El desarrollo inclusivo y sostenible requiere un entorno en el que todas las personas tengan la libertad de expresar sus opiniones, ejercer sus derechos y participar plenamente en las decisiones que afecten sus vidas y sus comunidades.

Cada día, las comunidades, los movimientos sociales, los/las periodistas y otras personas cumplen una labor fundamental al proteger sus tierras y recursos de la destrucción, luchar por la igualdad de acceso a la vivienda o la educación, denunciar la corrupción y el abuso de poder y abogar por inversiones que beneficien a las personas pobres.

Sin embargo, en la actualidad cada vez más, las personas defensoras de los derechos humanos son objeto de amenazas y ataques por las actividades que realizan incluidos el acoso, la violencia física, la criminalización, la detención arbitraria y la muerte. Las amenazas y los ataques son cada vez más frecuentes en el contexto de las actividades emprendidas en nombre del desarrollo.

A través de 25 estudios de caso, Riesgos no calculados explora la naturaleza de las amenazas y de los ataques en contra de las personas defensoras en el desarrollo y examina el papel de las instituciones financieras de desarrollo (IFD) en su mitigación o exacerbación.

Vea aquí la la grabación de nuestro webinar con la presentación del informe y los testimonios de algunas representantes de comunidades impactadas por proyectos de desarrollo:

Hallazgos:

  • Las amenazas y los ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos en el contexto de las actividades de desarrollo son generalizadas.
  • Aunque las amenazas y los ataques adoptan muchas formas diferentes, a menudo comienzan cuando se etiqueta de “opositores al desarrollo” a comunidades, grupos e individuos.
  • La imposición de actividades de desarrollo sin el consentimiento o la consulta adecuada de las comunidades locales y los grupos marginados es una de las causas fundamentales de las amenazas contra las personas defensoras en el desarrollo.
  • Las IFD tienen el deber de respetar los derechos humanos y de garantizar que sus inversiones no pongan en peligro a las personas.
  • Sin embargo, frecuentemente las intervenciones para el desarrollo agudizan los riesgos que corren las personas defensoras, porque no se presta la debida atención a los derechos e intereses de las comunidades locales y de las poblaciones marginadas, ni tampoco a los riesgos contextuales y a los desequilibrios de poder que pueden llevar a que estas comunidades y poblaciones paguen los impactos negativos o se vuelvan vulnerables.
  • A menudo, las señales de alerta temprana que indican la existencia de posibles amenazas para las personas defensoras se ignoran y se pasan por alto.
  • Las IFD disponen de una amplia gama de recursos e influencia que pueden usar para cambiar la ecuación de riesgo de las personas defensoras en peligro, pero con frequencia dejan pasar oportunidades para crear proactivamente momentos que potencien el apoyo a los derechos de las comunidades y las personas defensoras, y se resisten a utilizar de manera efectiva sus herramientas y su influencia.
  • Desafortunadamente, con frecuencia las IFD guardan silencio ante las amenazas y los ataques, o sus respuestas son insuficientes o tardías, y las personas defensoras y las comunidades quedan desprotegidas y los daños no se reparan.
  • Varias IFD están empezando a abordar las amenazas en contra de las personas defensoras en el desarrollo, pero hace falta mucho más.

Para abordar con eficacia la reducción del espacio para la participación en los procesos de desarrollo y las crecientes amenazas contra las personas defensoras se necesita no solo un cambio en las políticas y las prácticas, sino también un giro fundamental que ubique a los derechos humanos y a las comunidades locales en el centro de cómo se concibe y se implementa el desarrollo.

MAPA - Estudios de caso

Recomendaciones Claves

1. Respetar los derechos y prevenir daños. Garantizar que las actividades de desarrollo respeten los derechos humanos, al adoptar medidas como una debida diligencia rigurosa en materia de derechos humanos, a fin de prevenir los impactos negativos; evaluar los proyectos para detectar el riesgo de represalias antes de la aprobación de los mismos; elaborar protocolos, requisitos contractuales y usar su influencia para identificar, prevenir y mitigar los riesgos que enfrentan las personas defensoras; condicionar las decisiones de inversión y los desembolsos a la capacidad de prevenir abusos, garantizar un entorno favorable para las personas defensoras de los derechos humanos y resolver adecuadamente los impactos que podrían tener sobre los derechos humanos.

2. Garantizar un entorno favorable para la participación. Asegurar que las comunidades, las personas defensoras y otros grupos en situación de riesgo puedan acceder a la información; garantizar que puedan, de manera plena y eficaz y sin temores, expresar sus puntos de vista, protestar, oponerse y participar en la toma de decisiones y las actividades de desarrollo, y garantizar que los proyectos de desarrollo obtengan y conserven el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas o el apoyo amplio y de buena fe de otras comunidades, desde las primeras fases de diseño y preparación.

3. Escuchar a las personas defensoras y monitorear los riesgos. Mantener un proceso de retroalimentación directa con las comunidades; establecer una supervisión activa y sistemas para el monitoreo sistemático, independiente y participativo de los impactos sobre los derechos humanos y los riesgos de represalias; y, garantizar que las comunidades, incluidas las personas defensoras y otros grupos marginados, puedan acceder sin preocupación a mecanismos efectivos e independientes de queja, rendición de cuentas y respuesta a represalias.

4. Respaldar a las personas defensoras amenazadas. Combatir la estigmatización de las personas defensoras al ratificar con firmeza su papel fundamental en el desarrollo sostenible. Trabajar con las personas defensoras amenazadas para elaborar e implementar planes de prevención y respuesta eficaces que utilicen toda la influencia necesaria ante las empresas, las autoridades, los organismos financieros y los agentes pertinentes para proteger a las personas defensoras y su derecho a permanecer en sus territorios y comunidades y continuar sus esfuerzos de defensa, para investigar y sancionar los abusos y evitar que vuelvan a ocurrir, y para que haya reparación y rendición de cuentas eficaces por los daños sufridos.

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