Desde el comienzo de la pandemia, médicos, enfermeras, periodistas y otras personas trabajadoras de primera línea han criticado o escudriñado con valentía las inadecuadas respuestas al COVID-19 apoyadas por gobiernos, bancos públicos de desarrollo y otros actores. Por hacerlo, muchos de ellos han sido amenazados, agredidos o detenidos.
El informe «Silencio insano: La inacción de los bancos de desarrollo ante las represalias durante el COVID-19», publicado el 27 de julio de 2021 por la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, ARTICLE 19 e IFEX, arroja luz sobre las despiadadas represalias a las que se han enfrentado quienes han cuestionado las respuestas a la pandemia y expone cómo los bancos de desarrollo no tomaron medidas para prevenir y abordar las represalias relacionadas con los proyectos de COVID-19 que apoyaron.
conclusiones PRINCIPALES
- Periodistas, personas defensoras de los derechos humanos, trabajadoras sanitarias y ciudadanas de a pie han sido criminalizadas o agredidas por denunciar aspectos de la respuesta a COVID-19 financiada directamente por bancos de desarrollo.
- Hasta el 15 de junio de 2021, las IFI habían destinado 150.54 miles de millones de USD para financiar respuestas al COVID-19, a través de 1332 proyectos. Muchos proyectos apoyados por las IFI han incluido la sensibilización sobre el COVID-19 como un componente clave. Sin embargo, en muchos de esos mismos países, las personas que proporcionan información sobre la pandemia o hablan de la propagación del virus han sido fuertemente reprimidas.
- Al menos 335 personas sufrieron represalias, en 35 países que recibieron o reciben ayuda financiera para su respuesta al COVID-19.
- En la gran mayoría de los casos (que afectaron a 233 personas), las represalias consistieron en algún tipo de criminalización, detención o pena de prisión; 56 personas sufrieron malos tratos físicos o tortura; al menos 13 personas, casi todas personal sanitario, fueron despedidas; 17 personas fueron amenazadas; 6 personas fueron asesinadas.
- La mayoría de las represalias se han producido en un contexto general de fuertes restricciones de las libertades cívicas y de persecución activa de las voces disidentes.
- Las restricciones a la libertad de expresión afectan directamente a la calidad y eficacia de la respuesta a la COVID-19 que los bancos pretenden apoyar.
La pandemia de COVID-19 ha demostrado lo vital que es que la gente pueda hablar y compartir información. Sin embargo, los profesionales de la medicina, periodistas, activistas y otras personas que han informado al público o cuestionado la forma en que se ha gestionado la crisis se han enfrentado a acoso y ataques. Los bancos internacionales de desarrollo, en particular, no han garantizado que sus préstamos no se utilicen para socavar el derecho a la libertad de expresión e información. Pedimos a estas instituciones que protejan la libertad de expresión exigiendo responsabilidades a los gobiernos, y que denuncien cuando se vulneren estas y otras libertades.
¿Quieres ayudarnos a exigir responsabilidades a los bancos de desarrollo y pedirles que pongan fin a las represalias?
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