Todos los años, los países reciben y gastan más de US$100.000 millones en préstamos y subvenciones de bancos de desarrollo como el Banco Mundial. Estas inversiones se destinan a una amplia gama de actividades, desde proyectos de infraestructura, servicios sociales o reformas políticas. Esta financiación al desarrollo puede tener un impacto crucial en el disfrute de los derechos humanos en el país que la recibe, tanto positivo como negativo. Pero, ¿cómo se toman estas importantes decisiones sobre la financiación del desarrollo? Decisiones como qué préstamos asumir, a qué sectores de la economía dar prioridad o cómo será diseñado o implementado un proyecto de desarrollo concreto. En gran parte del mundo, estas decisiones son tomadas a puerta cerrada, con muy poca o ninguna participación del público ni rendición de cuentas.

Este blog forma parte de una serie que destaca el trabajo que miembros de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo están desempeñando para cambiar la manera en que son tomadas estas decisiones dentro de cada país y para asegurar que el proceso de desarrollo sea transparente, participativo, responsable y respetuoso con los derechos humanos.

Hablamos con Mariana González Armijo, investigadora de Transparencia y Rendición de Cuentas en Fundar, una organización con sede en México que trabaja para transformar las relaciones de poder entre la sociedad y el gobierno, con el fin de fomentar una sociedad que sea justa, participativa y respetuosa con los derechos humanos de las personas.

P: ¿Qué cambio le gustaría ver en cómo México aborda la financiación al desarrollo?

R: Nuestro principal objetivo es garantizar normas rigurosas en la transparencia, para garantizar que dentro de la financiación al desarrollo se respeten los derechos humanos, y para que sea más claro lo que nuestro gobierno está haciendo en nombre del desarrollo con todos los recursos que desembolsa. Esto es importante ya que en muchos casos los proyectos de desarrollo terminan aumentando la desigualdad y no logran los resultados que habían prometido en primer lugar.

P: ¿Cuál es su estrategia?

R: En primer lugar, hemos estado trabajando en una evaluación que pone en evidencia la falta de transparencia que rodea a los préstamos de desarrollo que México acepta. México es uno de los principales clientes del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, con el 9,2% y el 18,83% de sus carteras globales, respectivamente. La mayoría de las veces, cuando los fondos de los bancos de desarrollo entran en México, son integrados al presupuesto federal, así que no hay manera de rastrearlos. Un paso para garantizar que el dinero no vaya a un proyecto que viole los derechos humanos es hacer que los préstamos sean transparentes.

Además, hemos trabajado en una estrategia con otras organizaciones de la sociedad civil para aumentar la transparencia en la financiación en el ámbito del cambio climático. Muchos préstamos de las instituciones financieras internacionales están siendo destinados al cambio climático, pero no hay detalles sobre los documentos presupuestarios nacionales que indiquen de dónde viene el dinero. Si conseguimos esta transparencia en torno a los proyectos climáticos, es posible que podamos extenderla a otros sectores.

A un nivel más general, analizamos las políticas públicas y mejoramos los marcos normativos a nivel nacional relacionados con la implementación de proyectos de desarrollo. Por ejemplo, las normas relativas a la reforma energética, las asociaciones público-privadas y las evaluaciones ambientales tienen un impacto enorme en los proyectos de desarrollo implementados en México.

Por último, hacemos investigación sobre proyectos específicos de desarrollo, trabajando con las comunidades para mejorar su capacidad de defender sus territorios y derechos, proporcionando asistencia técnica y utilizando el litigio estratégico a nivel nacional.

P: ¿Por qué es importante este trabajo?

R: El derecho a la información es necesario para garantizar la realización de otros derechos. Cuando una comunidad tiene información sobre los proyectos que se van a implementar en su territorio, puede decidir si quiere ser consultada o participar en los proyectos que la vayan a afectar. La participación es importante porque puede garantizar el derecho a la consulta y el consentimiento.

Mariana González Armijo, investigadora de Transparencia y Rendición de Cuentas en Fundar

P: ¿Ha conseguido algo interactuando con su Parlamento o Ministerio de Finanzas u otros ministerios de cara a las decisiones sobre financiamiento del desarrollo?

R: Este ha sido uno de nuestros principales desafíos. Una estrategia que tenemos es hablar directamente con el Ministerio de Finanzas. Otra estrategia consiste en abogar por los cambios desde la Ley de Ingresos de la Federación. La Ley de Ingresos de la Federación de México es el instrumento que fija el límite máximo para la deuda externa, incluidos los préstamos de las instituciones financieras internacionales. Así que hemos tratado de incluir un artículo en esa ley que obligue al gobierno a proporcionar detalles sobre la procedencia del dinero, en qué proyectos específicos se utilizará y quién será responsable de la ejecución de cada proyecto.

P: ¿Cuáles son los mayores desafíos que afronta en esta clase de trabajo?

 R: Uno de los desafíos es el hecho de que la financiación para el desarrollo sea un tema tan técnico, por lo que puede ser difícil de comunicar y transmitir a otros socios. Tenemos que establecer el vínculo entre la financiación al desarrollo y otros programas, tales como la salud y las mujeres, desde una perspectiva de derechos humanos. Si conseguimos establecer estos vínculos fundamentales, será más fácil tener un impacto más fuerte.

P: ¿Cuáles son los siguientes pasos en su trabajo?

R: En septiembre presentamos nuestro informe Diagnóstico sobre la transparencia de los préstamos para el desarrollo en México. Este estudio trata de clarificar el marco legal que gobierna el flujo y la ejecución de los préstamos al desarrollo en México, el tipo de información disponible sobre estos préstamos y qué información es proporcionada, en caso de ser solicitada, por el gobierno de México. Fue asombroso descubrir gracias a esta evaluación que contamos con un marco realmente fuerte a nivel constitucional sobre la financiación para el desarrollo, pero que el gobierno simplemente no está cumpliendo con él. El análisis pone en evidencia la falta de transparencia en los préstamos al desarrollo y nos ayudará a abogar por un mecanismo específico a nivel nacional para permitir que los ciudadanos puedan hacer un seguimiento de los fondos provenientes de las instituciones financieras internacionales.

Puede ponerse en contacto con Mariana escribiendo a: mgonzalez@fundar.org.mx.

* Las respuestas pueden no ser citas exactas.