Nos faltan los recibos

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Las instituciones financieras internacionales (IFI) han destinado miles de millones de dólares a responder a la pandemia de Covid-19 y a las crisis sociales y económicas relacionadas con ella. Sin embargo, existe una preocupante falta de transparencia sobre cómo se han gastado estos fondos y serias dudas sobre si han llegado a quienes más los necesitaban.

Desde el comienzo de la pandemia, grupos de la sociedad civil de todo el mundo han advertido de los posibles riesgos de corrupción, aumento de la desigualdad y mayor endeudamiento. Ahora, cada vez hay más pruebas de que muchos de estos riesgos se han materializado.

Missing Receipts” (Nos faltan los recibos: ¿dónde acabaron los fondos de las instituciones financieras internacionales para la COVID-19?) es un nuevo proyecto de investigación colaborativa que analiza el papel de las IFI - y sus fallas - en la recuperación de la pandemia. El informe intenta reconstituir los ingresos no recibidos de la respuesta a la crisis de COVID-19 financiada por las IFI e identifica recomendaciones concretas para intervenciones existentes, así como cuestiones fundamentales para la respuesta a largo plazo a la pandemia, la recuperación y cualquier financiación futura para hacer frente a la crisis mundial.

El informe, basado en una serie de estudios de caso a nivel mundial y nacional disponibles en esta colección en línea, fue elaborado por los miembros y socios de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo. Invitamos a los movimientos sociales, a la comunidad investigadora y a los grupos de la sociedad civil a que envíen informes adicionales al portal web, y a que utilicen la colección para identificar otras tendencias y posibles socios.

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HALLAZGOS CLAVE

  • Es difícil saber qué fondos de las IFI formaron parte de la respuesta al COVID-19 y cómo se han utilizado a nivel nacional y local. En su mayor parte, tanto las IFI como los gobiernos no han hecho un seguimiento ni han comunicado estos datos con precisión.
  • Muchas IFI recurrieron a una opción de desembolso rápido, o “fast-tracking”, al mismo tiempo que los gobiernos de muchos países eximían de las evaluaciones de impacto ambiental y las regulaciones, así como de los requisitos de consulta. Aunque la reducción de los plazos de desembolso para la respuesta de emergencia puede estar justificada, la debida diligencia, especialmente en lo que respecta a los impactos sobre los derechos humanos, sigue siendo esencial. Los investigadores, sin embargo, descubrieron que las evaluaciones de riesgo socioambiental de los proyectos a menudo no existían o estaban infravaloradas.
  • En un contexto en el que muchos gobiernos estaban activamente censurando la información sobre la pandemia y restringiendo la libertad de prensa y de los grupos de vigilancia cívica, como se pone de manifiesto en el informe de la Coalición “Silencio insano”, las IFI no garantizaron un grado básico de transparencia y participación. Los programas financiados por las IFI no solo no consultaron con el público en general ni con los más vulnerables a la pandemia, sino que en múltiples casos excluyeron a los expertos y a las asociaciones médicas, lo que tuvo efectos adversos en la salud y la seguridad, así como en la rendición de cuentas.
  • El apoyo de las IFI a la protección social representó solo una fracción de los fondos de ayuda, insuficiente para cubrir las necesidades, mientras que una cantidad desproporcionada de esos fondos se destinaron a beneficiar al sector privado.
  • Aunque muchas IFI subrayaron la necesidad de centrarse en “los más vulnerables”, en muchos casos estos programas se diseñaron sin prestar suficiente atención a garantizar la universalidad y la accesibilidad, dejando fuera a los grupos marginados y, a menudo, a los más susceptibles a los efectos de la crisis, entre ellos: los trabajadores informales, las mujeres, los migrantes, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas.
  • En muchos países, el estado de emergencia junto con las restricciones de confinamiento crearon las condiciones perfectas para el fraude y la corrupción. Esto se vio agravado por la falta de transparencia tanto de los gobiernos como de las IFI, y por el hecho de que éstas no incluyeran mecanismos de supervisión eficaces.
  • Las prescripciones neoliberales de las IFI hicieron a los países más vulnerables a la pandemia, pero las instituciones siguen impulsando reformas políticas y condicionalidades que perjudican a quienes viven en la pobreza o están marginados. Actualmente, las IFI promueven enérgicamente el paradigma de “el sector privado primero”, centrándose en potenciar la inversión privada en lugar de apoyar a los países en la reconstrucción de la capacidad estatal.
  • Los préstamos de las IFI han contribuido a disparar la deuda pública de los países en desarrollo y de renta media. Para cumplir con las obligaciones del endeudamiento, los gobiernos están adoptando cada vez más medidas de austeridad y recortes del gasto social.