Las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos de base de todo el mundo luchan para asegurar que las instituciones financieras de desarrollo (DFI, por sus siglas en inglés) respetan los derechos humanos, ya sea tratando de cambiar el tipo de proyectos de desarrollo que financian, deteniendo o cambiando proyectos perjudiciales para los que se pide financiación, exigiendo rendición de cuentas y reparación de daños o abogando por leyes y políticas que puedan prevenir futuros daños.
Modificar las políticas internas de las DFI para que incorporen normas y principios de derechos humanos no es suficiente para garantizar que los proyectos financiados por las DFI respetan los derechos humanos y asegurarse de que éstos no son violados. Sin embargo, es una estrategia fundamental garantizar que las personas tengan una oportunidad de participar en los procesos de desarrollo y que sus derechos sean tenidos en cuenta.
A continuación, algunas razones por las cuales las DFI deberían adoptar normas de derechos humanos:
Dado que son instituciones formadas por gobiernos, ninguna DFI puede argumentar que está autorizada a violar los derechos humanos. Cuando se toman decisiones a través de las DFI, los Estados miembro deben cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, independientemente de si son prestatarios o donantes.
Para los prestatarios: cuando un Estado recibe un préstamo de una DFI, debe implementar el proyecto de una manera que sea consistente con sus obligaciones de derechos humanos. Si la DFI concede un crédito a una compañía, el Estado debe asegurarse de que protege a la comunidad afectada por el proyecto de los abusos de derechos humanos que pueda cometer la compañía.
Para los donantes: las obligaciones de derechos humanos de los Estados no se detienen en las fronteras. Tienen la obligación de no financiar la violación de derechos humanos en otros países y de no obstruir la capacidad de otros países de cumplir sus obligaciones de derechos humanos para con sus ciudadanos.
Para quienes toman decisiones: los órganos rectores de las DFI –a menudo formados por los ministros nacionales de finanzas— están encargados de aprobar los proyectos a financiar y las políticas que regirán esos proyectos. Los Estados que actúan a través de las DFI deben asegurarse de no violar los derechos de aquellos que se encuentran en el extranjero cuando toman decisiones sobre políticas o actividades del banco.
Las misiones de las DFI generalmente consisten en erradicar la pobreza y apoyar el desarrollo sostenible. Las personas que viven en la pobreza son a menudo las más marginadas y vulnerables de nuestras sociedades. Un marco de derechos humanos, que enfatice los principios de igualdad y no discriminación, ofrece un enfoque sobre la protección de los derechos de las personas más necesitadas. Un marco de derechos humanos también da prioridad a la participación de aquellos afectados por los proyectos o políticas de desarrollo, lo que garantiza que el proyecto o política se ajusta mejor a sus necesidades.
Por otro lado, no garantizar el respeto por los derechos humanos en el desarrollo conduce a más pobreza y desigualdad. Los proyectos que no prevén ni abordan los problemas de derechos humanos son más propensos a verse afectados por el conflicto social y a incumplir sus objetivos.
La incorporación de normas de derechos humanos en las políticas de las DFI mejora la consistencia y la coordinación entre las diferentes instituciones y agencias gubernamentales. Las políticas de las DFI varían mucho de una institución a otra. Armonizar las políticas de las DFI con las normas de derechos humanos ayuda a evitar exigencias contradictorias, evita actividades que podrían socavar las obligaciones internacionales de los países y apoya las agendas nacionales de desarrollo de cada país.
Dentro del propio gobierno, no es raro que un ministerio no conozca o incluso socave las acciones de otros ministerios. En la mayoría de los casos, es el Ministerio de Finanzas el que representa al gobierno en sus interacciones con las DFI, en lugar de los ministerios encargados de la protección de los derechos humanos. Asegurarse de que las políticas de las DFI respetan y defienden los derechos humanos puede prevenir la falsa disyuntiva percibida entre el desarrollo y las agendas de derechos humanos.
