Las comunidades de la ciudad de Tambores y de los pueblos cercanos, en el norte de Uruguay, nunca habían tenido que preocuparse por la falta de agua. Su territorio cuenta con el Acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce del planeta, compartida por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Sin embargo, un proyecto a gran escala destinado a producir toneladas de e-metanol e hidrógeno verde para exportar energía a Europa ahora amenaza uno de los bienes más preciados de Tambores.
“Este territorio se convertirá en un desierto, mientras en Europa compran una buena conciencia consumiendo energías que llaman verdes. Eso es neocolonialismo”, afirma una de las activistas que lidera la resistencia contra el Proyecto Tambor.
Desde Chile hasta Uruguay, el hidrógeno verde se promociona como la “varita mágica” capaz de resolver a la vez la crisis energética, la transición post-fósil y el crecimiento económico de la región. Denominado el combustible del futuro, se ha convertido rápidamente en una de las tecnologías energéticas más promovidas de los últimos años, captando la atención de gobiernos, bancos de desarrollo e industrias que buscan descarbonizar la economía mundial. Pero ¿quién se beneficiará realmente de este modelo y quién será sacrificado una vez más?
Al examinar más de cerca los procesos que exige su producción, descubrimos que el hidrógeno verde no es tan limpio ni tan eficiente como suele anunciarse. Los debates en torno a su fabricación y uso revelan un panorama mucho más complejo, que va más allá de la química o la ingeniería, y nos obliga a hablar de tierra, agua y justicia.
¿Qué es el hidrógeno verde y cómo se produce?
El hidrógeno es el elemento más simple y abundante del universo, pero en la Tierra casi nunca aparece por sí solo: debe extraerse del agua o de compuestos como el metano, un proceso que requiere mucha energía. Por eso, el hidrógeno no es una fuente de energía como el sol o el viento, sino un vector energético: sirve para almacenar, transportar y usar energía. Es ligero, versátil y podría ayudar a descarbonizar sectores difíciles como el acero, el transporte marítimo o la aviación.
Existen varios tipos de hidrógeno como el gris, azul, negro, rosado y verde según cómo se obtiene. El hidrógeno verde es el más “popular” y políticamente atractivo porque se produce mediante electrólisis, un proceso que separa el agua en hidrógeno y oxígeno usando electricidad de fuentes renovables como la solar o la eólica.
A medida que el mundo se enfrenta a crisis climáticas cada vez más intensas y a nuevas presiones comerciales, como el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la Unión Europea, el hidrógeno se está posicionando como un componente clave de la transición energética. Sobre el papel, parece ideal porque no genera emisiones directas de gases de efecto invernadero.
Pero su brillo pierde fuerza cuando miramos más de cerca. Producir hidrógeno verde requiere grandes cantidades de energía renovable, lo que implica enormes parques solares y eólicos que ocupan grandes extensiones de tierra. Suelen instalarse en zonas rurales o territorios indígenas, reproduciendo lógicas extractivas ya conocidas: se toman tierras y recursos en nombre de la “transición verde”, pero los beneficios suelen viajar lejos, mientras que los impactos se quedan en las comunidades.
El uso del agua también es un punto crítico. La electrólisis necesita agua muy pura. En regiones áridas, se propone desalinizar el agua del mar, pero este proceso consume mucha energía y genera salmuera que puede dañar ecosistemas costeros. Además, el hidrógeno es tan ligero que se filtra fácilmente durante su transporte y almacenamiento, afectando la química de la atmósfera y contribuyendo indirectamente al calentamiento global.
En realidad, el hidrógeno no es sostenible por naturaleza; depende de dónde, cómo y para quién se produce. Hoy existe el riesgo de que la “fiebre del hidrógeno” profundice desigualdades entre Norte y Sur globales, con proyectos en países ricos en recursos que abastecen sobre todo a mercados de exportación, sin responder a necesidades locales.
Por ejemplo, como han documentado miembros de la Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo como Sustentarse y Recourse, Chile quiere convertirse en el primer productor de hidrógeno verde del mundo para 2030, pero el 70 % de la energía para su consumo nacional sigue dependiendo de los combustibles fósiles. La paradoja es aún más evidente en Namibia, que exportará hidrógeno verde a Europa, a pesar de que el 45 % de la población local no tiene acceso a la energía. Además, la construcción de instalaciones de hidrógeno verde se está planificando actualmente sobre la base de previsiones muy optimistas, pero los expertos advierten de un posible exceso de oferta, dada la incertidumbre sobre los costes y la eficacia.
El hidrógeno verde se mueve, así, entre la promesa y la paradoja: puede ser una herramienta para descarbonizar, pero también puede expandir e intensificar lógicas extractivas, ya sea avanzando sobre nuevos territorios y mares o profundizando impactos en zonas ya afectadas por otras plantas industriales, como sucede en la región de Antofagasta o del Itsmo de Tehuantepec en México, donde el hidrógeno verde se suma a otros mega proyectos degradando el territorio. Entender su verdadera dimensión exige mirar más allá de su imagen “limpia” y cuestionar las implicaciones sociales, ecológicas y políticas de su expansión.
El papel de los bancos de desarrollo
Todos los principales bancos públicos de desarrollo están invirtiendo fuertemente en el sector del hidrógeno verde, presentándolo como la solución ideal a la crisis climática y a la necesidad de explorar nuevas fuentes de energía. Sin embargo, organizaciones y comunidades denuncian que el hidrógeno “verde” es una falsa solución climática que reproduce lógicas extractivistas y coloniales al priorizar intereses del Norte Global. En América Latina, entre los principales inversionistas se encuentran el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.
Según el BID, América Latina es la cuarta región con mayor potencial exportador de H2V en el mundo, para suministrar energías “limpias y baratas” a los países del Norte Global. La Unión Europea, Japón y Corea serían los principales importadores.
En línea con lo anterior, el BID está apoyando a gobiernos y actores privados en la región para desarrollar y establecer una industria para la producción, adopción local y exportación de H2V y sus derivados primarios, incluidos el amoníaco y el metanol, aportando tanto asistencia técnica como apoyo financiero. El BID apoya activamente el hidrógeno verde a través de diversas iniciativas, entre ellas: financiamiento directo, cooperación técnica ( ha apoyado la elaboración de las hojas de ruta para el desarrollo de la industria de 15 países en la región), la creación de un sistema de certificación de hidrógeno limpio, y el desarrollo de un mecanismo regional para promover su adopción en América Latina y el Caribe. En 2023, aprobó un crédito por US$400 millones para impulsar esta industria en Chile. Sin embargo, a la fecha aún no se ha materializado ningún proyecto a escala industrial en la región y solo en Brasil existen iniciativas que se acercan a fases más avanzadas para una decisión final de inversión.
Chile también ha recibido apoyo del Banco Mundial, que desde 2020 ha contribuido al desarrollo de regulaciones y de un entorno propicio para impulsar la demanda de hidrógeno verde, tanto en el mercado interno como en el internacional.
En marzo de 2025, trás reuniones a puertas cerradas con BID Invest en Puna Arenas que generó protestas por comunidades afectadas, el Gobierno de Chile lanzó un Fondo de US$1.000 millones para impulsar el hidrógeno verde —con aportes del BID, Banco Mundial, KfW y la Unión Europea— con el objetivo de apalancar hasta US$12.500 millones en inversión privada para esta industria.
Para más información sobre la política de transición energética del BID y sus principales preocupaciones, consulte el informe elaborado por el Grupo de Trabajo de las OSC del BID.
Crédito de foto: Agua es Vida Tacuarembó. Actividad de comunicación e información (2025).
Crédito de foto: ACUE. Protesta en Punta Arenas frente al hotel donde se celebraba la reunión del BID Invest a puerta cerrada (marzo de 2025).
El caso de Magallanes, Chile
En la región de Magallanes, en el extremo sur de Chile, se han propuesto cuatro megaproyectos de producción de hidrógeno “verde”. Buscan instalar extensos parques eólicos en la estepa patagónica —territorios fiscales erróneamente catalogados como “desocupados”— para producir y exportar hidrógeno y derivados como amoníaco. El discurso oficial los presenta como una oportunidad de descarbonización, desarrollo regional y empleo, posicionando a Magallanes como “líder mundial” en energías limpias. Sin embargo, el enfoque del Estado chileno se concentra casi exclusivamente en metas de carbono y crecimiento económico, sin considerar las profundas consecuencias sociales, ambientales y de género que estos proyectos podrían generar. Los dos proyectos más grandes son:
- HNH Energy: es el megaproyecto más grande del país e incluye una planta desalinizadora, un parque eólico, un puerto multipropósito y líneas subterráneas de transmisión eléctrica. Con un costo estimado de 11.000 millones de dólares, está gestionado por un consorcio integrado por las empresas austriacas AustriaEnergy y Ökowind, junto con el fondo de inversión danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).
- H2 Magallanes (TotalEnergies): consiste en una planta de producción de amoníaco que operará con nitrógeno capturado del aire y el hidrógeno verde generado a partir de energía eólica y agua de mar desalinizada y desmineralizada. Con una inversión estimada de 16.000 millones de dólares, el proyecto es gestionado por TotalEnergies H2, propiedad de la multinacional francesa TotalEnergies.
Las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil han expresado fuertes preocupaciones socioambientales: ocupación masiva del territorio, instalación de infraestructura industrial en un ecosistema frágil y escasa fiscalización estatal. Se proyecta la llegada de miles de trabajadores foráneos, con impactos demográficos, gentrificación y aumento del costo de vida en una región ya desigual y aislada. Ministerios como los de la Mujer, Vivienda o Desarrollo Social apenas participan en el proceso, y el financiamiento —mediante deuda pública con bancos de desarrollo— se definió sin consulta ni consentimiento de las comunidades.
Desde una mirada ecofeminista, organizaciones como ACUE advierten de riesgos específicos para mujeres, niñas y diversidades. La llegada masiva de trabajadores a zonas con menos de 500 habitantes, ya afectadas por altos índices de violencia de género, podría profundizar la masculinización de los territorios, aumentar la inseguridad y recargar aún más los trabajos de cuidado no remunerados.
Además, estos proyectos no garantizan acceso local a energía limpia. Magallanes depende casi totalmente de combustibles fósiles para calefacción:
“En Magallanes dependemos en un 99% del gas y de combustibles fósiles para calefaccionarnos; vivimos en una zona extrema donde la calefacción es vital, y aun así no existe ninguna propuesta real para nuestras necesidades. El hidrógeno verde se presenta como una nueva ola colonizadora, muy neoliberal, que impone otras formas de economía y de vida que resultan casi insultantes cuando se comparan con las realidades latinoamericanas”, denuncia una activista local.
¿De qué hablamos cuando hablamos de falsas soluciones?
Reflexión de Loreto Vásquez Salvador (ACUE)
En el caso de Magallanes en Chile, vemos que la falsa solución del hidrógeno verde se posicionó sin la consulta previa con garantías de participación. Significa endeudamiento estatal con bancos públicos de desarrollo y una transformación identitaria profunda que solo viene a masculinizar aún más nuestro territorio aumentando la brecha laboral entre hombres y mujeres, invisibilizando el sostén de cuidados y trabajo doméstico no remunerado, precarizando la vida ante la falta de planificación territorial y socioambiental para escalas de producción no antes vistas, justificadas en la premisa de que Magallanes salvará al mundo del cambio climático.
El Estado Chileno ha sido totalmente irresponsable sin hablar de las afectaciones negativas, de la ausencia de compradores y seguridad financiera del mercado y aumentando la narrativa de que es verde solo por las energías renovables no convencionales pero sin considerar la cadena de suministros, producción y transporte.
Las respuestas las tenemos las comunidades y las soluciones reales de no basarse en el eje de soberanía energética -alimentaria perpetúan la desigualdad, el despojo y no se traduce en justicia climática ni reparación.
Ante la crisis multidimensional que vivimos se necesita ante todo el fortalecimiento de la democracia, los espacios cívicos y la rearticulación del tejido social para que logremos encontrar las medidas de adaptación y repensar el buen vivir fuera de la mirada neoliberal y colonial.
En síntesis, para las comunidades de Magallanes, estos megaproyectos de hidrógeno “verde” no representan una transición justa, sino más bien un negocio especulativo sin certezas tecnológicas o de mercado. Temen que, si fracasa —como ya sugieren señales del propio sector— sean las comunidades quienes paguen el costo a través de más deuda pública, pérdida de derechos sociales y deterioro territorial. Por eso demandan información veraz, participación vinculante y alternativas que prioricen justicia, reparación, soberanía energética y bienestar local, antes que la exportación de energía “verde” al exterior.
Crédito de foto: Agua es Vida Tacuarembó.
El caso de Tacuarembó, Uruguay
En Tambores, un pueblo en el norte de Uruguay, el grupo Belasay SA (creado por la empresa alemana Enertrag y la uruguaya SEG Ingeniería) está impulsando un megaproyecto que tiene como objetivo la producción de e-Metanol a partir del hidrógeno verde y dióxido de carbono biogénico. El proyecto va a incluir un parque solar de 303.000 paneles, un parque eólico de 33 aerogeneradores y una planta industrial para producir 84.000 toneladas de e-Metanol anuales, destinadas a Alemania. Requiere además infraestructura asociada: carreteras, paso de más de 120 camiones diarios, ferrocarril desde Tambores al puerto, y más de mil trabajadores en plena operación.
El impacto excede Tambores, con infraestructura que recorrerá todo el país (ver mapa arriba). Alcanzaría Piedra Sola, Valle Edén, Tacuarembó y otras zonas conectadas por sistemas hídricos, además de implicar transporte de CO₂ desde Tranqueras y posterior traslado del e-metanol al puerto en tren, con alto uso de combustibles fósiles. Una preocupación clave es que los impactos de estas infraestructuras se abordan por separado en cada informe, sin una evaluación integral de la viabilidad ambiental del proyecto en su conjunto.
“La empresa va proponiendo cifras de consumo de agua, pero va cambiando constantemente su discurso de acuerdo a los públicos en los que se presenta, y el gobierno nacional y sobre todo el departamental, le abre las puertas a la empresa.” (Laura Villalba, Agua es Vida)
La principal preocupación es el agua: el área es zona de recarga del Acuífero Guaraní y no existen estudios sólidos sobre los impactos. Se teme afectación del acceso humano al agua, de la producción de alimentos y del ciclo hidrológico. El proyecto también implicaría perder más de 2.600 hectáreas de suelo productivo, uso intensivo de energía fósil y biomasa y efectos sobre flora, fauna y corrientes de aire, reforzando un modelo extractivo ya presente en Uruguay (por ejemplo en los sectores de forestación, celulosa, soja transgénica).
Socialmente, la llegada de más de mil trabajadores externos podría transformar comunidades pequeñas, con riesgos asociados ya conocidos: violencia, explotación sexual, consumo problemático de drogas, encarecimiento de la vida y pérdida de tradiciones. Además, el propio informe —cuestionado por el Ministerio de Ambiente en febrero y aún sin nueva versión— anticipa que los pocos empleos permanentes serían para una última camada de operarios altamente especializados, en su mayoría externos.
A esto se suma un déficit democrático: el informe ambiental (1.000 páginas) fue de difícil acceso y la comunidad no fue escuchada, pese a la Constitución, la Ley de Acceso a la Información Pública y el Acuerdo de Escazú. La Junta Departamental dio primero espacio a la empresa y solo accedió a recibir a la ciudadanía tras denuncias públicas, imponiendo límites y un horario poco accesible.
Ante ello, colectivos como Agua es Vida y Eco Tambores articulan acciones legales, formativas y comunitarias, junto a redes nacionales y especialistas. Para la comunidad, el proyecto supone un uso desmedido de agua, suelo y energía, con beneficios concentrados fuera del país, mientras los impactos quedarían dentro.
¿De qué hablamos cuando hablamos de falsas soluciones?
Reflexión de Pauline Mouton, integrante de Agua es Vida
Somos conscientes de que cualquier asentamiento humano y emprendimiento industrial genera impacto y, por mínimo que sea, afecta a alguien o algo del entorno implicado, y también de que las transformaciones que se requieren no se pueden dar ni rápido, ni fácil, ni sencillamente por el entrecruzamiento de intereses y maneras de ver y estar en el mundo que coexisten todavía y lo seguirán haciendo. ¿Pero quién decide inclusiones y exclusiones? ¿Cuál es el costo real?¿Quién se beneficia realmente? Estamos también firmemente convencidas y convencidos de que la pequeña superficie en la que vivimos no resiste un uso desmedido más de agua, suelo y aire.
Sin agua no hay vida para la gente, los animales ni las plantas. Sin agua, Tambores y las zonas aledañas se convertirán en desierto, mientras en Europa compran una buena conciencia consumiendo energías que llaman verdes. Eso es neo-colonialismo, y es anticonstitucional.
El agua no se vende ni se exporta. ¿Qué queremos? ¿Promesas falsas de trabajo y progreso, o un campo uruguayo que cuida, ama y disfruta de sus bienes naturales con soberanía y sostenibilidad?
El caso de Paysandú, Uruguay
En el departamento de Paysandú, sobre la ribera del río Uruguay, avanza un megaproyecto para producir combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde destinados a la exportación. Está liderado por HIF Global, una empresa internacional de electrocombustibles fundada en 2016 por la compañía chileno-peruana AME y respaldada por el fabricante de automóviles alemán Porsche AG. El proyecto prevé una planta de e-combustibles en Constancia, a 15 km de la ciudad, junto a dos grandes parques de generación renovable —el Parque Solar Lucía y el Parque Eólico Elenam— que abastecerán la planta.
El proyecto aún se encuentra en fase inicial y se prevé que las obras comiencen en el segundo semestre de 2026. HIF Global presentó al Ministerio de Ambiente un informe técnico de 372 páginas para solicitar la “viabilidad ambiental de localización”, paso previo al Estudio de Impacto Ambiental.
Aunque se comunica como una apuesta por la descarbonización y el empleo, diversas voces cuestionan estas promesas. Advierten que la mayor parte de los puestos serían temporales, mientras que la operación demandaría poca mano de obra y podría desplazar empleos actuales, especialmente los vinculados al turismo. También subrayan que los combustibles producidos se destinarían principalmente al exterior, sin beneficio directo para la población local.
Organizaciones locales y la Red Nacional No al Hidrógeno Verde denuncian secretismo, recordando que el Memorándum de Entendimiento firmado en febrero de 2024 incluye una cláusula de confidencialidad que impide conocer su contenido. Las comunidades cuestionan además el relato de “hidrógeno verde”, refiriéndose a la planta como una refinería de combustibles sintéticos. Temen que, bajo el discurso de transición energética, se profundice un modelo extractivo con uso intensivo de suelo, agua y energía, cuyos impactos recaerían sobre el territorio.
El rechazo comunitario crece. El colectivo Paysandú por un Uruguay Soberano – UPM2 No, impulsó una iniciativa popular para habilitar un plebiscito departamental sobre la instalación de plantas de hidrógeno. En pocos meses reunió las 15.000 firmas requeridas y continúa sumando apoyos. Las acciones incluyen concentraciones en el puente internacional General Artigas bajo el lema “No a la planta de hidrógeno frente a Colón”, caravanas binacionales (porque Paysandú está enfrente a Colón, Argentina), intervenciones públicas y actividades culturales.
El movimiento denuncia también la presión de la arquitectura financiera internacional y el rol de bancos multilaterales en promover a Uruguay como productor y exportador de hidrógeno y e-combustibles, condicionando políticas públicas. En un territorio con alto desempleo y vulnerabilidad social, muchas familias ven el proyecto como una salida económica, generando tensiones internas ante los riesgos socioambientales.
En paralelo, redes comunitarias y colectivos culturales organizan arte, festivales y encuentros como formas de resistencia creativa y de construcción de comunidad. La consigna se enlaza con luchas por el agua, la tierra y la soberanía, conectando lo local con debates globales sobre justicia ambiental y energética.
Crédito de foto: Movimiento Soberano Paysandú UPM 2 NO. Gráfico para concientizar sobre el impacto del megaproyecto.
Conclusión
Las promesas que acompañan al hidrógeno “verde” —desarrollo, empleo, descarbonización y liderazgo global— se desdibujan cuando se observan sus impactos reales en los territorios. Tanto en Magallanes como en Tambores y Paysandú, los megaproyectos avanzan bajo una lógica conocida: apropiación de tierra y agua, endeudamiento público, opacidad, ausencia de consulta y una narrativa salvadora que justifica nuevas formas de extractivismo bajo el sello de lo “verde”. Lejos de democratizar la energía, estos proyectos priorizan la exportación y los intereses corporativos, profundizando desigualdades históricas entre el Norte y el Sur global.
En los territorios, las comunidades no están rechazando la transición energética; están cuestionando de qué transición hablamos, para quién se produce y a qué costo.
Señalan que sin participación vinculante, sin soberanía energética, sin reparación de injusticias socioambientales y sin un enfoque feminista e intercultural, la llamada transición “verde” termina siendo continuidad del mismo modelo extractivo que dice venir a reemplazar.
Para ser verdaderamente justa, la transicion tiene que ser liderada por las comunidades, tener un enfoque feminista e inclusivo, y estar basada en principios de justicia. De lo contrario, solo se trata de un retroceso en lugar de un avance. De lo contrario, ni transición, ni justa, ni verde.