Nuestros ahorros para el retiro financiando proyectos violatorios de derechos humanos

Por Mariana González Mar 14, 2017

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Originalmente publicado en Relatos Anifbios: Historias de Derechos Humanos desde el Sur GlobalMarzo 01 de 2017.

Todos los meses descuentan de mi pago quincenal un porcentaje obligatorio para el fondo para el retiro, el cual es parte de la seguridad social laboral en México. Lo mismo sucede con los 21 millones de personas económicamente activas y con prestaciones sociales, pues en México cerca del 58% de la población ocupada (28.7 millones) trabaja en lugares que eluden el registro ante la seguridad social, es decir, no tienen ningún tipo de prestación para garantizar la salud, asistencia médica y para asegurar los medios de subsistencia, entre otros.

A pesar de que no toda la población económicamente activa del país participa en el ahorro para las pensiones, estamos hablando de una gran cantidad de dinero público que hasta hace un par de décadas gestionaba el Estado. Hoy, tras una serie de reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, este dinero pasó de ser administrado por entes públicos a privados y se está usando para financiar proyectos de infraestructura como carreteras, hidroeléctricas y proyectos energéticos mencionar algunos; que ponen en riesgo los ahorros invertidos, sin que los contribuyentes estemos al tanto por un lado, y, por otro, que en muchas ocasiones – por no decir todas – vulneran los derechos humanos y aumentan la brecha de desigualdad en el país. Por ejemplo, el proyecto de conversión a hidroeléctrica de la presa Cerro de Oro en el estado de Oaxaca usaría ahorros para el retiro sin que los contribuyentes tengamos mecanismos para conocer en qué tipo de proyectos se están invirtiendo nuestro dinero y cuáles son sus impactos, además de que el proyecto implicaba severos impactos al territorio y violaciones a los derechos de las comunidades chinantecas y mestizas de la región.

A finales de la década de los ochenta, el sistema de pensiones de México estaba a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y tenía un esquema más garantista de reparto y beneficios definidos. Sin embargo, a principios de los años noventa, la proporción de trabajadores activos con respecto a los retirados disminuyó considerablemente, entre otras cosas, por el incremento en la esperanza de vida y la disminución de la tasa de natalidad. Esta fue la excusa perfecta para que el país comenzara los ajustes conforme a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y transformara los fondos de pensión en una herramienta para mercados financieros y en una fuente permanente de capital a largo plazo.

Así, a lo largo de los últimos años se han realizado diversas reformas para cambiar el esquema del sistema de pensiones, relajar las restricciones a la inversión de estos fondos, permitiendo que se inviertan más en instrumentos que benefician al sector privado y que sean administrados por éste último a través de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), las instituciones financieras privadas en México que administran fondos de retiro y a través de las cuales todas las personas obligatoriamente tenemos que gestionar nuestros fondos para el retiro. Esto es, entes privados a cargo de recursos públicos. Actualmente los fondos para pensión representan 13.6% del producto interno bruto de México, que se invierten en proyectos con riesgos altos como: inversiones de capital (34.6%); infraestructura (30%); inmobiliario (23%); energía (5.2%); forestal (4.1%); y servicios financieros (3.1%). Para lograr invertir los fondos públicos en estos proyectos, el gobierno ha creado mecanismos que resultan muy técnicos y difíciles de monitorear (como los certificados de capital para el desarrollo, CKDs) y que benefician al sector privado, disminuyendo el riesgo para éste, a través del que asumimos los contribuyentes sin saberlo.

Esto no es algo que suceda aisladamente en México, sino que representa una tendencia global. En los últimos años representantes de gobiernos y del sector privado han llegado a un consenso en torno a que la infraestructura constituye uno de los principales pilares para el desarrollo y el crecimiento económico global. El argumento es que la inversión en infraestructura representa una oportunidad para promover un crecimiento sustentable e incluyente. Actualmente, algunos estiman que el gasto total en infraestructura representa US$ 2-3 trillones (tdd) de dólares al año y que para cubrir necesidades de infraestructura se necesitarán unos US$ 4 tdd adicionales anuales hasta el 2030. Buena parte de este monto se pretende cubrir con grandes fondos de pensión de países como Australia, Canadá, Brasil, Estados Unidos, Holanda, Chile, por mencionar algunos.

De esta manera, la construcción de la hidroeléctrica Cerro de Oro pensaba construirse en territorio indígena y comenzaron las obras sin haber consultado y obtenido el consentimiento de los pueblos originarios; esta tendría unos impactos ambientales irreversibles; implicaba el reasentamiento de cientos de personas; y su producción energética está previamente concesionada a diversas empresas privadas, al igual que los retornos; no garantizaba el derecho a la energía, a un medioambiente sano, al agua y a la participación para decidir el desarrollo propio, por mencionar algunos impactos. Parte del financiamiento provenía de ahorros de los contribuyentes mexicanos, sin que éstos estuvieran al tanto. Asimismo, parte del financiamiento de un parque eólico en Juchitán, Oaxaca que ha sido de gran controversia, por razones similares a las mencionadas arribaproviene de los fondos de pensión holandeses, sin que las personas sepan. Y no sólo es cuestión de que se estén usando estos recursos públicos sin el conocimiento y consentimiento de los dueños en proyectos que vulneran los derechos humanos, sino que somos los contribuyentes, quienes asumimos el riesgo de este tipo de proyectos, beneficiando por completo, una vez más, a los empresarios.

El actual Programa Nacional de Infraestructura de México establece que la inversión en infraestructura es un tema estratégico y prioritario para México porque representa el medio para generar desarrollo y crecimiento económico y es la pieza clave para incrementar la competitividad. Uno de los retos del programa es el financiamiento, ya que contempla un monto total de inversión de 575 mil millones de dólares, a través de 743 proyectos. El gobierno ha proyectado que al menos un 37% de este financiamiento provenga del sector privado. Uno de los incentivos para que este último invierta en la cartera de proyectos consiste en las reformas al sistema de ahorro para el retiro.

Actualmente, persiste la necesidad de transparentar el uso de estos recursos, de tal manera que se puedan monitorear los proyectos en los que se invierte, así como informar a los contribuyentes sobre la utilización de sus recursos que obligatoriamente pagamos quincena a quincena, mes a mes y con los cuales se especula. ¿Tú tienes ahorros en fondos de pensión? ¿Sabes en qué los están invirtiendo?

Etiquetas
  • México
Acerca del Autor:
Mariana González
Mariana is a researcher at Fundar, Centro de Análisis e Investigación (a Mexico-based civil society organization), where she is in charge of the project Transparency and Accountability in International Financing Institutions. This project seeks to create greater transparency surrounding international financing loans both in terms of expenditure and the impacts from a human rights perspective. Mariana has a Master’s degree in Sustainability Sciences from Lund University, Sweden and a B.S. in Industrial Engineering from Universidad Iberoamericana in Puebla, Mexico. Her research focuses on issues related to development, human rights, participation, transparency, accountability and foreign help dependency.
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