Esa semana varios movimientos sociales y organizaciones de pueblos indígenas hondureños pidieron al Banco Mundial que, en vista de los persistentes ataques contra defensores de derechos humanos, suspenda su financiamiento en Honduras «hasta que existan condiciones justas y reales mínimas para que las comunidades indígenas y campesinas puedan defender sus derechos y sobre todo que estas poblaciones milenarias puedan decidir libremente sobre sus territorios».
En una carta al presidente del Banco Mundial, Jim Kim, el 27 de mayo, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y la Plataforma Agraria Regional del Bajo Aguan criticaron las declaraciones recientes de Kim con respecto a la situación actual en Honduras y el asesinato de Berta Cáceres, una lideresa indígena que luchó contra megaproyectos dañinos que amenazaban al pueblo Lenca.
La carta explica que «después de expresar condolencias, usted defendió la necesidad de desalojar comunidades en Honduras para dar entrada a proyectos energéticos», asegurando que esas declaraciones “justifican violaciones graves y demuestran un desfase fundamental con el mandato del Banco Mundial, la eliminación de la pobreza y la promoción de la prosperidad compartida”. La carta continúa “la realidad es lo opuesto, no es posible realizar el trabajo que por mandato deben realizar cuando crímenes como este ocurren».
Además de exigir que el Banco suspenda el financiamiento para el sector tanto público como privado en Honduras, los grupos están pidiendo una revisión independiente de las políticas y proyectos promovidos por el Banco Mundial y sus contribuciones a la crisis de derechos humanos en Honduras, así como el financiamiento para cambiar el sistema de administración de tierras en Honduras y la promoción de inversiones en energía e industrias extractivas. Los autores preguntan cómo puede ser que la Corporación Financiera Internacional, el brazo del Banco Mundial para el financiamiento del sector privado, no haya podido acertar el destino final de sus financiamientos en Honduras, puesto que un gran parte de sus inversiones pasan por financieras intermedias. El año pasado, Berta Cáceres entrego una queja a la CFI sobre 49 concesiones para proyectos energéticas y minería en el territorio Lenca, pero de todos modos, la CFI no pudo verificar si esos proyectos cuentan con financiamiento de la CFI.
“Mientras que el gobierno de Honduras cada día apuesta por la injusticia, niega aceptar la asistencia internacional necesaria, se rehúsa aplicar las resoluciones vinculantes de los órganos jurídicos internacionales, no es posible que el Banco Mundial siga financiando inversiones que provocan la militarización del país, destrucción del ambiente, desojo, desplazamiento, violencia, pobreza y muerte en las comunidades más vulnerables.»
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