En el año 2019, los gobiernos de siete países (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam y Perú) firmaron el Pacto de Leticia, con el objetivo de enfrentar la adversa situación ambiental provocada por los devastadores incendios registrados ese mismo año en la Cuenca Amazónica. Si bien es cierto, existe la necesidad de articular los esfuerzos de los países de la región por la protección de nuestra Amazonía; el Pacto, tal como fue concebido, y ahora está siendo implementado, carece de participación y representatividad, debido a que no se está desarrollando en base a diálogo ampliado e intercultural con los diferentes actores en cada país de la Cuenca Amazónica.

Al respecto, es importante recordar que, el bioma Amazónico sufre fuertes presiones a causa del predominio de las actividades económicas depredadoras e insostenibles; sobre todo, para la ganadería y commodities como la soja en gran escala, muchas veces asociados a explotación ilegal de madera, especulación de tierras y conflictos socioambientales en territorios de pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales. De igual manera, la deforestación y conflictos socioambientales en la Amazonía han sido potencializados por grandes proyectos de infraestructura, como la construcción de carreteras, hidrovías y puertos, ferrovías y represas. Luego, otra amenaza para los bosques y ríos, incluso en territorios indígenas y de otros pueblos tradicionales, es la expansión desenfrenada de la minería – practicada tanto por la minería ilegales como por grandes corporaciones-, así como actividades extractivas de hidrocarburos.

Todo ello, está desbalanceado el frágil sistema ecológico de la selva. Solo en el 2020 la Amazonía perdió cerca de 2.3 millones de hectáreas de bosque primario en los 9 países amazónicos, lo que representa un aumento del 17% en comparación con el año anterior (2019), y el tercer registro más alto desde el 2000. Por ello, en base a dichas experiencias, consideramos que es necesario que iniciativas como el Pacto recojan todas las voces y demandas de nuestra región.

A su vez, la Cuenca Amazónica alberga diferentes pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, entre otros grupos sociales de importancia, quienes actualmente son amenazados, reducidos y vulnerados en sus derechos, debido a la presencia de actividades económicas extractivas legales e ilegales. En ese sentido, la depredación del bosque ha conllevado a un incremento de casos de asesinatos de defensores y defensoras ambientales y población indígena comprometida con la conservación del medio ambiente, así como la proliferación de conflictos socioambientales por el despojo de tierras, y la contaminación de recursos naturales.

En la actualidad, Brasil, Colombia y Perú son los países más peligrosos para los y las líderes indígenas y no indígenas cuya labor en la defensa del medio ambiente y el territorio está gravemente amenazada. De esa manera, Colombia lidera el número de asesinatos registrados en el 2020 con 65 casos, mientras que Brasil, tiene 20 casos documentados; y Perú, 6. Valga la mención que estas cifras pueden ser efectivamente subregistros debido a las amenazas y ataques no denunciados ante las autoridades locales por limitaciones en la libertad de prensa y la ausencia de registros independientes. No obstante, esta situación no ha sido parte de los discursos que se han realizado en las distintas cumbres del Pacto de Leticia, pese a la labor de los y las defensores ambientales y de los defensores indígenas para conservar los ecosistemas amazónicos y, consecuentemente, a mitigar los efectos del cambio climático.

A todo ello, en países como Brasil y Perú, se suma el retroceso de la institucionalidad y gobernanza democrática, debilitando o eliminando instrumentos de protección del ambiente e de los derechos humanos – como el reconocimiento de los derechos territoriales de pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales, el derecho de consulta y consentimiento libre, previo e informado; y mecanismos de combate a crímenes ambientales y violencia contra defensores ambientales, así como espacios de diálogo y participación. Por lo que se están tomando decisiones a costa del debilitamiento socioambiental, y sin espacios de planificación intercultural y multiactor.

Por otro lado, el Pacto de Leticia está avanzando mediante el financiamiento de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo – BID y Fondo Verde de Clima (GCF), impulsando la bioeconomía. Esta iniciativa, tal como ha sido conversada en otros espacios, debe ser coherente con la visión de los planes de vida de los pueblos indígenas, de manera que evidencie una intención de cambio a la situación actual, lo cual debe ser dialogado para mejorar y generar acciones conjuntas multiactor.

En ese sentido, las organizaciones firmantes consideramos que el Pacto, no recoge los desafíos políticos que han agudizado la crisis socioambiental en la región. De esa forma, el espíritu y contenido del Pacto presenta contradicciones de fondo que deben ser cambiadas urgentemente en pos del beneficio de la población indígena, afrodescendientes, quilombolas, agricultores familiares y otros grupos importantes del campo y de las ciudades de la Cuenca Amazónica.

En base a este contexto, las organizaciones, pueblos, indígenas, quilombolas, afrodescendientes, y investigadores científicos nos pronunciamos mediante el presente documento para hacer llegar nuestras observaciones y propuestas al Pacto de Leticia, el cual hoy en día no se está implementando de manera dialogante y consensuada, por lo que creemos es necesario generar cambios. En suma, observamos en relación al proceso de elaboración y contenido del Pacto de Leticia, hasta el presente momento:

Falta de espacios de diálogo intercultural durante todo el proceso. El Pacto de Leticia se está desarrollando sin un diálogo multiactor en los diferentes países de la región, prueba de ello es que en el mes de octubre de este año se realizó la III Cumbre del Pacto, al cual solo asistieron los representantes de los estados miembros, así como representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, y representantes del gobierno de Reino Unido; pero no contó con la participación de los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades locales que como se ha señalado anteriormente son los más afectados en el actual contexto de crisis. Tampoco se está contando con la participación de sociedad civil y de la comunidad científica. Por ello, se considera que es un error que el Pacto no se esté desarrollando de una manera amplia y consensuada en base a todas las perspectivas de la Amazonía.
Falta de diálogo multiactor para integrar las iniciativas que promueven la defensa de la Amazonía, y su cuidado. Es clave mencionar que actualmente, tanto las comunidades locales como la comunidad científica han desarrollado materiales y herramientas para el cuidado de la biodiversidad, que además proponen alternativas a las actividades que están depredando nuestra Amazonía. Además, es clave recordar que, este año en el Congreso Mundial de la Naturaleza la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) aprobó la moción de proteger, conservar y manejar de manera sostenible al menos el 80% de la Amazonía para el 2025, en colaboración con y reconociendo el liderazgo de los pueblos indígenas en la Amazonía, asegurando su consentimiento libre, previo e informado. En ese sentido, es necesario que estas iniciativas sean parte del diálogo e implementación del Pacto.
Falta de énfasis en la necesidad urgente de reconocimiento y regularización de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales, como instrumento imprescindible de protección de los bosques y ríos de la Amazonía; así como la necesidad de eliminar incentivos gubernamentales para la especulación de tierras, el ejemplo del reconocimiento de deforestación como mejora para fines de concesión de títulos en tierras públicas, y intentos de ‘abrir’ territorios indígenas para explotación minera e hidrocarburos, hidroeléctricos y agro negocio de ‘commodities’.
Falta de reflexión e inclusión de los desafíos actuales de las defensoras y defensores ambientales e indígenas. Como se explicó anteriormente, los países de la Amazonía se encuentran entre los más peligrosos del mundo en cuanto a la defensa de la tierra y los recursos naturales que provee, es por ello que existe una necesidad actual de fortalecer las iniciativas de protección de derechos humanos, donde los estados y las inversiones tienen responsabilidad. Sin embargo, esta situación no se ve incluida en el desarrollo del Pacto, ni es los discursos realizados por los representantes en el marco del acuerdo. Por ello, es necesario acompañar y fortalecer el rol de las defensoras y defensores ambientales.
Falta de visión clara sobre cómo las iniciativas de bioeconomía van a involucrar de forma justa y respetuosa a las comunidades amazónicas y sus iniciativas de buen vivir y planes de vida; y cómo van a involucrar a las ciudades amazónicas en términos de empleos económicamente sostenibles, mercados de consumo para productos de la biodiversidad, y no solo exportaciones.
Falta de una estrategia clara sobre ‘infraestructura sostenible’ incorporando lecciones y evitando repetir errores históricos como en la construcción de carreteras y hidroeléctricas; que además superen el contexto de retroceso en políticas socioambientales en varios países, como es el caso de Brasil.

En base a lo mencionado anteriormente proponemos lo siguiente:

• Proceso de diálogo multiactor de revisión del Pacto y sus estrategias de implementación, superando brechas y contradicciones en su contenido y modelo de gobernanza, enfrentando las dinámicas (drivers) de deforestación, incendios y conflictos socioambientales y valorizando iniciativas innovadoras de los amazónicas, con participación eficaz de los pueblos indígenas y otras comunidades y movimientos; así como con organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad científica.
• De la misma forma, transparentar la planificación del Pacto a nivel nacional: Tanto el Pacto de Leticia como las cumbres realizadas no han sido presentadas a sociedad civil para ser dialogadas, lo que implica un desconocimiento, dudas del mismo. Siendo necesario transparentar la información. Como parte de su modelo gobernanza, garantir mecanismos de monitoreo y evaluación participativos y independientes sobre la implementación del Pacto.
• Inclusión de instrumentos, estrategias y metas para garantizar el reconocimiento y regularización de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales, así como la eliminación de incentivos gubernamentales para conflictos y especulación de tierras, como elemento fundamental para alcanzar el objetivo del Pacto de Leticia de protección de los bosques y ríos de la Amazonía.
• Inclusión de las iniciativas de los pueblos indígenas para la protección de la Amazonía, como es el reconocimiento y compromiso de la UICN para la conservación, protección y manejo sostenible del 80% de la Amazonía para el 2025, lo cual involucra a todos los estados de la región; así como a los actores privados con presencia en la cuenca amazónica.
• Protección de las defensoras y defensores ambientales e indígenas: Es necesario que el Pacto; así como cada hito político relacionado, y los documentos de planificación incluyan la situación de riesgo de las defensoras y defensores para articular acciones de protección. Siendo el Acuerdo de Escazú un elemento clave para el desarrollo del Pacto.
• Incorporación de una visión inclusiva sobre la bioeconomía que involucran de forma justa y respetuosa a las comunidades amazónicas, priorizando sus iniciativas de buen vivir y planes de vida; así como la generación de empleos de calidad y renda en las ciudades amazónicas, como espacios de transformación y consumo de productos de la biodiversidad. Al mismo tiempo, eliminación de incentivos crediticios y fiscales para la deforestación, con apoyo para la recuperación de áreas degradadas.
• Construir una estrategia clara e innovadora sobre infraestructura sostenible e inclusiva en nivel local y regional, incorporando lecciones para evitar la repetición de errores históricos, con prioridad para las necesidades e iniciativas de buen vivir de las comunidades amazónicas en el campo y las ciudades.

Firman:

Amazónicos por la Amazonía – AMPA
ANECAP – Asociación Nacional de Ejecutores de Contrato de Administración de Reservas Comunales del Perú.
Asociación Pro derechos Humanos – APRODEH – Perú
Asociación Ambiente y Sociedad – Colombia
Asociación Arariwa – Perú
Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor – Perú
AIDESEP – Asociación Interétnica de la Selva Peruana – Perú
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente: Colombia – Brasil – Ecuador
Associação Indígena Pariri Munduruku – Brasil
Asociación Unión de Talleres 11 de Septiembre – Bolivia
Associação de Favelas SJCampos SP
Bank Information Center – US
Barranquilla+20 – Colombia
Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo – Internacional
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – Perú
Centro de Formação do Negro e Negra da Transamazônica e Xingu – Brasil
Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM) – Ecuador
CEDLA – Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario – Bolivia
CEDIA – Centro para el Desarrollo del indígena Amazónico – Perú
CIEL – Center for International Environmental Law – Estados Unidos
Coletivo de Mulheres do Xingu – Brasil
Comitê de Energia Renovável do Semiárido – Brasil
CONAQ – Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos – Brasil
Conectas Direitos Humanos – Brasil
CooperAcción – Perú
CIDOB – Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia
CONFENIAE – Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana
CGTP – Confederación General de Trabajadores del Perú
Coordenação de Direitos Humanos, Ações Afirmativas e Diversidades – Brasil
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – Perú
Due Process of Law Foundation – Regional
Ecologia e Ação – ECOA – Brasil
Elcena Jeffers Foundation
Florida International University – Estados Unidos
Foro Ecológico del Perú
Fundación CONSTRUIR de Bolivia
GT-Infraestructura y Justicia Socioambiental – Brasil
Instituto Aroeira Brava – Brasil
Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA – República Dominicana
Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú- Idlads – Perú
Instituto Federal do Ceará – Brasil
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) – Colombia
Instituto Madeira Vivo – Brasil
International Rivers – Brasil
Instituto Maíra – Brasil
IAP- International Accountability Project – Global
Más Integridad MX – México
Movimento Pró Ivaí/Piquiri – Brasil
Movimento Tapajós Vivo – Brasil
Mouvement Pour la Lutte Contre l’Injustice
Movimento Xingu Vivo Para Sempre – Brasil
Mutirão pela Cidadania
OSLADE – Observatorio Sociolaboral y del Diálogo Social en el Ecuador
Observatorio Sociopolítico Latinoamericano – Colombia
OPIAC – Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana – Colombia
ORAU – Organización Regional Aidesep Ucayali – Perú
ORPIO – Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente – Perú
Oil Workers’ Rights Protection Organization Public Union – Azerbaijan
Paz y Esperanza – Perú
Plataforma CIPÓ – Brasil
PLADES – Programa Laboral de Desarrollo – Perú
Protection International – Colombia
Reacción Climática – Bolivia
Red Muqui – Perú
REPAM – Rede Eclesial Pan-amazônica – Brasil
Red y Alianza de Líderes por el Progreso de Colombia
Salvaginas Colectiva Ecofemista – Bolivia
Sustentarse – Chile
UFMT-Brasil
Unimontes – Universidade Estadual de Montes Claros – Brasil
UFRR – Instituto Insikiran de Formação Superior Indígena – Brasil
Universidade Federal do Tocantins – Brasil
Water Justice and Gender – Global.