Silencio insano

COVER spared

Desde el comienzo de la pandemia, el personal sanitario, periodistas, defensores/as de derechos humanos  y otras personas han criticado o examinado valientemente las respuestas inadecuadas al COVID-19. Por hacerlo, muchas/os de ellas/os han sido amenazadas/os, atacadas/os o detenidas/os.

Los bancos de desarrollo han desempeñado un papel crucial en la financiación y configuración de las respuestas a la pandemia, aportando más de 150.000 millones de dólares. Sin embargo, no han tomado medidas concretas para garantizar que - en el contexto de la respuesta a la COVID-19 que estaban apoyando- la gente pudiera expresar libremente y con seguridad sus opiniones y plantear sus preocupaciones.

La documentación de distintos proyectos muestra que los bancos no han realizado una evaluación previa de la situación de los derechos humanos en relación con la libertad de expresión, que habría revelado fácilmente las dificultades y los obstáculos a la participación en esos países. Y cuando se produjeron casos de represalias, guardaron silencio.

El informe "Silencio insano: La inacción de los bancos de desarrollo ante las represalias durante la COVID-19", publicado el 27 de julio de 2021 por la Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo, ARTICLE 19 e IFEX, examina las represalias a las que se han enfrentado quienes han cuestionado las respuestas a la pandemia y expone cómo los bancos de desarrollo no tomaron medidas para prevenir y abordar las represalias relacionadas con los proyectos de respuesta al COVID-19 que apoyaron.

La versión completa - que incluye estudios de casos de Nicaragua y Guatemala - está disponible en inglés aquí.

CONCLUSIONES PRINCIPALES

Los/las periodistas, las personas defensoras de los derechos humanos, el personal médico y de enfermería, así como los ciudadanos de a pie han sido criminalizados/as o atacados/as por denunciar aspectos de la respuesta a la pandemia de COVID-19 financiados directamente por los bancos de desarrollo. Se han enfrentado a amenazas, detenciones, procesos judiciales, encarcelamientos, torturas e incluso asesinatos, por el mero hecho de haber publicado información sobre las tasas de mortalidad del COVID-19, advertir sobre la falta de Equipos de Protección Personal (EPP), criticar la falta de respuesta a las consecuencias económicas de la pandemia o plantear cualquier otra cuestión relacionada con los proyectos apoyados por las IFI.

Hasta el 15 de junio de 2021, las IFI habían destinado US$ 150.540 millones para financiar las respuestas al COVID-19, a través de 1.332 proyectos.3 Muchos proyectos apoyados por las IFI han incluido la sensibilización y la comunicación de riesgos4 sobre la pandemia como un componente clave, reconociendo así la importancia de una información pública precisa y generalizada. Sin embargo, en muchos de esos mismos países, las personas que proporcionan información sobre la pandemia o hablan de la propagación del virus han sido fuertemente reprimidas.

Las amenazas y los ataques contra las personas que critican la respuesta al COVID-19 son generalizados, e implican a una amplia gama de países y financiadores del desarrollo. Al menos 335 personas sufrieron represalias, en un total de 35 países que recibieron o reciben apoyo financiero de las IFI para su respuesta a la pandemia de COVID-19.

Las represalias pueden adoptar muchas formas diferentes. En la gran mayoría de los casos (que afectaron a 233 personas), consistieron en algún tipo de criminalización, detención o condena a prisión; 56 personas sufrieron abusos físicos o torturas; al menos 13 personas, casi todas personal sanitario, fueron despedidas; 17 personas fueron amenazadas y 6 personas fueron asesinadas.

La mayoría de las represalias se han producido en un contexto general de fuertes restricciones a las libertades cívicas, incluyendo la declaración de estados de excepción, leyes especiales sobre noticias falsas y desinformación que restringen la libertad de expresión con formulaciones vagas y amplias, así como la persecución activa de las voces disidentes.

Las IFI no cumplieron sus compromisos de garantizar que las personas afectadas por las respuestas al COVID-19 pudieran opinar y ejercer su derecho a la libertad de expresión.

 Las IFI no han actuado de forma decisiva ni han adoptado medidas concretas para prevenir y abordar las represalias. Algunos proyectos de respuesta a la pandemia de COVID-19 se aprobaron incluso después de que se produjeran represalias, muchas de las cuales eran públicas y conocidas, y habían suscitado fuertes reacciones de la comunidad local e internacional.

La documentación de distintos proyectos muestra que las IFI no han realizado una evaluación previa de la situación de los derechos humanos en relación con la libertad de expresión, que habría revelado fácilmente las dificultades y los obstáculos a la participación en esos países. También habría expuesto claramente la necesidad de adoptar medidas preventivas para proteger a las personas de eventuales represalias por criticar las respuestas financiadas por los bancos.

Cuando las organizaciones de la sociedad civil (OSC) plantearon su preocupación por las graves restricciones a la libertad de expresión en los países que recibieron financiación para responder a la pandemia, las respuestas de los bancos no abordaron los puntos planteados, incluso cuando había pruebas claras de que las represalias estaban directamente relacionadas con los proyectos de los bancos.

Las restricciones a la libertad de expresión afectan directamente a la calidad y eficacia de la respuesta al COVID-19 que las IFI buscan apoyar, y crean problemas de incumplimiento de sus propias políticas de participación pública y de las partes interesadas.