Carta Abierta a los Estados y a los Financiadores del Desarrollo sobre la necesidad de salvaguardar a las personas defensoras de los derechos humanos y garantizar la participación pública en los procesos de desarrollo

2018 marca el 70° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 20° aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos y el 25° aniversario de la Declaración y el Programa de Acción de Viena. Estos instrumentos han sido clave para reconocer los derechos fundamentales a nivel mundial y afirmar el papel que desempeñan las personas defensoras de los derechos humanos (DDH) en la protección de estos derechos y garantizar un desarrollo sostenible y equitativo para todas y todos. Si bien se han logrado muchos avances, las DDH enfrentan más que nunca un mayor riesgo de represalias y violencia, especialmente aquellas que trabajan en defensa de los derechos al territorio, al medio ambiente y de los pueblos indígenas. Si bien las intervenciones de desarrollo pueden ser una herramienta poderosa para la realización de los derechos humanos, con demasiada frecuencia las actividades emprendidas en nombre del desarrollo no consideran adecuadamente las condiciones de los derechos humanos y terminan por exacerbar los riesgos para las defensoras y los defensores. A la luz de esto, la Campaña de Defensorxs en el Desarrollo[1] llama a las instituciones financieras del desarrollo y sus paises miembros a garantizar que intervenciones de desarrollo respeten los derechos humanos, eviten causar o contribuir a abusos de derechos, garanticen un entorno propicio para la participación pública y salvaguarden a las personas DDH.

Las defensoras y defensores de los derechos humanos son una fuerza crítica para la protección de los derechos humanos e integrales para el éxito de otras iniciativas globales como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La importante labor de las DDH ha sido reconocida reiteradamente a nivel internacional y nacional, y sus contribuciones han sido vitales para proteger el territorio y el medio ambiente, garantizar unas condiciones de trabajo justas y seguras, luchar contra la corrupción y respetar las culturas y los derechos indígenas[2]. De hecho, a través de la Declaración sobre el derecho al desarrollo, los Estados acordaron que el desarrollo debe llevarse a cabo de manera que «puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales» con la «autodeterminación de los pueblos» y la «participación libre y significativa» de individuos y comunidades. Las DDH juegan un papel clave en la realización del derecho al desarrollo.

A pesar de la creciente conciencia del papel de las DDH en el desarrollo sostenible, el costo humano de la defensa de los derechos sigue siendo inaceptablemente alto. Aquellas y aquellos que trabajan en defensa de los derechos al territorio, al medio ambiente o de los pueblos indígenas -los derechos que con mayor frecuencia se violan en el contexto del desarrollo y las actividades relacionadas de inversión – están en mayor riesgo. Se los somete rutinariamente a estigmatización, etiquetados como «anti-desarrollo», que a menudo conducen rápidamente a la criminalización, las amenazas y los ataques físicos. También es más probable que sean asesinados que los defensores que trabajan en otros sectores. Desde la aprobación de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos en 1998, se estima que unos 3.500 defensores de los derechos humanos han sido asesinados debido a su trabajo pacífico en defensa de los derechos de los demás[3]. Solo en 2017, al menos 312 defensores de los derechos humanos fueron asesinados, 67 por ciento de los cuales trabajaban en defensa de la tierra y el territorio en el contexto de grandes inversiones, industrias extractivas y grandes negocios[4]. Para las mujeres defensoras y otros grupos marginados, los riesgos son aún más agudos.

La Declaración sobre las personas Defensoras de los Derechos Humanos reconoce que todos tienen derecho a «promover y luchar por la protección y la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales». De particular importancia para los procesos de desarrollo, la Declaración afirma el derecho al acceso efectivo a la participación en los asuntos públicos, incluida la presentación de críticas u opiniones opuestas o propuestas alternativas. Además, «destaca que todos los miembros de la comunidad internacional cumplirán, conjunta y separadamente, su solemne obligación de promover y fomentar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos sin distinción … y reafirmando la particular importancia de lograr cooperación para cumplir con esta obligación …».

Desafortunadamente, con demasiada frecuencia las intervenciones de desarrollo se diseñan e implementan sin una consideración adecuada del contexto de los derechos humanos en el que se ejecutan y los posibles impactos en los derechos humanos que pueden resultar. Vemos esto en medidas de austeridad que resultan en la pérdida de acceso a servicios esenciales, reformas comerciales que exacerban el acaparamiento de tierras o proyectos de infraestructura que resultan en conflictos sociales. Si bien las instituciones financieras de desarrollo y muchos Estados se han comprometido con la transparencia y la participación, en la práctica las decisiones de desarrollo a menudo se toman sin la participación significativa de la sociedad civil y se imponen a las comunidades sin su consentimiento o consulta. Cuando no se presta suficiente atención al contexto de derechos humanos de una inversión determinada, incluso las intervenciones mejor intencionadas pueden avivar el conflicto, alimentar la corrupción o afianzar la discriminación.

Los Estados tienen la obligación de garantizar que se respeten y protejan los derechos humanos y que exista un entorno propicio para que las defensoras y los defensores puedan realizar su trabajo crítico. Esta obligación incluye las acciones de los Estados para implementar o financiar actividades de desarrollo y se extiende a su membresía dentro de las instituciones financieras multilaterales de desarrollo. Los propios bancos de desarrollo tienen obligaciones de derechos humanos y un papel fundamental que desempeñar para garantizar que sus inversiones no causen ni contribuyan a amenazas o ataques contra defensoras y defensores. Las Instituciones Financieras del Desarrollo (IFD) y otros actores del desarrollo deben garantizar que el desarrollo sirva para apoyar la realización de los derechos humanos, promoviendo un espacio seguro para que las comunidades y la sociedad civil participen y forjen los procesos de desarrollo y ejerzan sus libertades fundamentales. Las IFD ejercen una influencia significativa tanto a través de los préstamos para proyectos como de la promoción de políticas públicas y la fijación de estándares. Como tales, ayudan a configurar las condiciones locales y nacionales que determinan si las personas y las comunidades afectadas por las actividades de desarrollo pueden participar de manera segura o influir en los procesos de desarrollo.

La Campaña de Personas Defensoras en el Desarrollo reitera su llamamiento a las IFD para que tomen todas las medidas necesarias para garantizar que sus actividades no causen ni contribuyan a las violaciones de los derechos humanos, y promuevan un espacio seguro para que las comunidades y la sociedad civil participen y forjen los procesos de desarrollo y ejerzan sus libertades fundamentales. Esto incluye desarrollar políticas públicas sobre las defensoras y los defensores de los derechos humanos y protocolos para prevenir y responder a los riesgos de represalias, garantizar el acceso significativo a la información y el consentimiento firme, libre, previo e informado de los pueblos indígenas y la consulta a otras comunidades afectadas. Las IFD también deben llevar a cabo una debida diligencia continua de derechos humanos para identificar y abordar los riesgos de los derechos humanos en todas sus actividades y durante toda la vida del proyecto, incluidos los impactos residuales que pueden continuar sintiéndose mucho después de que se cierre un proyecto. Las IFD deben garantizar mecanismos efectivos mediante los cuales las defensoras y los defensores puedan alertarlos de manera segura sobre entornos deteriorados o riesgos de conflicto y represalias. También enfatizamos la responsabilidad de las IFD de, a través de su investigación, comunicaciones públicas y diálogo con los Estados y el sector privado, promover un entorno propicio para la participación pública y la rendición de cuentas, en el que las personas puedan desarrollar sus propias agendas de desarrollo y hagan rendir cuentas a sus gobiernos, donantes, negocios, IFD y otros actores.

Como propietarios y accionistas de los bancos de desarrollo, los gobiernos deben hacer más para garantizar que las IFD cumplan sus obligaciones de derechos humanos y promuevan el desarrollo sostenible. Si bien acogemos con satisfacción las medidas adoptadas por algunos Estados para crear un entorno seguro y propicio para las DDH, es preocupante que los gobiernos estén socavando estos esfuerzos mediante las acciones de sus bancos nacionales de desarrollo, la cooperación bilateral para el desarrollo y otras IFD en las que participan. Dado el aumento alarmante de los ataques contra defensoras y defensores dentro de las actividades de desarrollo, instamos a los gobiernos a que presten más atención a este tema y al papel fundamental de las IFD. En este sentido, al celebrar el 70º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 20º aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos y el 25º aniversario de la Declaración y el Programa de Acción de Viena, hacemos un llamamiento a los Estados y a las IFD a:

Tomar medidas urgentes para la promulgación de las reformas descritas anteriormente y la promoción de un entorno propicio para los derechos humanos y la participación pública significativa en los procesos de desarrollo;

Aprovechar el aniversario de estos importantes hitos en materia de derechos humanos para llamar la atención sobre el papel fundamental que desempeñan las defensoras y los defensores de los derechos humanos para garantizar un desarrollo eficaz, equitativo y sostenible; y

Hacer un compromiso público para tomar todas las medidas necesarias para garantizar que sus políticas de desarrollo, inversiones, cooperación y otras actividades respeten, protejan y cumplan los derechos humanos, eviten las represalias y resguarden a las defensoras y los defensores.

Center for Justice and International Law (CEJIL), Americas

Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Argentina

Aporte Interdisiciplinario para la Región (AIRE), Argentina

Ministerio de la Defensa Pública de Provincia de CHUBUT, Argentina

FARN, Argentina

Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO), Argentina

Fundación Cambio Democrático, Argentina

Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Argentina

Fundación TEA Trabajo – Educación – Ambiente, Argentina

EcoLur Informational NGO, Armenia

Asian Peoples Movement on Debt and Development, Asia Region

Oil Workers’ Rights Protection Organization Public Union, Azerbaijan

Open Azerbaijan Initiative, Azerbaijan

CLEAN (Coastal Livelihood and Environmental Action Network), Bangladesh

Catapa, Belgium

Counter Balance, Belgium

European Network Oscar Romero Commitees, Belgium

Sociedad Civil (Fico Motors), Bolivia

Academia Nacional de Bellas Artes, Bolivia

Christian Aid, Brazil

Za Zemiata, Bulgaria

Centre for Environmental Information and Education, Bulgaria

Social Justice Connection, Canada

MiningWatch Canada, Canada

Holarctic Bridges, Canada

TSEU/ECSD, Commonwealth Independent States

Asociación Ambiente y Sociedad, Colombia

Christian Aid, Colombia

Equipo Nizkor – Radio Nizkor, Colombia

Comité Ambiental en Defensa de la Vida, Colombia

Corporación Regional Yareguíes-Grupo de Estudios Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio, Colombia

Asociación de Afrodescendientes Nelson Mandela ASAFRONELMAN, Colombia

Apolonia organizacion social de mujeres negras afrocolombianas Raizal y palenqueras, Colombia

OEARSE, Congo

Actions pour les Droits, l’Environnement et la Vie ( ADEV), Congo

Zelena Akcija – Friends of the Earth Croatia, Croatia

Hnuti DUHA – Friends of the Earth Czech Republic, Czech Republic

Centre for Transport and Energy, Czech Republic

Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), Ecuador

Estonian Green Movement, Estonia

Mexico Group, Finnish Peace Union, Finland

Indigenous Peoples and the Earth, Activist Specialist Group, Finland

Collectif Guatemala, France

FIACAT, France

Avocats Sans Frontières France, France

Agir Ensenble pour les Droits de l’Homme, France

Alliance of Lawyers for Human Rights, France

Terre des Hommes France, France

Français du monde-Adfe, France

Green Alternative, Georgia

Urgewald, Germany

Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad “CEIBA”, Guatemala

Action Aid Guatemala, Guatemala

CBM, Guatemala

Oxfam en Guatemala, Guatemala

AJKEMAB’, Guatemala

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial – ECAP, Guatemala

Asociación de Entidades de Desarrollo y de Servicios No Gubernamentales de Guatemala -ASINDES-, Guatemala

National Society of Conservationists – Friends of the Earth Hungary, Hungary

Centre for Research and Advocacy Manipur, India

Indigo Law, India

Centre for the Sustainable use of Natural and Social Resources, India

Aksi! for gender, social and ecological justice, Indonesia

Center for International Environmental Law (CIEL), International

Socio-ecological union International, International

Protection International, International

International Accountability Project, International

International Indigenous Peoples Movement for Self-Determination and Liberation (IPMSDL), International

Front Line Defenders, Ireland

Avvocato, Unione forense per i diritti umani, Rete In difesa di, Commissione diritti umani Ordine avvocati Milano, Italy

Unione forense per i diritti umani , Osservatorio solidarietà carta di Milano, Italy

Italian Association of Democratic Lawyers, Italy

No Peace without Justice, Italy

Endangered Lawyers Project, Italy

Associazione Italiana Organizzazioni di Solidarietà e Cooperazione Internazionale (AOI), Italy

Abnaa Alnazehein Organization in Massan, Iraq

Women and children affairs, Iraq

Public Association “Dignity”, Kazakhstan

Water partnership for Central Asia, Kazakhstan​​

Center for Introduction of New Environmentally Safe Technologies, Kazakhstan​​

Save Lamu, Kenya

Jamaa Resource Initiatives, Kenya

Narasha Community Development Community, Kenya

Kijiji Yeetu, Kenya

Tinada Women Group, Kenya

Inuka Success Youth Group, Kenya

Young Advocates Community Project (YACOP), Kenya

Coalition for Substance Abuse Prevention Initiatives (COSAI), Kenya

Livero Consortium Community Based Organization, Kenya

Local Initiatives Development Agency (LIDA), Kenya

Tinada Youth Organization (TIYO), Kenya

Jamaa Resource Initiatives, Kenya

Oxfam International, Kenya

Global Non-State Actors Disaster Risk Reduction Network, Kenya

Human Development Center “Tree of Life”, Kyrgyzstan

Green Liberty, Latvia

Green Advocates International, Liberia

Atgaja, Lithuania

Eko-Svest, Macedonia

EnvironSolutions Ltd, Mauritius

JASS -JUST ASSOCIATES-, Mesoamerica, Southern Africa, Southeast Asia

Red de Género y Medio ambiente, Mexico

IMDEC AC, Mexico

Project on Organizing, Development, Education and Research (PODER), Mexico/Latin America

Centro de Colaboración Cívica, México

Arab Watch Coalition For Just development, Middle East and North Africa region

Oyu Tolgoi Watch, Mongolia

Centre for Human Rights and Development, Mongolia

Psychological Responsiveness NGO, Mongolia

Steps without Border, Mongolia

Society for Protection of Citizens from Narcotics & Intoxicating Substances, Mongolia

Women -XXI Century, Mongolia

New Administrative Initiative, Mongolia

National Center Against Violence, Mongolia

True Care, Mongolia

Human Rights Centre for Citizen Support, Mongolia

Rivers without Boundaries Coalition, Mongolia

Tuva eej NGO, Mongolia

Informal Sector Service Center (INSEC), Nepal

Youth for Environment Education And Development Foundation (YFEED Foundation), Nepal

Community Empowerment and Social Justice Foundation (CEMSOJ), Nepal

Both ENDS, Netherlands

Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO), Netherlands

Labour, Health and Human Rights Development Centre, Nigeria

Africa Law Foundation (AFRILAW), Nigeria

Foundation For Environmental Rights,Advocacy & Development(FENRAD), Nigeria

Arctic Consult, Norway

Pakistan NGOs Forum, Pakistan

CooperAcción, Peru

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Peru

Saint Louis University, Philippines

Legal Rights and Natural Resources Center (LRC-KsK), Philippines

Concerned Citizen’s of Sta. Cruz (CCOS), Philippines

Convergence of Initiatives for Environmental Justice, Inc. (CIEJ), Philippines

Alyansa Tigil Mina, Philippines

LILAK-Purple Action for Indigenous Women, Philippines

NASSA/Caritas-Manila, Philippines

Alternative Forum for Research in Mindanao (AFRIM), Philippines

Unahin Natin Lagi Ang Diyos (UNLAD), Philippines

Marinduque Council for Environmental Concerns (MACEC), Philippines

Ancestral Land and Domains Watch (ALDAW), Philippines

Save Sierra Madre Network (SSMN), Philippines

Romblon Ecumenical Forum Against Mining / Island Sentinel League for the Environment (REFAM/ISLE), Philippines

Baywatch Foundation, Philippines

Maporac Aeta Organization (MAO), Philippines

SANLAKAS, Philippines

Alliance of Associations Polish Green Network, Poland

Polish Green Network, Poland

NGO Forum on ADB, Regional

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Regional

CEE Bankwatch Network, Regional

WoMin African Alliance, Regional

Bank Information Center Europe, Regional

Center of satellite monitoring and civic watch, Russia

Biodiversity Conservation Center, Russia

Plotina.Net, Russia

Sakhalin Environmental Watch, Russia

Daursky Biosphere reserve, Russia

Baikalskii Gosudarstvennyi Zapovednik, Russia

Assosiation of Journalists-Environmentalists, Russia

Center for Ecology and Sustainable Development, Serbia

Committee for human rights, Serbia

Campaign for Human Rights and Development International, Sierra Leone

Friends of the Earth – CEPA, Slovakia

Focus Association for Sustainable Development, Slovenia

Centre for Applied Legal Studies, South Africa

CIVICUS World Alliance for Citizen Participation, South Africa

Human Rights Institute of South Africa (HURISA), South Africa

South Sudan Law Society, South Sudan

Asociacion de Investigacion y Especializacion Sobre Temas Iberoamericanos (AIETI), Spain

Environmental Law Center, Swaziland

SweFOR Swedish Fellowship of Reconciliation, Sweden

International Service for Human Rights, Switzerland

Peace Watch Switzerland (PWS), Switzerland

Plataforma Internacional contra la Impunidad, Switzerland

Community REsource Centre, Thailand

Manushya Foundation, Thailand

Collectif des Associations Contre l’Impunité au Togo, Togo

Association Tunisienne de Droit du Développement, Tunisia

Tunisie Terre des Hommes, Tunisia

Friends with Environment in Development, Uganda

National Union Of Disabled Persons of Uganda, Uganda

Buliisa Initiative for Rural Development Organisation (BIRUDO), Uganda

Defenders Protection Intiative -DPI, Uganda

Spectrum Uganda initiatives Inc, Uganda

Justice Is A Right, Uganda

ABColombia, United Kingdom

Business and Human Rights Resource Centre (BHHRC), United Kingdom

Forest People’s Programme, United Kingdom

Global Witness, United Kingdom

Law Society, United Kingdom

Minority Rights Group, United Kingdom

Peace Brigades International UK, United Kingdom

The Bretton Woods Project, United Kingdom

London Mining Network, United Kingdom

Ecoaction, Ukraine

National Ecological Centre of Ukraine, Ukraine

Partnership for Global Justice, United States of America

The Altai Project, United States of America

Indigenous Concerns Resource Center, United States of America

Institute for Policy Studies, United States of America

Maryknoll Office for Global Concerns, United States of America

Occupy Bergen County (N.J.), United States of America

Sisters of Mercy of the Americas’ Institute Justice Team, United States of America

China-Latin America Sustainable Investments Initiative, United States of America

Accountability Counsel, United States of America

International Labor Rights Forum (ILRF), United States of America

International Indigenous Fund for development and solidarity “Batani”, United States of America

Urgent Action Fund for Women’s Human Rights (UAF), United States of America

Share your Mana, United States of America

Freedom House, United States of America

Heinrich Boell Foundation – Washington, DC, United States of America

Bank Information Center, United States of America

Crude Accountability, United States of America

Universal Human Rights Defenders Coalition, United States of America

Inclusive Development International, United States of America

The Fund for Global Human Rights, United States of America

Said Yanyshev, Uzbekistan

Yemeni Observatory for Human Rights, Yemen

Zambia Council for Social Development, Zambia

Southern African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (SACCORD), Zambia

Zimbabwe Environmental Law Association, Zimbabwe

 

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[1] La Campaña Defensorxs en el Desarrollo es una amplia coalición de activistas comunitarios, organizaciones de defensa y grupos de rendición de cuentas de todo el mundo que se han unido para abordar el creciente peligro que enfrentan quienes defienden sus derechos en el contexto de las actividades de desarrollo y las inversiones. https://rightsindevelopment.org/nuestro-trabajo/los-defensores-de-derechos-humanos/?lang=es

[2] Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, A / 72/150 (julio de 2017).

[3] https://www.amnesty.ie/remembering-killed-defending-human-rights/

[4] https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/annual-report-human-rights-defenders-risk-2017; https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defenders-annual-report/