Una transición energética verdaderamente justa requiere reconocer a las comunidades como actores clave en la toma de decisiones —con las mujeres y los pueblos indígenas a la vanguardia— y situar sus conocimientos y prioridades en el centro de las políticas energéticas mundiales. Consulte este documento de posición, elaborado por los miembros y socios de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, para conocer nuestras principales reivindicaciones.
Introducción
En todo el mundo, nos enfrentamos a las dramáticas consecuencias del cambio climático a partir de la era industrial (desde sequías extremas hasta inundaciones y olas de calor), que están desplazando a comunidades, destruyendo sus medios de vida y amenazando los ecosistemas. A pesar de los compromisos del Acuerdo de París, en el que los países se comprometieron a reducir las emisiones para limitar el calentamiento global, nos dirigimos rápidamente hacia un aumento de la temperatura de 2 °C, lo que provocará efectos aún más catastróficos.
Para mitigar y evitar los peores efectos del cambio climático, los líderes mundiales y los responsables políticos han hecho un llamado a profundas transformaciones estructurales y a una «transición energética justa». Países e instituciones de todo el mundo están ampliando las soluciones de energía renovable y baja en carbono, al tiempo que eliminan gradualmente los combustibles fósiles.
Pero detrás de los eslóganes sobre el «crecimiento verde» y la «sostenibilidad», el enfoque actual de la transición energética justa está plagado de contradicciones, ya que se ha utilizado como cortina de humo para seguir aplicando un enfoque neoliberal y extractivista. Los bancos públicos de desarrollo (BPD) están promoviendo proyectos a gran escala y soluciones falsas, como el hidrógeno verde, las plantas geotérmicas o nucleares, que no son ni verdes ni sostenibles, ya que violan los derechos humanos y contribuyen a la degradación del medio ambiente.
El Sur Global se encuentra en una posición crítica dentro de esta transición. A pesar de ser los menos responsables de la crisis climática, las comunidades del Sur Global se ven afectadas de manera desproporcionada tanto por los efectos del cambio climático como por la carrera hacia las energías renovables. Además, muchos países, especialmente en África, siguen lidiando con el desafío de equilibrar la necesidad de garantizar el acceso a la energía (para las comunidades desatendidas, la industrialización y la transformación económica) con la presión internacional para eliminar gradualmente los combustibles fósiles.
Los denominados minerales «críticos» utilizados en las tecnologías renovables y en los proyectos de energía renovable a gran escala —impulsados principalmente por la creciente demanda del Norte Global— están creando nuevas zonas de sacrificio en los países ricos en recursos. El enfoque actual de la transición energética «justa» está reproduciendo patrones arraigados de despojo, violaciones de derechos y daños medioambientales, ya que los proyectos se imponen sin el consentimiento de las comunidades locales y sin tener en cuenta los impactos en sus tierras, sistemas alimentarios, agua, acceso a la energía y supervivencia cultural. Esto perpetúa un modelo de «colonialismo energético», que impone proyectos que solo benefician a las élites económicas (y, en muchos casos, a las grandes empresas del Norte Global) a expensas de las comunidades locales del Sur Global.
Los proyectos críticos de minería y energías renovables también están alimentando los conflictos y las represalias. A medida que el espacio cívico sigue reduciéndose en todo el mundo, las comunidades y personas defensoras de los derechos humanos que se oponen a estos proyectos o expresan su preocupación se enfrentan a amenazas y agresiones. Esto, a su vez, genera un clima de miedo que limita las oportunidades de celebrar consultas seguras y significativas.
El derecho y las normas internacionales reconocen que todas las personas tienen el derecho fundamental a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, a una alimentación nutritiva, a agua potable, a la educación y a la vivienda, derechos todos ellos indisolublemente ligados al derecho a la tierra. El derecho internacional reconoce específicamente el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado, y exige a los Estados que protejan sus tierras de la invasión. Además, el derecho internacional y los instrumentos regionales (como el acuerdo de Escazú en América Latina y el Caribe) también reconocen el derecho al acceso a la información y a la participación. Sin embargo, los proyectos de desarrollo impuestos en nombre de la transición energética justa o el crecimiento verde violan cada vez más estos derechos fundamentales.
Proyecto comunitario de energía hidroeléctrica a pequeña escala en Nepal. Crédito: CEMSOJ
El papel de los bancos públicos de desarrollo en la transición energética
Los bancos públicos de desarrollo se están posicionando, a través de sus compromisos climáticos y su apoyo a la transición energética, como actores fundamentales en la transición energética, especialmente en el Sur Global. Entre enero de 2022 y junio de 2025, los bancos públicos de desarrollo han invertido un total de 245 500 millones de dólares estadounidenses en proyectos energéticos en todo el mundo, principalmente en forma de préstamos y a través del sector privado.
El mayor porcentaje de inversiones se destinó al sector de la energía solar (30 %), seguido de las líneas de transmisión (24 %) y la energía eólica (22 %). Sin embargo, las investigaciones muestran que los BPD siguen invirtiendo dinero en combustibles fósiles, a menudo a través de intermediarios financieros. Además, los BPD han apoyado en gran medida soluciones falsas en forma de proyectos de energía renovable a gran escala, soluciones tecnológicas, actividades extractivistas y enfoques basados en el mercado.
Un llamamiento mundial a favor de un enfoque comunitario de la transición energética justa
En este contexto, en los últimos años, la Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo ha involucrado a su membresía y aliadxs en debates sobre la transición energética justa y el papel de los BPD, con el fin de denunciar las soluciones falsas y las contradicciones, al tiempo que se elaboran demandas sobre cómo debería ser una transición verdaderamente justa, que se centre en las voces y las demandas de las comunidades afectadas.
Este documento presenta un conjunto de demandas colectivas que surgieron en una serie de procesos paralelos, tanto a nivel regional como interregional:
- Los procesos de establecimiento de estrategias regionales en Asia, África y América Latina, así como el proceso de establecimiento de estrategias globales que culminó en la Reunión de Miembros, donde la TEJ y el extractivismo se perfilaron como una prioridad clave.
- Taller previo a la Cumbre de Finanzas en Común en Sudáfrica, donde 35 miembros de la comunidad y representantes de OSC (en su mayoría de África, pero con cuatro participantes de Asia y ALC) identificaron las demandas clave para una solución liderada por las comunidades para la transición energética justa;
- Trabajo temático sobre justicia climática y alianza temática sobre TEJ en América Latina;
- Sesiones estratégicas con membresía y aliadxs en Asia sobre minerales críticos, energía hidroeléctrica y otros proyectos de energía renovable a gran escala.
Nuestras demandas a los BPD
Para apoyar una transición energética liderada por las comunidades, que respete los derechos y satisfaga las necesidades de las comunidades del Sur Global, los PDB deben:
1. Reconocer a las comunidades como actores centrales y protagonistas de la transición energética
Los derechos de las comunidades más afectadas por el cambio climático, que ya luchan por garantizar el agua, los alimentos, la vivienda, los medios de vida y la supervivencia cultural, deben estar en el centro de la transición. Los BPD deben cambiar su paradigma: pasar de considerar a las comunidades como «beneficiarias» pasivas, obstáculos o víctimas del desarrollo, a reconocerlas como partes interesadas y protagonistas de la transición energética. Incorporar este reconocimiento en las políticas y prácticas significa tratar a las comunidades locales y a los pueblos indígenas no como víctimas a las que hay que indemnizar o desplazar apresuradamente, sino como co-creadores y co-monitores de soluciones energéticas justas que anteponen a las personas y al planeta.
Cómo hacerlo:
- Consentimiento libre, previo e informado (CLPI) para los pueblos indígenas y derecho a decir no: Las comunidades deben tener derecho a aprobar, configurar o rechazar proyectos, y a retirar su consentimiento en cualquier momento si se producen violaciones. En el caso de los pueblos indígenas, se debe respetar y defender su derecho al CLPI.
- Poder de decisión: Las comunidades deben participar activamente en todas las decisiones sobre el uso de la tierra, la gobernanza de los recursos y los proyectos energéticos, desde la fase de planificación hasta la de ejecución.
- Participación segura y significativa de las partes interesadas: Los bancos deben tener en cuenta las restricciones del espacio cívico en el contexto de los proyectos e identificar, mitigar y abordar cualquier riesgo de represalias, sin delegar dicha responsabilidad en sus clientes.
- Diversidad e inclusión: Garantizar la participación activa de todos los sectores de la sociedad, reconociendo las voces de las mujeres, los grupos LGBTQIA+, las personas con discapacidad y las poblaciones marginalizadas, respetando su papel en la configuración de la comprensión local de una transición energética justa.
2. Dar prioridad a la financiación de soluciones energéticas descentralizadas, a pequeña escala y dirigidas por la comunidad.
En todo el Sur Global, las comunidades locales están promoviendo soluciones de base para mitigar los efectos del cambio climático y generar energía mediante proyectos a pequeña escala. Estos proyectos, diseñados mediante enfoques participativos, inclusivos y feministas, pueden satisfacer eficazmente las necesidades de las comunidades locales y prevenir daños.
Cómo hacerlo:
- Pasar de los préstamos a las subvenciones: sustituir la financiación basada en la deuda por ayudas basadas en subvenciones que permitan a las comunidades liderar sus propias transiciones.
- Soluciones energéticas descentralizadas: centrarse en proyectos a pequeña escala y específicos para cada contexto que satisfagan directamente las necesidades locales, en lugar de proyectos energéticos a gran escala orientados a la exportación.
- Redefinir el éxito: los BPD deben medir los beneficios reales para la comunidad —acceso a la energía, medios de vida, equidad, salud del ecosistema e integridad cultural— en lugar de limitarse al desembolso financiero o la producción de megavatios.
3. Responsabilidad en el diseño, supervisión y protección de los derechos, basadas en las necesidades y prioridades de la comunidad
Una transición energética solo puede ser justa si tiene en cuenta y remedia sus posibles impactos negativos, en particular en las comunidades rurales, locales e indígenas. Para ello, es fundamental permitir que las comunidades participen en las fases de diseño y evaluación del proyecto, aplicar salvaguardias sólidas y garantizar la reparación y la justicia cuando se violen los derechos.
Cómo hacerlo:
- Salvaguardias ambientales y sociales más sólidas: De conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, las BPD deben aplicar en sus políticas y prácticas la debida diligencia en materia de derechos humanos para prevenir daños (incluidas las violaciones de los derechos humanos y los impactos perjudiciales sobre la tierra, el agua, los bosques, la biodiversidad, el patrimonio cultural, etc.), defender los derechos humanos y proteger el medio ambiente. Deben reforzar sus salvaguardias y su aplicación en todas las etapas de sus operaciones.
- Evaluación y seguimiento centrados en la comunidad: Para comprender las realidades locales y evaluar mejor los impactos, los bancos de desarrollo deben basarse en evaluaciones independientes que se centren en las opiniones de la comunidad y creen plataformas directas para el diálogo, en lugar de basarse únicamente en los informes del gobierno o las empresas. La evaluación, el diseño y el seguimiento de los proyectos deben basarse en metodologías participativas y lideradas por las comunidades.
- Transparencia y acceso a la información: Los bancos de desarrollo deben garantizar la transparencia, proporcionando información accesible y oportuna sobre los proyectos (incluidos los documentos de evaluación de impacto) y exigiendo a sus clientes que respeten las normas de acceso a la información, de conformidad con el derecho internacional.
- Mecanismos de rendición de cuentas accesibles y sensibles al género: Establecer mecanismos de rendición de cuentas transparentes, sensibles al género y culturalmente apropiados que puedan proporcionar una reparación adecuada, ejecutable, eficaz y oportuna por cualquier daño a los derechos humanos o al medio ambiente.
Elementos clave de una transición energética justa impulsada por la comunidad en el Sur Global
Los derechos humanos y la autodeterminación de las comunidades como eje central
- Cualquier proyecto, política o marco para la transición energética, incluida la extracción de minerales para la transición, cumple con las normas y estándares internacionales de derechos humanos.
- Las comunidades ejercen su derecho a participar en los procesos de desarrollo de manera segura y significativa. Las comunidades tienen la capacidad de tomar decisiones sobre el uso de sus tierras y recursos. Todos los sectores de la sociedad, especialmente las mujeres, participan activamente en todas las etapas del proyecto y refuerzan el reconocimiento legal de los derechos de las mujeres sobre la tierra.
- Las comunidades tienen derecho a rechazar los proyectos de transición energética que no se ajusten a sus prioridades de desarrollo. En el caso de los pueblos indígenas, se lleva a cabo y se respeta el consentimiento libre, previo e informado (CLPI).
Protección de la tierra, los medios de vida y la seguridad alimentaria
- Las comunidades no están obligadas a vivir en «zonas de sacrificio» para contribuir a la transición energética.
- No se producen desplazamientos a gran escala de comunidades sin su consentimiento y sin una indemnización adecuada. Se respetan y protegen los derechos consuetudinarios sobre la tierra, incluso en el caso de las comunidades que carecen de títulos de propiedad formales (por ejemplo, los pueblos indígenas, los pastores, los campesinos, otras comunidades tradicionales y los pobres urbanos).
- La gobernanza de la tierra se ajusta a los protocolos culturales locales, reconociendo las tierras ancestrales, las zonas sagradas y los sitios del patrimonio cultural.
- Si se violan los derechos sobre la tierra, las comunidades reciben compensaciones y reparaciones por los daños sufridos. Esto también incluye reparaciones medioambientales cuando los proyectos causan daños.
- La financiación climática se democratiza para apoyar las actividades de subsistencia primarias y prevenir daños a los sistemas alimentarios locales, dando prioridad a la financiación directa de organizaciones comunitarias descentralizadas o soluciones dirigidas por la comunidad.
- Garantiza las fuentes de alimentos mediante la coherencia de las políticas en todos los sectores que afectan a la agricultura, la pesca y los medios de subsistencia primarios.
- Respeta la gestión ambiental dirigida por la comunidad y los pueblos indígenas, incluyendo el agua, los bosques y la biodiversidad.
Transición energética impulsada por las personas y con justicia de género
- Se da prioridad a los proyectos energéticos descentralizados y a pequeña escala que satisfacen las necesidades locales. Las soluciones energéticas responden a los contextos y necesidades locales, teniendo en cuenta el trabajo de cuidados no remunerado, las funciones de producción de alimentos y las preocupaciones en materia de seguridad alimentaria en el diseño de los proyectos. Esto puede apoyarse mediante ventanas de financiación directa o asistencia a través de la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades.
- Los sistemas de conocimiento comunitarios e indígenas dan forma a las políticas de transición energética. Se utilizan indicadores de éxito definidos por la comunidad, en lugar de resultados financieros.
- Las comunidades y las OSC participan en el seguimiento de la ejecución de los proyectos. Las comunidades disponen de vías para exigir responsabilidades a los gobiernos, las instituciones multilaterales y las empresas.
Conclusión y llamamiento a la acción
Estas demandas colectivas ofrecen una hoja de ruta hacia una transición energética que no deje a nadie atrás y que se base en las realidades locales, una perspectiva feminista e interseccional, la solidaridad global y la justicia.
El cambio tecnológico por sí solo no basta para que la transición energética sea justa: una transición energética verdaderamente justa requiere centrar las comunidades en las decisiones de financiación del desarrollo. Necesitamos un cambio de paradigma transformador que anteponga a las personas y al planeta tanto en las políticas como en la práctica.
Para romper con los patrones explotadores del modelo de desarrollo basado en los combustibles fósiles, todos los actores que participan en la configuración y la financiación de la transición (Estados, organismos internacionales y multilaterales, bancos de desarrollo públicos, actores privados, etc.) deben dar prioridad a las soluciones de abajo hacia arriba y dirigidas por las comunidades que defienden los derechos humanos, protegen los ecosistemas y garantizan un acceso equitativo a la energía.
