblos que trabajan genuinamente con las comunidades pobres y afectadas”.

¿Qué tipo de relacionamiento con la sociedad civil pretende el Banco?

Los representantes de la sociedad civil del Grupo de Trabajo sobre el NDB de los BRICS de la Coalición tuvieron la oportunidad de reunirse con diferentes vicepresidentes y funcionarios de NBD en diversos eventos celebrados en el marco de la Segunda Reunión Anual en Delhi, tales como un Diálogo Multisectorial organizado por Oxfam y la Fundación Vasudha; y reuniones entre los funcionarios del NBD y los representantes de las OSC. En esas reuniones, los funcionarios del Banco expresaron la intención de la institución de “ampliar y profundizar su interacción con todas las partes interesadas del Banco, incluso con representantes de la sociedad civil y académicos”. Al mismo tiempo, cabe destacar que la supuesta apertura e intención del Banco de fomentar su interacción y compromiso con la sociedad civil resulta al menos contradictoria con su ausencia de transparencia o consulta hasta la fecha

La sociedad civil de los países BRICS y del resto del mundo sigue exigiendo al Banco que promueva un compromiso verdaderamente sólido y efectivo con la sociedad civil, que permita una participación significativa de los diferentes actores, especialmente de las comunidades y grupos de base afectados por los proyectos del Banco.

Una estrategia para el fracaso

Los resultados de la 2ª Reunión Anual del NBD muestran la clara intención del Banco de continuar creciendo y expandiéndose en términos de proyectos, desembolsos e incluso miembros. Este es un proceso natural para una nueva institución de apenas dos años de edad y nacida con el objetivo de financiar la infraestructura y el desarrollo sostenible en los mercados emergentes y en los países en desarrollo.

Sin embargo, es preocupante que en este proceso el NBD parece estar reproduciendo los mismos errores cometidos en el pasado por otros financiadores del desarrollo, creando dudas sobre lo que es realmente “nuevo” en el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS.

En el camino hacia su tercer año de operaciones, el NBD debe considerar cuidadosamente cuál debería ser la estrategia adecuada y más adecuada para cumplir su misión de apoyar la infraestructura y los esfuerzos de desarrollo sostenible en los países BRICS y otras economías emergentes. Incrementar las inversiones sin criterios de sostenibilidad claros o un compromiso significativo con la sociedad civil, sería una estrategia para el fracaso.

 

Gonzalo Roza coordina el Área de Gobernabilidad Global de Fundeps (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables – Argentina) y el Grupo de Trabajo sobre el NBD de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo.

Gretchen Gordon coordina la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, una coalición global de movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y grupos de base que trabajan para asegurar que todas las instituciones financieras de desarrollo respeten los derechos humanos.

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Nuestros ahorros para el retiro financiando proyectos violatorios de derechos humanos

Por Mariana González Mar 14, 2017

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Originalmente publicado en Relatos Anifbios: Historias de Derechos Humanos desde el Sur GlobalMarzo 01 de 2017.

Todos los meses descuentan de mi pago quincenal un porcentaje obligatorio para el fondo para el retiro, el cual es parte de la seguridad social laboral en México. Lo mismo sucede con los 21 millones de personas económicamente activas y con prestaciones sociales, pues en México cerca del 58% de la población ocupada (28.7 millones) trabaja en lugares que eluden el registro ante la seguridad social, es decir, no tienen ningún tipo de prestación para garantizar la salud, asistencia médica y para asegurar los medios de subsistencia, entre otros.

A pesar de que no toda la población económicamente activa del país participa en el ahorro para las pensiones, estamos hablando de una gran cantidad de dinero público que hasta hace un par de décadas gestionaba el Estado. Hoy, tras una serie de reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, este dinero pasó de ser administrado por entes públicos a privados y se está usando para financiar proyectos de infraestructura como carreteras, hidroeléctricas y proyectos energéticos mencionar algunos; que ponen en riesgo los ahorros invertidos, sin que los contribuyentes estemos al tanto por un lado, y, por otro, que en muchas ocasiones – por no decir todas – vulneran los derechos humanos y aumentan la brecha de desigualdad en el país. Por ejemplo, el proyecto de conversión a hidroeléctrica de la presa Cerro de Oro en el estado de Oaxaca usaría ahorros para el retiro sin que los contribuyentes tengamos mecanismos para conocer en qué tipo de proyectos se están invirtiendo nuestro dinero y cuáles son sus impactos, además de que el proyecto implicaba severos impactos al territorio y violaciones a los derechos de las comunidades chinantecas y mestizas de la región.

A finales de la década de los ochenta, el sistema de pensiones de México estaba a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y tenía un esquema más garantista de reparto y beneficios definidos. Sin embargo, a principios de los años noventa, la proporción de trabajadores activos con respecto a los retirados disminuyó considerablemente, entre otras cosas, por el incremento en la esperanza de vida y la disminución de la tasa de natalidad. Esta fue la excusa perfecta para que el país comenzara los ajustes conforme a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y transformara los fondos de pensión en una herramienta para mercados financieros y en una fuente permanente de capital a largo plazo.

Así, a lo largo de los últimos años se han realizado diversas reformas para cambiar el esquema del sistema de pensiones, relajar las restricciones a la inversión de estos fondos, permitiendo que se inviertan más en instrumentos que benefician al sector privado y que sean administrados por éste último a través de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), las instituciones financieras privadas en México que administran fondos de retiro y a través de las cuales todas las personas obligatoriamente tenemos que gestionar nuestros fondos para el retiro. Esto es, entes privados a cargo de recursos públicos. Actualmente los fondos para pensión representan 13.6% del producto interno bruto de México, que se invierten en proyectos con riesgos altos como: inversiones de capital (34.6%); infraestructura (30%); inmobiliario (23%); energía (5.2%); forestal (4.1%); y servicios financieros (3.1%). Para lograr invertir los fondos públicos en estos proyectos, el gobierno ha creado mecanismos que resultan muy técnicos y difíciles de monitorear (como los certificados de capital para el desarrollo, CKDs) y que benefician al sector privado, disminuyendo el riesgo para éste, a través del que asumimos los contribuyentes sin saberlo.

Esto no es algo que suceda aisladamente en México, sino que representa una tendencia global. En los últimos años representantes de gobiernos y del sector privado han llegado a un consenso en torno a que la infraestructura constituye uno de los principales pilares para el desarrollo y el crecimiento económico global. El argumento es que la inversión en infraestructura representa una oportunidad para promover un crecimiento sustentable e incluyente. Actualmente, algunos estiman que el gasto total en infraestructura representa US$ 2-3 trillones (tdd) de dólares al año y que para cubrir necesidades de infraestructura se necesitarán unos US$ 4 tdd adicionales anuales hasta el 2030. Buena parte de este monto se pretende cubrir con grandes fondos de pensión de países como Australia, Canadá, Brasil, Estados Unidos, Holanda, Chile, por mencionar algunos.

De esta manera, la construcción de la hidroeléctrica Cerro de Oro pensaba construirse en territorio indígena y comenzaron las obras sin haber consultado y obtenido el consentimiento de los pueblos originarios; esta tendría unos impactos ambientales irreversibles; implicaba el reasentamiento de cientos de personas; y su producción energética está previamente concesionada a diversas empresas privadas, al igual que los retornos; no garantizaba el derecho a la energía, a un medioambiente sano, al agua y a la participación para decidir el desarrollo propio, por mencionar algunos impactos. Parte del financiamiento provenía de ahorros de los contribuyentes mexicanos, sin que éstos estuvieran al tanto. Asimismo, parte del financiamiento de un parque eólico en Juchitán, Oaxaca que ha sido de gran controversia, por razones similares a las mencionadas arribaproviene de los fondos de pensión holandeses, sin que las personas sepan. Y no sólo es cuestión de que se estén usando estos recursos públicos sin el conocimiento y consentimiento de los dueños en proyectos que vulneran los derechos humanos, sino que somos los contribuyentes, quienes asumimos el riesgo de este tipo de proyectos, beneficiando por completo, una vez más, a los empresarios.

El actual Programa Nacional de Infraestructura de México establece que la inversión en infraestructura es un tema estratégico y prioritario para México porque representa el medio para generar desarrollo y crecimiento económico y es la pieza clave para incrementar la competitividad. Uno de los retos del programa es el financiamiento, ya que contempla un monto total de inversión de 575 mil millones de dólares, a través de 743 proyectos. El gobierno ha proyectado que al menos un 37% de este financiamiento provenga del sector privado. Uno de los incentivos para que este último invierta en la cartera de proyectos consiste en las reformas al sistema de ahorro para el retiro.

Actualmente, persiste la necesidad de transparentar el uso de estos recursos, de tal manera que se puedan monitorear los proyectos en los que se invierte, así como informar a los contribuyentes sobre la utilización de sus recursos que obligatoriamente pagamos quincena a quincena, mes a mes y con los cuales se especula. ¿Tú tienes ahorros en fondos de pensión? ¿Sabes en qué los están invirtiendo?

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El Financiamiento al “Desarrollo” y la Desintegración de las Protecciones Socioambientales

Por Gretchen Gordon Ene 27, 2017

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Una infografía elaborado por la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo con Otros Mundos y Movimiento M4 muestra la compleja historia del financiamiento al “Desarrollo” y la Desintegración de las Protecciones Socioambientales que actualmente impacta a comunidades de todo el mundo.

En la actualidad, gobiernos y grandes bancos de desarrollo están invirtiendo billones de dólares en proyectos de infraestructura, energía y agricultura en nombre del desarrollo. Pero en vez de diseñar proyectos que cubran las necesidades y prioridades de las comunidades pobres, con demasiada frecuencia estos proyectos de desarrollo están diseñados para maximizar las ganancias corporativas. Sin protecciones fuertes que aseguren que las comunidades locales y los grupos marginados sean consultados y se respeten sus derechos humanos, los proyectos de desarrollo pueden resultar en el desalojo de las comunidades o el saqueo de sus recursos naturales.

Muchos de los grandes bancos de desarrollo cuentan con políticas de salvaguardias sociales y ambientales para asegurar que sus inversiones no causan daño. Sin embargo, con demasiada frecuencia estas políticas no se aplican. Algunos bancos se están moviendo para debilitar sus salvaguardas y confiar sólo en las leyes nacionales donde invierten. Al mismo tiempo, en todo el mundo los gobiernos están diluyendo estas protecciones sociales y ambientales, como leyes laborales y normas de licencia ambiental, en un esfuerzo para atraer a los inversores y acelerar el “desarrollo”. Los gobiernos están utilizando asociaciones público privadas para privatizar efectivamente bienes y servicios públicos. Los bancos de desarrollo están alentando e incluso facilitando este desmantelamiento de las leyes nacionales. Lo que es más, las empresas están utilizando acuerdos de libre comercio y tribunales administrados por el Banco Mundial para desafiar las leyes y reglamentos nacionales que ponen en peligro sus beneficios.

Las comunidades y los grupos de la sociedad civil han luchado duro para presionar a los gobiernos nacionales y a los bancos de desarrollo para desarrollar leyes y medidas de seguridad para proteger los derechos humanos y el ambiente. Pero ahora, cuando las comunidades luchan para defender sus derechos humanos frente a actividades de desarrollo nocivas y este desmantelamiento de las protecciones sociales y ambientales, pueden sufrir intimidaciones y represión violenta. Los gobiernos están restringiendo cada vez más el espacio para la sociedad civil para participar en los procesos de desarrollo y para tener voz en su desarrollo.

Financiamiento al “Desarrollo” cuenta la historia de 12 países que han revertido las protecciones sociales y ambientales nacionales en los últimos años con el fin de atraer la inversión. Introduce muchos de los bancos de desarrollo nacionales y multilaterales y otras instituciones financieras que no sólo están impulsando el financiamiento al desarrollo, sino también en muchos casos están facilitando un debilitamiento de los marcos reguladores alrededor del mundo. El propósito es mostrar cómo estos diferentes actores y procesos están todos conectados -cómo la construcción de mega represas en Brasil y la privatización de los servicios públicos en Túnez están conectados con el debilitamiento del derecho a la tierra en la India, el recorte de protecciones medioambientales en Sudáfrica, y la represión contra la sociedad civil en México.

Al comprender el panorama global del financiamiento al “Desarrollo” y el retroceso de las protecciones sociales y ambientales, podemos apreciar mejor cómo nuestras diferentes luchas están de hecho intrincadamente conectadas. De esta manera podemos luchar no sólo para cambiar un proyecto individual de desarrollo, sino también para producir un nuevo modelo de desarrollo -uno que responda a las necesidades y prioridades de las comunidades pobres y los grupos marginados, y que respete los derechos humanos y preserve nuestro ambiente.

La infografía está disponible para su descarga en Inglés, Español, Francés, y Portugués para imprimir en tamaño poster A2 o A3.

6 Preguntas al cumplirse un año del Banco de los BRICS

Por Gonzalo Roza Ago 23, 2016

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El 20 y 21 de julio pasados 20-21, la ciudad de Shanghai (China) fue sede de la Primera Reunión Anual del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB, por sus siglas en inglés), la institución financiera multilateral establecida en 2015 por los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) . El evento, que marcó la finalización del primer año de operaciones del Banco, incluyó reuniones del Directorio de Gobernadores y del Directorio Ejecutivo del NDB, así como un “Seminario de Alto Nivel” abierto al público.

Aunque el primer año de operaciones del Banco ha mostrado algunos aspectos positivos que reflejan su potencial para convertirse en algo “nuevo” en el financiamiento para el desarrollo, todavía existen preocupaciones significativas en cuanto a la transparencia, la participación de la sociedad civil y las salvaguardas sociales y ambientales aplicados a proyectos; y aún persisten muchas preguntas sobre cómo operará el Banco.

 ¿Qué tipo de inversiones financiará el NDB?

Durante la reunión anual, el Banco aprobó un préstamo de $ 100 millones para el Banco de Desarrollo de Eurasia (EDB, por sus siglas en inglés) y el Banco Internacional de Inversiones (IIB, por sus siglas en inglés) para un proyecto de energía a pequeña escala que implica la construcción de dos centrales hidroeléctricas con una capacidad combinada de alrededor de 50 megavatios en la región de Karelia, Rusia. Junto con los préstamos aprobados en abril, el Banco ha confirmado su primera serie de proyectos, uno en cada una de sus cinco países miembros, totalizando un monto de $ 911 millones de dólares.

Los proyectos incluyen los siguientes: un préstamo de $ 250 millones al Canara Bank de la India para 500 megavatios de proyectos de energía renovable  en la India; un préstamo de $ 81 millones para 100 megavatios de energía solar sobre cubierta en China; un préstamo de $ 300 millones al Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, BNDES, para desarrollar 600 megavatios de capacidad de energía renovable en Brasil; y un préstamo de $ 180 millones a la empresa pública de electricidad de Sudáfrica, Eskom, para la inversión en líneas de transmisión y la conexión de capacidad eléctrica renovable a la red nacional.

¿Qué reglas se aplicarán?

De acuerdo con el Banco, sus proyectos incluyen “infraestructura verde y sostenible”, pero aún no está claro cómo el Banco define estos conceptos y qué criterios ambientales o sociales el Banco tuvo en cuenta durante la selección o evaluación de los proyectos. El personal del Banco ha proporcionado información contradictoria en relación a si un marco de política social y ambiental ha sido finalizado. Dicha política no se ha hecho pública. Los funcionarios del Banco han indicado una preferencia por la confianza en los sistemas legales y reglamentarios nacionales de los países miembros del NDB y confianza en que estas normas están bien desarrolladas. Esto es preocupante, dado que en muchas áreas los sistemas nacionales de los países BRICS – ya sea en la ley o en la práctica – no proporcionan una protección adecuada para las personas y el medio ambiente.

El NDB sí anunció la aprobación de una Política de Divulgación de Información Provisional. Dicho instrumento será esencial no sólo para tener acceso a las políticas operativas del Banco, sino también para asegurar que las comunidades y el público en general tengan acceso a la información sobre los proyectos financiados por el NDB. Desafortunadamente, aún no es posible saber si la política de divulgación del Banco será adecuado para este fin, ya que aún no ha sido publicada.

¿Dónde prestará el Banco?

BRICS-BANK-SanghaiHasta ahora, el NDB solo ha financiado proyectos dentro de los cinco países BRICS. En la reunión en Shanghai, sin embargo, los funcionarios identificaron que el Banco avanzará con la incorporación de nuevos miembros. De acuerdo al vicepresidente brasileño del NDB, Paulo Nogueira Batista, ahora que el Banco está establecido, debería ampliar su membresía con el fin de atraer la más alta calificación de crédito posible y reforzar su legitimidad. Por lo tanto, se espera que nuevos miembros se incorporen hacia 2018, orientándose principalmente hacia grandes economías emergentes como México o Indonesia.

De acuerdo con Leslie Maasdorp, vicepresidente de Sudáfrica del NDB, el Banco podría prestar para proyectos fuera de sus países miembros, siempre y cuando dichos proyectos de alguna manera beneficien a los países miembros. Este criterio de préstamo resulta poco claro. También hace cuestionar el argumento del Banco de que no necesita una fuerte política de salvaguardias ambientales y sociales, ya que puede depender de lo que afirma son sistemas legales y regulatorios fuertes dentro de las naciones BRICS.

¿A quién prestará el Banco?

Hasta el momento el NDB se ha centrado en los préstamos con respaldo soberano dentro de los países BRICS, es decir, en préstamos a bancos nacionales de desarrollo o a otros bancos públicos. En Shanghai, sin embargo, los Directores del NDB Luis Antonio Balduino Carneiro, Secretario de  Relaciones Internacionales de Brasil, y Sergei Storchak, Viceministro de Finanzas de Rusia, resaltaron la importancia de aprovechar la financiación del sector privado a través de préstamos directos al sector privado, así como a las Asociaciones Público-Privadas (APP). Esto nuevamente plantea la cuestión de qué normas se aplicarán a este nuevo financiamiento al sector privado.

 ¿Qué hay de la sociedad civil?

A pesar de la intención declarada del Banco de convertirse en una institución verde con un nuevo modelo de desarrollo, una crítica planteada por muchos grupos es la falta de un relacionamiento adecuado e institucional con la sociedad civil. Por ejemplo, muchos grupos señalaron la falta de accesibilidad de la reunión anual, citando un plazo de registro de menos de una semana, la falta de notificación, y la denegación de registro para algunos participantes. La participación de la sociedad civil se limitó a dos paneles de discusión durante el Seminario de Alto Nivel, sólo uno de los cuales fue sobre el NDB. No hubo oradores de la sociedad civil en el evento.

Más importante aún, tal como lo han planteado continuamente diversos grupos, el Banco adolece de una ausencia crítica de transparencia y no tiene provisiones para una articulación significativa con la sociedad civil. Si bien parece que se han establecido políticas sociales y medioambientales, no ha habido ningún tipo de consulta con la sociedad civil sobre estas políticas.

NDB-Business-Card_960x480La razón dada por los funcionarios del Banco en Shanghai por la falta de compromiso con la sociedad civil es que la Institución es nueva y tiene una estructura pequeña, con limitaciones de personal. Sin embargo, esta alegada falta de capacidad institucional no es una justificación válida para la ausencia de relacionamiento con la sociedad civil, especialmente si el Banco ya está financiando proyectos y con intenciones de ampliar su membresía y su relación con otras partes interesadas, como el sector privado.

Si el Banco busca realmente un nuevo modelo de desarrollo, debe promover un relacionamiento efectivo y adecuado con la sociedad civil. La participación significativa y escuchar a las partes interesadas, especialmente a las comunidades afectadas por los proyectos del NDB, es un prerrequisito para el desarrollo efectivo.

 ¿Qué sigue?

mygov_14479297061312125Grupos de la sociedad civil de los países BRICS están preparándose actualmente para llevar estas y otras inquietudes al siguiente Foro Civil de los BRICS a ser realizado el 2 y 4 de  Octubre en Nueva Delhi, India. Los organizadores del Foro Civil de los BRICS, que reunirá a organizaciones de la sociedad civil de los países BRICS, tienen la intención de hacer un impacto en la 8ª Cumbre oficial de los BRICS, que reunirá a los jefes de Estado de los países BRICS el 15 y 16 de Octubre en la ciudad de Goa, India. Grupos de la sociedad civil también buscan organizar una Cumbre de los Pueblos más comunitaria de manera paralela a la cumbre oficial.

Los eventos que rodean a la Cumbre BRICS representan una buena oportunidad no sólo para las OSC y otras partes interesadas para influir en las agendas del NDB y los BRICS; sino también para el Banco, de promover un relacionamiento y compromiso más transparente e institucionalizado con la sociedad civil y empezar a abordar las muchas preocupaciones que el primer año de operaciones del NDB ha levantado.

 

Gonzalo Roza coordina el Área de Gobernabilidad Global de Fundeps (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables – Argentina) y el Grupo de Trabajo sobre el NDB de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, una coalición global de movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, y grupos de base que trabajan para asegurar que todas las instituciones financieras de desarrollo respeten los derechos humanos.

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Entrevista a Mariana González Armijo

Por cfhrid Nov 24, 2015

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Diagnóstico sobre la transparencia de los préstamos para el desarrollo by Fundar, Centro de Análisis e Investigación

Todos los años, los países reciben y gastan más de US$100.000 millones en préstamos y subvenciones de bancos de desarrollo como el Banco Mundial. Estas inversiones se destinan a una amplia gama de actividades, desde proyectos de infraestructura, servicios sociales o reformas políticas. Esta financiación al desarrollo puede tener un impacto crucial en el disfrute de los derechos humanos en el país que la recibe, tanto positivo como negativo. Pero, ¿cómo se toman estas importantes decisiones sobre la financiación del desarrollo? Decisiones como qué préstamos asumir, a qué sectores de la economía dar prioridad o cómo será diseñado o implementado un proyecto de desarrollo concreto. En gran parte del mundo, estas decisiones son tomadas a puerta cerrada, con muy poca o ninguna participación del público ni rendición de cuentas.

Este blog forma parte de una serie que destaca el trabajo que miembros de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo están desempeñando para cambiar la manera en que son tomadas estas decisiones dentro de cada país y para asegurar que el proceso de desarrollo sea transparente, participativo, responsable y respetuoso con los derechos humanos.

Hablamos con Mariana González Armijo, investigadora de Transparencia y Rendición de Cuentas en Fundar, una organización con sede en México que trabaja para transformar las relaciones de poder entre la sociedad y el gobierno, con el fin de fomentar una sociedad que sea justa, participativa y respetuosa con los derechos humanos de las personas.

P: ¿Qué cambio le gustaría ver en cómo México aborda la financiación al desarrollo?

R: Nuestro principal objetivo es garantizar normas rigurosas en la transparencia, para garantizar que dentro de la financiación al desarrollo se respeten los derechos humanos, y para que sea más claro lo que nuestro gobierno está haciendo en nombre del desarrollo con todos los recursos que desembolsa. Esto es importante ya que en muchos casos los proyectos de desarrollo terminan aumentando la desigualdad y no logran los resultados que habían prometido en primer lugar.

P: ¿Cuál es su estrategia?

R: En primer lugar, hemos estado trabajando en una evaluación que pone en evidencia la falta de transparencia que rodea a los préstamos de desarrollo que México acepta. México es uno de los principales clientes del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, con el 9,2% y el 18,83% de sus carteras globales, respectivamente. La mayoría de las veces, cuando los fondos de los bancos de desarrollo entran en México, son integrados al presupuesto federal, así que no hay manera de rastrearlos. Un paso para garantizar que el dinero no vaya a un proyecto que viole los derechos humanos es hacer que los préstamos sean transparentes.

Además, hemos trabajado en una estrategia con otras organizaciones de la sociedad civil para aumentar la transparencia en la financiación en el ámbito del cambio climático. Muchos préstamos de las instituciones financieras internacionales están siendo destinados al cambio climático, pero no hay detalles sobre los documentos presupuestarios nacionales que indiquen de dónde viene el dinero. Si conseguimos esta transparencia en torno a los proyectos climáticos, es posible que podamos extenderla a otros sectores.

A un nivel más general, analizamos las políticas públicas y mejoramos los marcos normativos a nivel nacional relacionados con la implementación de proyectos de desarrollo. Por ejemplo, las normas relativas a la reforma energética, las asociaciones público-privadas y las evaluaciones ambientales tienen un impacto enorme en los proyectos de desarrollo implementados en México.

Por último, hacemos investigación sobre proyectos específicos de desarrollo, trabajando con las comunidades para mejorar su capacidad de defender sus territorios y derechos, proporcionando asistencia técnica y utilizando el litigio estratégico a nivel nacional.

P: ¿Por qué es importante este trabajo?

R: El derecho a la información es necesario para garantizar la realización de otros derechos. Cuando una comunidad tiene información sobre los proyectos que se van a implementar en su territorio, puede decidir si quiere ser consultada o participar en los proyectos que la vayan a afectar. La participación es importante porque puede garantizar el derecho a la consulta y el consentimiento.

Mariana González Armijo

Mariana González Armijo, investigadora de Transparencia y Rendición de Cuentas en Fundar

P: ¿Ha conseguido algo interactuando con su Parlamento o Ministerio de Finanzas u otros ministerios de cara a las decisiones sobre financiamiento del desarrollo?

R: Este ha sido uno de nuestros principales desafíos. Una estrategia que tenemos es hablar directamente con el Ministerio de Finanzas. Otra estrategia consiste en abogar por los cambios desde la Ley de Ingresos de la Federación. La Ley de Ingresos de la Federación de México es el instrumento que fija el límite máximo para la deuda externa, incluidos los préstamos de las instituciones financieras internacionales. Así que hemos tratado de incluir un artículo en esa ley que obligue al gobierno a proporcionar detalles sobre la procedencia del dinero, en qué proyectos específicos se utilizará y quién será responsable de la ejecución de cada proyecto.

P: ¿Cuáles son los mayores desafíos que afronta en esta clase de trabajo?

 R: Uno de los desafíos es el hecho de que la financiación para el desarrollo sea un tema tan técnico, por lo que puede ser difícil de comunicar y transmitir a otros socios. Tenemos que establecer el vínculo entre la financiación al desarrollo y otros programas, tales como la salud y las mujeres, desde una perspectiva de derechos humanos. Si conseguimos establecer estos vínculos fundamentales, será más fácil tener un impacto más fuerte.

P: ¿Cuáles son los siguientes pasos en su trabajo?

R: En septiembre presentamos nuestro informe Diagnóstico sobre la transparencia de los préstamos para el desarrollo en México. Este estudio trata de clarificar el marco legal que gobierna el flujo y la ejecución de los préstamos al desarrollo en México, el tipo de información disponible sobre estos préstamos y qué información es proporcionada, en caso de ser solicitada, por el gobierno de México. Fue asombroso descubrir gracias a esta evaluación que contamos con un marco realmente fuerte a nivel constitucional sobre la financiación para el desarrollo, pero que el gobierno simplemente no está cumpliendo con él. El análisis pone en evidencia la falta de transparencia en los préstamos al desarrollo y nos ayudará a abogar por un mecanismo específico a nivel nacional para permitir que los ciudadanos puedan hacer un seguimiento de los fondos provenientes de las instituciones financieras internacionales.

Puede ponerse en contacto con Mariana escribiendo a: mgonzalez@fundar.org.mx.

* Las respuestas pueden no ser citas exactas.

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Cuestionando el financiamiento del desarrollo

Por Preksha Kumar Oct 06, 2015

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Es probable que ahora mismo su gobierno esté tomando importantes decisiones sobre cuestiones de financiamiento de desarrollo. Ya sea el establecimiento de nuevas instituciones como el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS o el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, el desarrollo de políticas como la revisión de las salvaguardias del Banco Mundial o la fijación de prioridades para sus bancos nacionales de desarrollo, los gobiernos están tomando decisiones que tendrán un impacto sobre cómo se diseñarán e implementarán las actividades de desarrollo, y si éstas realmente beneficiarán a las comunidades y el medio ambiente o si, por el contrario, causarán daños y aumentarán la pobreza.

Para asistir a grupos de la sociedad civil a investigar cómo sus gobiernos toman decisiones sobre el financiamiento del desarrollo y a asegurarse de que estos procesos son abiertos, responsables y respetuosos con los derechos humanos, la Coalición Bank on Human Rights elaboró las siguientes Preguntas para su gobierno. Asunto: Derechos Humanos y Desarrollo.

Se puede adaptar el cuestionario para usarlo en sus campañas. Por favor comparta las respuestas que reciba, y avisarnos si tengan sugerencias para mejorarlos. ¡Gracias por todo su esfuerzo!