Por Emma Camarlinghi, becaria
A lo largo y ancho de América Latina, las comunidades locales siguen enfrentándose a amenazas procedentes de las industrias extractivas a gran escala, la degradación medioambiental y la reducción del espacio cívico. Pero las comunidades no se quedan de brazos cruzados. Están defendiendo sus territorios mediante la organización local, la acción legal y una potente colaboración transfronteriza.
Este año, el Intercambio de Recursos Comunitarios (CRE) celebró una serie de seminarios web sobre defensa jurídica de base, coorganizados con Earth Law Center, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Estas sesiones crearon espacios para intercambiar ideas, escuchar directamente las luchas locales y trazar herramientas y estrategias que las comunidades pueden adaptar a sus propias realidades.
Cuatro historias, un desafío común
1. Cajamarca, Colombia: el derecho a decidir
Cajamarca es una región agrícola de la Cordillera Central de Colombia, conocida por sus suelos fértiles y sus abundantes fuentes de agua. A principios de la década de 2000, la empresa multinacional AngloGold Ashanti adquirió títulos mineros en la zona sin consultar debidamente a las comunidades locales.
Como dijo Jefferson, un líder comunitario: «No sabíamos nada sobre minería… tuvimos que aprender lo que significaba el extractivismo para nuestra agua y nuestros medios de vida».
La comunidad organizó actividades de educación popular y movilizaciones masivas, mostrando a los residentes urbanos cómo sus sistemas alimentarios dependen de las tierras agrícolas de Cajamarca. En 2017, los residentes celebraron una consulta popular, una herramienta de referéndum legal, y rechazaron por abrumadora mayoría el proyecto de megaminería propuesto.
Pero a pesar de haber ganado en las urnas, la población de Cajamarca se ha enfrentado a continuas demandas judiciales y a la presión de las empresas. El caso pone de relieve la necesidad de reforzar las protecciones legales que respeten las decisiones de la comunidad.
2. Río Marañón, Perú: reconocimiento de los derechos de la naturaleza
El río Marañón, uno de los principales afluentes del Amazonas, tiene un profundo significado cultural y espiritual para el pueblo kukama. Con el apoyo del Earth Law Center, las mujeres kukama presentaron una demanda estratégica para que se reconociera al río como sujeto de derecho con derecho a fluir libremente, permanecer sin contaminación y sustentar la vida.
Su argumento se basó en el derecho internacional de los derechos humanos, incluida la Opinión Consultiva 23 de la Corte Interamericana, que afirma el valor intrínseco de la naturaleza y el derecho a un medio ambiente saludable. La campaña combinó la organización local, herramientas legales como el Amicus Curiae y la incidencia internacional.
Tras años de esfuerzos, el tribunal peruano dictó una sentencia histórica en 2024: se reconocieron oficialmente los derechos del río Marañón y se nombró a las comunidades kukama sus guardianes legales.
Mari Luz Canaquiri Murayari, presidenta de la Federación de Mujeres Kukama, recibió el Premio Goldman del Medio Ambiente por su liderazgo, lo que demuestra cómo la cosmovisión indígena y los litigios comunitarios pueden conducir al reconocimiento mundial.
3. Punchana, Perú: injusticia medioambiental y soluciones estructurales
En Punchana, un distrito de la región de Loreto, los residentes de los barrios marginados se enfrentaban a una grave contaminación provocada por los residuos sin tratar de los hospitales y los mercados que fluían hacia los canales. Las familias, muchas de las cuales vivían en condiciones de extrema pobreza, sufrían una exposición crónica al agua contaminada, especialmente durante la temporada de lluvias.
Los líderes comunitarios, con el apoyo de aliados locales, desempeñaron un papel crucial a la hora de poner en contacto a los residentes con equipos jurídicos y hacer avanzar el caso. Juntos, argumentaron que la situación violaba los derechos fundamentales a la salud, la dignidad y un medio ambiente limpio.
En una sentencia histórica, el tribunal declaró una «situación inconstitucional», reconociendo el fracaso sistemático de las autoridades locales y regionales para abordar el problema. La decisión ordenó medidas inmediatas para detener los vertidos de residuos y exigió un plan interinstitucional para construir infraestructuras básicas de saneamiento.
Aunque se trató de un avance legal, el cambio real ha sido dolorosamente lento. Los residuos siguen acumulándose, los sistemas de drenaje siguen sin construirse y los residentes siguen esperando soluciones significativas, lo que pone de relieve la necesidad de una presión y un seguimiento constantes.
4. La Oroya, Perú: un caso interamericano histórico
La Oroya, que en su día albergó un importante complejo metalúrgico, ha sido durante mucho tiempo una de las ciudades más contaminadas de América Latina. Durante décadas, las emisiones industriales expusieron a los residentes a niveles peligrosos de plomo y otros metales pesados, lo que provocó problemas de salud crónicos, especialmente en los niños.
Las comunidades, junto con organizaciones como AIDA, llevaron el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras años de inacción nacional. En una sentencia histórica, la Corte determinó que Perú violó el derecho a un medio ambiente saludable y no protegió la vida y la salud.
Esta sentencia abrió nuevos caminos al abordar directamente los efectos a largo plazo de la contaminación ambiental sobre la salud, incluido el «período de latencia», durante el cual las enfermedades relacionadas con la exposición a sustancias tóxicas pueden aparecer años más tarde. La Corte también reconoció los daños sociales y psicológicos que sufrieron los residentes, quienes fueron estigmatizados y marginados por buscar justicia.
Aunque la implementación sigue siendo un desafío, la decisión sienta un precedente crucial para responsabilizar a los Estados de la protección de los derechos ambientales.
¿Qué tienen en común estos casos?
A pesar de sus diferentes contextos, estas historias revelan patrones comunes:
- Las comunidades fueron excluidas de las decisiones que afectan directamente a sus tierras, agua y salud.
- Las herramientas legales, como los referendos y los marcos de derechos de la naturaleza, ofrecen esperanza, pero siguen siendo frágiles si no se defienden y se aplican.
- Los defensores del medio ambiente se enfrentan a amenazas, intimidación y criminalización.
- Las mujeres y los líderes indígenas suelen ser el pilar de la organización comunitaria y las estrategias legales.
- Las luchas locales ganan fuerza cuando se conectan con redes legales regionales e internacionales que aportan visibilidad, solidaridad y apoyo técnico.
Herramientas y lecciones para una acción más firme
Estos seminarios web pusieron de manifiesto formas prácticas de reforzar la defensa colectiva:
- Combinar la acción legal con la organización comunitaria. Las demandas judiciales por sí solas no son suficientes, la movilización continua y la visibilidad en los medios de comunicación ayudan a proteger a las comunidades y a exigir responsabilidades a los responsables de la toma de decisiones.
- Crear alianzas intersectoriales. Los líderes locales, los abogados, las ONG medioambientales y los socios internacionales ayudan a equilibrar el poder que ostentan las empresas, los Estados y las instituciones financieras de desarrollo que imponen proyectos de desarrollo en todo el sur global.
- Utilizar marcos regionales. Acuerdos como el Acuerdo de Escazú refuerzan el acceso a la información, la participación y la protección de los defensores del medio ambiente.
- Crear espacios para el aprendizaje y el análisis. Mientras defienden su tierra, su agua y su salud, las comunidades también buscan compartir conocimientos para impulsar colectivamente el cambio estructural.
El seminario web termina, pero la conversación continúa
Los seminarios web demostraron que la defensa de los territorios, los ríos y las comunidades nunca es una lucha en solitario. Se fortalece a través del aprendizaje compartido y el compromiso colectivo. Más que una serie de sesiones en línea, hemos experimentado un ejemplo vivo de cómo nos fortalecemos mutuamente escuchando, intercambiando ideas y permaneciendo unidos. Mientras que miles de millones de dólares se canalizan a través de bancos de desarrollo como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para sostener modelos de desarrollo extractivistas y verticalistas, las comunidades demuestran cada día que el cambio significativo se produce cuando son ustedes quienes se encargan de su propio desarrollo.
A lo largo de la serie de seminarios web, se compartieron herramientas y recursos útiles:
- Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe de AIDA
- Atlas Global de Justicia Ambiental de EJ Atlas
- Base de datos FAIME sobre proyectos mineros de Find An Independent Mining Expert (FAIME)
Cada historia compartida nos recuerda que defender la tierra, el agua y la vida no es solo resistir a la injusticia. Es un acto de dignidad y esperanza que les anima a seguir construyendo caminos para la acción colectiva, comunidad a comunidad.
Puedes ver las grabaciones del webinario aquí.