Este 1 de marzo se cumplen diez años de la siembra de Berta Cáceres. Desde la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo nos sumamos, en plena solidaridad, a la conmemoración impulsada por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), honrando la vida de Berta y reconociendo la continuidad de la lucha que el COPINH sostiene en su memoria. En un contexto global marcado por el avance del poder corporativo, la represión y la criminalización de quienes defienden sus territorios, la organización y la resistencia que Berta ayudó a fortalecer siguen marcando el camino.
El asesinato de Berta Cáceres no fue un hecho aislado, sino la consecuencia directa de un modelo que prioriza la inversión sobre la vida y los derechos de los pueblos. Fue asesinada por su papel central en la resistencia del COPINH contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impuesto ilegalmente sobre el río Gualcarque, territorio sagrado del pueblo Lenca. Este proyecto, emblemático de la expansión extractiva impulsada en Honduras tras el golpe de Estado de 2009, se sostuvo en una estructura de intereses económicos y políticos que operó con violencia e impunidad.
Berta Cáceres a orillas del río Gualcarque, en la región de Río Blanco, en el occidente de Honduras (Foto: Premio Ambiental Goldman)
Inversiones Las Jacarandas S.A., vinculada a la familia Atala Zablah, junto con la empresa DESA, formó parte de una red que utilizó su poder e influencia para hostigar y atacar sistemáticamente a Berta y al COPINH, hasta culminar en su asesinato. Esta violencia estructural, sostenida por la corrupción y la captura institucional, también contó con respaldo financiero internacional, incluyendo al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y al Banco holandés de desarrollo FMO, que dieron viabilidad económica y legitimidad a un proyecto impuesto sin consulta previa y en medio de un conflicto territorial ampliamente documentado.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha aportado elementos clave para esclarecer el crimen y señalar responsabilidades. Sin embargo, la justicia sigue incompleta. Es urgente que el Estado de Honduras capture y procese a todos los responsables, incluyendo a los autores intelectuales que aún permanecen en la impunidad.
A diez años de su siembra, el COPINH y el pueblo Lenca continúan defendiendo el río Gualcarque como fuente de vida, cultura y autonomía. Frente a la militarización y la criminalización, su lucha sigue siendo una afirmación de derechos y dignidad. La memoria de Berta vive en la organización, en la defensa del territorio y en la persistencia del COPINH. Desde la Coalición, reafirmamos nuestra solidaridad y nuestro compromiso con su lucha por la justicia.
GIEI Report
En enero de 2026, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) publicó su informe final sobre el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres, los delitos conexos y las medidas de reparación integral.
El GIEI concluyó que el asesinato fue el resultado de una operación criminal organizada, cuidadosamente planificada y ejecutada a través de una estructura de coparticipación que incluyó sicarios, intermediarios con formación militar, personal y directivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), así como redes de apoyo, tolerancia y omisión en distintos ámbitos del Estado.
Asimismo, determinó que los fondos desembolsados por bancos internacionales de desarrollo —principalmente el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO)—, formalmente destinados al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, fueron desviados de su finalidad original y utilizados para financiar actividades ilícitas vinculadas a la gestión violenta del conflicto territorial. Estas incluyeron operaciones de vigilancia e inteligencia ilegal, incursiones armadas, logística y pagos asociados, así como, en última instancia, el asesinato de Berta Cáceres.
Berta fue asesinada en un contexto marcado por la violencia, la militarización, la corrupción y la concentración del poder económico en Honduras, donde, tras 2009, el impulso a proyectos extractivos y energéticos —promovidos por autoridades estatales, empresas privadas y bancos internacionales de desarrollo— avanzó en territorios indígenas sin consulta, priorizando la inversión por sobre los derechos humanos.
El GIEI fue constituido como un mecanismo extraordinario e independiente con el mandato de contribuir al esclarecimiento integral del crimen y de los hechos vinculados al proyecto Agua Zarca. Su creación respondió a la necesidad de superar los límites de una investigación penal fragmentada —centrada principalmente en los autores materiales— y de examinar de manera articulada las dimensiones estructurales, empresariales, financieras y estatales involucradas.
