Participación de las comunidades

Las comunidades deben ser quienes lleven las riendas cuando se trata de los procesos de desarrollo. Desafortunadamente, con demasiada frecuencia, las comunidades se ven excluidas de las decisiones de desarrollo y se ven obligadas a soportar los costos de unas intervenciones que no responden a sus necesidades ni prioridades de desarrollo. A través de nuestras Alianzas Comunitarias, la Coalición fomenta la creación de relaciones entre los miembros globales de la Coalición y las comunidades que enfrentan problemas de derechos humanos relacionados con el desarrollo. Juntos intercambiamos información estratégica y recursos, fortalecemos nuestras capacidades y participamos en acciones colectivas para defender los derechos humanos y promover un desarrollo liderado por la comunidad. 

Defendiendo los derechos a las tierras indígenas en medio del desarrollo geotermal del Valle del Rift en Kenia

Miembros de la comunidad discuten opciones de incidencia

El Grupo de Desarrollo de la Comunidad de Narasha está trabajando con comunidades indígenas Maasai que viven en el área de Olkaria del Valle del Rift de Kenia y que fueron reasentadas para dar paso al desarrollo geotérmico. Las comunidades presentaron denuncias ante los mecanismos de rendición de cuentas del Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones sobre su financiación del Proyecto de Expansión de la Electricidad de Kenia y por las resultantes políticas y violaciones de los derechos humanos. El proyecto implicó el reasentamiento de cuatro aldeas Maasai sin consulta previa, libre e informada. El Panel de Inspección del Banco Mundial concluyó que se causaron daños a aproximadamente 1.170 personas afectadas por el reasentamiento. Estas familias fueron trasladadas a viviendas culturalmente inadecuadas, en tierras que no eran aptas para el pastoreo, que es la base de su cultura y su economía. Su industria turística fue devastada, y todavía están luchando por el acceso al agua y la distribución de beneficios. El proyecto forma parte de un complejo de pozos geotérmicos y líneas de transmisión conexas, así como parques industriales con inversionistas que van desde la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA, por sus siglas en inglés) hasta el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Alemán de Desarrollo (KFW, por sus siglas en alemán). Las inversiones están aumentando la presión sobre las tierras Maasai y el potencial de futuros desalojos. A través de la Coalición, el Grupo de Desarrollo Comunitario de Narasha está trabajando junto con la Organización de Desarrollo Integrado de Pastoreros Mainyoito (MPIDO) y CEE Bankwatch para exponer las preocupaciones de la comunidad ante los responsables de la toma de decisiones de los bancos inversionistas y abogar por el cumplimiento de las políticas de los bancos y el respeto de los derechos humanos.   Para más información, consulte aquí. Contacto de la organización: Grupo de Desarrollo de la Comunidad de Narasha

 Protegiendo los derechos de los pueblos indígenas a la consulta en Chittagong Hill Tracts, en Bangladesh

Consulta comunitaria sobre los impactos del proyecto de transporte

La región de Chittagong Hill Tracts de Bangladesh, que limita con la India, alberga a 11 grupos indígenas, con aproximadamente 500.000 habitantes. En febrero de 2014, el Banco Mundial aprobó un proyecto de Estudios de Facilitación del Comercio y el Transporte de US$5 millones para planificar el diseño y las rutas de un proyecto de desarrollo de carreteras y puertos. Si bien el proyecto planteaba serios riesgos para los derechos de los pueblos indígenas a la tierra y la cohesión social, así como efectos adversos para los recursos forestales y los lugares culturales, los pueblos indígenas no fueron informados sobre el proyecto y su liderazgo tradicional y político quedó excluido de las consultas. Con el apoyo de la Coalición a través del Pacto de Pueblos Indígenas de Asia (AIPP, por sus siglas en inglés), que trabaja con pueblos indígenas en Bangladesh, los grupos indígenas locales celebraron tres consultas comunitarias, realizaron su propia evaluación de impacto del proyecto propuesto, desarrollaron un informe de la situación, presentaron una denuncia ante el Panel de Inspección del Banco Mundial destacando la violación del Banco de su obligación de respetar el consentimiento libre, previo e informado, y llevó a cabo labores de incidencia dirigida a la administración del Banco. En octubre de 2016, el Banco anunció su desaprobación de los estudios de viabilidad y que no proseguirá con la futura financiación del proyecto, dada la ausencia de consultas adecuadas y otros problemas graves.   Para más información, consulte aquí. Contacto de la organización: Pacto de Pueblos Indígenas de Asia (AIPP)

 Investigación dirigida por la comunidad y acceso a la información en Malawi

Aldeanos participan en el proceso de encuesta

En abril de 2016, Citizens For Justice Malawi, en colaboración con International Accountability Project y con el apoyo de la Coalición, trabajó a través del Sistema de Alerta Temprana para informar a las comunidades en el oeste de Malawi acerca de un proyecto de agua de $71 millones financiado por el Banco Mundial. Se prevé que la construcción de la Represa Multipropósito Diamphwe en el río Diampwhe y la infraestructura asociada afecte directamente a 6.015 personas en los distritos de Dedza y Lilongwe, incluyendo el reasentamiento. Citizens for Justice facilitó reuniones de divulgación y llevó a cabo una encuesta dirigida por la comunidad entre aproximadamente 700 miembros de la comunidad de 28 áreas de la aldea. Las conclusiones preliminares de las reuniones de alcance y los resultados de las encuestas mostraron preocupación por la falta de acceso a la información y consultas significativas, así como graves fallas en el plan de reasentamiento. Después de un diálogo constante con los funcionarios del Banco en Malawi y Washington DC, el calendario para la consideración por parte de la junta del Banco Mundial se retrasó durante nueve meses, hasta marzo de 2017, para dar tiempo a evaluar las preocupaciones de las comunidades y reconsiderar el plan de reasentamiento.   Para más información, consulte aquí. Contacto de la organización: Citizens For Justice

 Exigiendo la rendición de cuentas por los desalojos forzosos en Nigeria

Líder de la comunidad lleva su caso al Banco Mundial

Justice and Empowerment Initiatives (JEI) apoya a comunidades que fueron desalojadas forzosamente debido a un proyecto de urbanización financiado por el Banco Mundial en Badia East, Nigeria en 2012 y 2013. Se esperaba que el Proyecto de Desarrollo y Gobernabilidad del Área Metropolitana de Lagos aumentara el acceso sostenible a servicios urbanos básicos a través de inversiones en infraestructura esencial. En lugar de ello, las comunidades que supuestamente debían beneficiarse del proyecto fueron desplazadas en dos desalojos forzosos distintos, sin previo aviso ni consulta, sin reasentamiento ni una compensación adecuada. Más de 10.000 personas fueron desalojadas por la fuerza. Las comunidades presentaron una queja ante el mecanismo de rendición de cuentas del Banco Mundial, pero no recibieron ninguna reparación. Actualmente, muchos de los miembros de la comunidad siguen sin hogar. Con el apoyo de la Coalición, JEI trabajó mediante un modelo de asistentes jurídicos comunitarios para educar a los miembros de la comunidad sobre sus derechos y las vías de incidencia disponibles. Las personas desalojadas produjeron un video para influir en la revisión de las políticas de salvaguardias del Banco Mundial y un líder de la comunidad viajó a Washington para presionar a favor de una reparación para aquellos que se vieron perjudicados. Las comunidades ahora están trabajando para prevenir futuros desalojos en el estado de Lagos y en el resto de Nigeria.   Para más información, consulte aquí. Contacto de la organización: Justice and Empowerment Initiatives (JEI) 

 Protegiendo el medio ambiente y a las comunidades pesqueras en Senegal

Mujeres procesadoras de pescado serán desplazadas por planta de energía

Lumière Synergie pour le Développement (LSD) apoya a las comunidades pesqueras de Bargny, en Senegal, que luchan contra la Central de Carbón de Sendou, financiada por el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), el Banco Holandés de Desarrollo (FMO) y el Banco de Desarrollo del África Occidental (BOAD). La planta energética presenta una amenaza para la salud de las comunidades circundantes, aproximadamente unas 36.000 personas, y sería devastadora para la economía pesquera local, especialmente las mujeres procesadoras de pescado. Los ejecutores del proyecto no consultaron adecuadamente a las comunidades ni hicieron planes para asegurar los derechos de tenencia de la tierra y proporcionar un reasentamiento adecuado y restauración de los medios de subsistencia. Con el apoyo de LSD y junto con BothENDS, una organización local de defensa medioambiental local, Takkom Jerry presentó una queja ante los mecanismos de rendición de cuentas de los diferentes bancos de desarrollo. La Coalición está apoyando a LSD a desarrollar las capacidades de las comunidades para que puedan unificar sus preocupaciones y participar más efectivamente en la mediación y la incidencia dirigida a los inversionistas y su gobierno.   Para más información, consulte aquí y aquí. Contacto de la organización: Lumière Synergie pour le Développement (LSD)

Desarrollando capacidad comunitaria para combatir las mega represas en la República Democrática del Congo 

Comunidades afectadas por Inga 3

Actions pour les Droits, l’Environnement et la Vie (Action for Rights, the Environment and for Life) (ADEV) está trabajando con las comunidades que se verían afectadas por un gran complejo hidroeléctrico en el río Congo. La presa de Inga 3 desplazaría a 35.000 personas y tendría consecuencias para los recursos hídricos, las fuentes de alimento y los medios de subsistencia de muchísimas más. Al mismo tiempo, la electricidad generada por el proyecto serviría a la industria minera y no al 90 por ciento de los congoleses que carecen de acceso a la electricidad. Inga 3 es sólo un componente del proyecto mucho más grande de la presa de Grand Inga. Si bien el Banco Mundial retiró su apoyo al proyecto en 2016 debido a la ausencia de un estudio de impacto ambiental, el Banco Africano de Desarrollo sigue proporcionando financiación y el Banco Europeo de Inversiones también está considerando invertir. La Coalición e International Rivers están apoyando el trabajo de ADEV con la organización local, Convergence pour les Droits et Intérêts des Communautés locales d’Inga (CODICLI), para desarrollar la capacidad de siete aldeas y que puedan participar en el monitoreo comunitario de impactos sociales y ambientales y hacer incidencia dirigida a los responsables de la toma de decisiones pertinentes dentro de los bancos y el gobierno congoleño.   Para más información, consulte aquí aquí. Contacto de la organización: Actions pour les Droits, l’Environnement et la Vie (Action for Rights, the Environment and for Life) (ADEV)

Amplificando las preocupaciones comunitarias sobre el desarrollo de la energía hidráulica en el este de Camerún

RECODH comparte resultados de investigación sobre derechos humanos

Réseau Camerounais des Organisations des Droits de l’Homme (RECODH), por sus siglas en francés), trabaja con las comunidades afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico de Lom Pangar, financiado por el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones, la Agencia Francesa para el Desarrollo y el Banco Africano de Desarrollo. La represa y sus ocho proyectos asociados, incluyendo carreteras y líneas de transmisión, implica el reasentamiento de más de 500 hogares y afectará a 17 comunidades diferentes. A estas familias, que se dedican principalmente a la agricultura y la minería artesanal, les están arrebatando sus tierras y sus medios de vida sin una consulta significativa o una compensación justa. RECODH llevó a cabo evaluaciones de impacto y descubrió problemas de discriminación, abusos laborales, compensación inadecuada para aquellos que fueron reasentados, daños ambientales, amenazas e intimidación. La Coalición está apoyando a RECODH para desarrollar la capacidad de las comunidades afectadas y exponer sus preocupaciones ante los responsables de la toma de decisiones de los bancos de financiamiento antes de que comience la próxima fase de construcción.   Para más información, consulte aquí.