«KfW: Irresponsible banking» (KfW: banca irresponsable), publicado por la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo y respaldado por 20 organizaciones de la sociedad civil, revela la enorme brecha que existe entre los compromisos de KfW en materia de derechos humanos y la realidad sobre el terreno. En concreto, muestra cómo KfW no está tomando las medidas adecuadas para garantizar que las personas puedan participar libremente y de forma segura, expresar sus opiniones u oponerse a sus proyectos.
“KfW: banca irresponsable” incluye:
- Tres estudios de caso (proyecto geotérmico en Indonesia; planta de amoníaco en México; mina de grafito en Tanzania)
- Un análisis de las políticas del KfW relacionadas con las represalias y la participación
- Una serie de recomendaciones clave
Hallazgos clave
Del análisis de las políticas ambientales y sociales del KfW surgen las siguientes preocupaciones clave:
- Salvaguardias débiles: Las políticas sociales y ambientales del KfW son excesivamente vagas y susceptibles de interpretación. Si bien sus salvaguardias se refieren a estándares internacionales, no especifican cuáles se aplican ni cómo se supervisa su cumplimiento.
- No existe una política sobre represalias: el KfW carece de políticas específicas para prevenir y abordar las represalias, y aún no está claro si las normas del Grupo del Banco Mundial en esta área se consideran aplicables.
- Dependencia de los clientes: Las salvaguardas del KfW también depositan una confianza excesiva en los clientes para identificar los riesgos ambientales y sociales, lo que permite al Banco eludir la responsabilidad por los daños derivados de sus proyectos.
- Falta de transparencia: En comparación con otros grandes bancos de desarrollo, el KfW no proporciona información esencial y accesible sobre sus actividades. El Banco divulga solo detalles mínimos sobre sus inversiones directas y no cumple con los estándares internacionales de acceso a la información.
- Responsabilidad: El Grupo KfW en su conjunto no dispone de un mecanismo de quejas externo independiente.
Recomendaciones clave
Lanzamiento
Este es un proyecto de muerte. Ha destrozado mi comunidad y ha destrozado mi mundo, mi familia y mi vida. Temo que si me matan mañana, mi lucha se convierta en un simple recuerdo y mis hijos se queden sin madre, simplemente porque decidí defender mi tierra y los derechos de mi pueblo».
(Claudia Susana Quintero, Defensora de los derechos humanos indígena mexicana de la comunidad indígena mayo-yoreme y fundadora del colectivo ¡Aquí no!)
Estudios de casos
En Poco Leok, Indonesia, KfW financia un proyecto geotérmico que desplaza a las comunidades indígenas locales y amenaza con destruir sus lugares sagrados, su forma de vida y su entorno. La comunidad ha expresado su firme oposición. En respuesta, la policía y las fuerzas militares han atacado violentamente y criminalizado a activistas locales.
En Sinaloa, México, el Banco KfW IPEX ha invertido 1.500 millones de dólares en una controvertida planta de amoníaco, violando los derechos de las comunidades indígenas locales al imponer el proyecto sin su consentimiento. En una región ya asolada por la violencia y el crimen organizado, el proyecto ha alimentado aún más los ataques contra personas defensoras de DDHH.
En Tanzania, el Banco KfW IPEX apoya la construcción de un proyecto de minería de grafito. La comunidad solo fue informada una vez tomadas las decisiones, sin información clara sobre compensación o reubicación. Quienes plantean inquietudes enfrentan amenazas y criminalización, por lo que la gente teme expresarse.
“Al no suspender la financiación del proyecto, KfW se está convirtiendo en cómplice de las violaciones de los derechos humanos en Poco Leok».
(Jimmy Ginting,Defensor local de los derechos humanos que ha estado apoyando la lucha de la comunidad indígena de Poco Leok)
“KfW calls it ‘responsible banking’, but it’s using German taxpayers’ money to bankroll projects that displace Indigenous Peoples, destroy ecosystems, and endanger human rights defenders. If KfW wants to demonstrate real responsibility, it needs to listen to local communities and ensure their voices are not silenced.”
(Dalile Antunez, collaborative researcher at the Coalition for Human Rights in Development)
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