Reuniones Anuales del BID 2026

Asamblea BID en Paraguay

Organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe participaron en la Asamblea Anual del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizada en Asunción del 11 al 14 de marzo, para expresar preocupaciones sobre el rumbo de las inversiones del Banco y exigir que sus operaciones respeten los derechos humanos, protejan la naturaleza y garanticen la participación efectiva de las comunidades afectadas.

Las organizaciones, que integran el Grupo de Trabajo sobre el BID, sostuvieron reuniones con autoridades del Banco, gobiernos y otros actores para abordar temas como las crecientes restricciones al espacio cívico en la región, los riesgos asociados a la mercantilización de la naturaleza, la presencia creciente del BID en la Amazonía, el desarrollo de corredores regionales de logística e infraestructura bajo el programa Conexión Sur y los desafíos de impulsar una transición energética verdaderamente justa.

Destacamos algunos de los principales espacios de diálogo que el Grupo de Trabajo sostuvo durante la Asamblea:

Participación en el Foro BID–Sociedad Civil/Partes Interesadas

Uno de los primeros espacios de intercambio fue el Foro BID–Sociedad Civil/Partes Interesadas. Suhayla Bazbaz (directora de Cohesión Comunitaria e Innovación Social, México) participó en el panel «La importancia del relacionamiento multilateral con las organizaciones de la sociedad civil: retos y perspectivas» representando al Grupo de Trabajo sobre el BID.

Suhayla destacó la importancia de involucrar a la sociedad civil desde las etapas más tempranas del diseño de los proyectos, así como en el seguimiento de su implementación. Señaló que una participación temprana y significativa puede contribuir a mejorar la calidad de las inversiones, prevenir conflictos y asegurar que los proyectos respondan a las realidades de los territorios.

En este espacio también se compartieron preocupaciones sobre brechas en la debida diligencia y en la implementación del Marco Ambiental y Social de BID Invest. Entre los ejemplos mencionados estuvo el proyecto energético Manzanillo, en República Dominicana, cuestionado por sus impactos ambientales, climáticos y sociales, así como por la oposición expresada por comunidades locales.

Testimonios en la Asamblea

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Ana Laide viajó desde Pará, en la Amazonía brasileña, para exigir rendición de cuentas a los bancos de desarrollo por financiar proyectos energéticos con graves impactos sociales y ambientales. Su territorio, en Altamira, a orillas del río Xingu, ha sido profundamente afectado por la Central Hidroeléctrica de Belo Monte, una de las represas más grandes del mundo. Desde su experiencia, advierte sobre las consecuencias de estos megaproyectos para las comunidades y sus territorios.

En 2025 publicamos la versión en portugués de nuestro informe «Desmitificando la financiación del desarrollo» con el apoyo de Conectas Direitos Humanos, que incluye el caso de Belo Monte.

Mesas de diálogo

En el primer día de la asamblea se desarrollarán mesas de diálogo entre el BID y organizaciones sociales sobre los siguientes temas: corredores logísticos regionales, el programa Amazonía Siempre, la nueva política de adquisiciones y las restricciones al espacio cívico.

Corredores logísticos y el programa Conexión Sur

En la mesa dedicada al programa Conexión Sur, organizaciones de la sociedad civil y representantes de pueblos indígenas destacaron la necesidad de que las nuevas iniciativas de integración regional aprendan de experiencias anteriores como IIRSA, que generaron fuertes impactos sociales y ambientales.

Entre los principales puntos planteados por sociedad civil y comunidades afectadas se destacaron:

• La importancia de incorporar las lecciones aprendidas de proyectos de infraestructura pasados, evitando repetir errores relacionados con impactos ambientales, afectaciones a pueblos indígenas y falta de participación.
• La necesidad de evaluar los impactos acumulativos de los corredores de infraestructura, incluyendo carreteras, hidrovías y nodos logísticos que afectan territorios amazónicos y áreas protegidas.
• La urgencia de garantizar procesos efectivos de consulta y participación para los pueblos indígenas y comunidades afectadas, como en el caso del Corredor Bioceánico de Capricornio que atraviesa Brasil, Paraguay, Argentina y Chile,  y su impacto en el territorio de pueblos indígenas como el pueblo Ayoreo.
  • Importante tener un plan de compromiso con sociedad civil y comunidades afectadas; se sugirió crear un comité consultivo con actores de la sociedad civil, inspirado en el modelo del consejo asesor de Amazonía Siempre.
• La preocupación por la expansión de grandes proyectos energéticos, incluyendo nuevas hidroeléctricas, y la necesidad de fortalecer las salvaguardas socioambientales.

Durante el diálogo, representantes del BID señalaron que el programa Conexión Sur busca diferenciarse de iniciativas anteriores, ampliando su enfoque hacia conectividad digital, energía, comercio y marcos regulatorios, y no únicamente infraestructura vial. También se anunció el próximo lanzamiento de un Observatorio de Infraestructura regional.

Amazonía Siempre: financiamiento, participación y soluciones desde el territorio

La mesa sobre Amazonía Siempre abordó los avances del programa y los desafíos para asegurar que las inversiones del BID respondan a las necesidades de las comunidades amazónicas.

Las organizaciones y representantes indígenas subrayaron varios temas prioritarios:

• La importancia de co-crear soluciones con pueblos indígenas y comunidades tradicionales, reconociendo su liderazgo en estrategias de bioeconomía y conservación.
• La necesidad de facilitar el acceso directo a financiamiento para comunidades, incluyendo recursos para proyectos territoriales y economías locales.
• Las preocupaciones sobre falta de información y retroalimentación en procesos de consulta previos, así como la necesidad de mayor transparencia en el diseño del programa.
• Los desafíos estructurales de la región amazónica, incluyendo criminalidad, minería ilegal, persecución a defensores ambientales y ausencia del Estado en muchos territorios.

Representantes del BID destacaron que el programa busca movilizar más recursos para la región, incluyendo la emisión de bonos amazónicos, y desarrollar instrumentos financieros innovadores para apoyar iniciativas sostenibles. También reiteraron el compromiso de fortalecer el consejo asesor del programa y ampliar la participación de actores sociales en su implementación.

Cierre del espacio cívico: un desafío creciente para el desarrollo

En la mesa dedicada al cierre del espacio cívico, desde la Coalición y el Grupo de Trabajo, presentamos a oficiales del BID y organizaciones de la sociedad civil nuestro nuevo informe Participación Cercada: Tendencias recientes en América Latina que vulneran el derecho a la participación en el contexto de proyectos de desarrollo.

Iva Larrosa, Coordinadora Regional de LAC para la Coalición presentó las dos tendencias crecientes abordadas en el informe:

1. Leyes que regulan indebidamente las organizaciones de la sociedad civil, en formas que limitan su autonomía e independencia, y amenazan su propia existencia.
2. Debilitamiento de salvaguardias en tema de protección ambiental, que limita las posibilidades de participación y el acceso a la información.

Después Iva resumió la serie de recomendaciones presentadas en el informe.

A seguir, Loreto Vázquez Salvador (Fundación ACUE Última Esperanza, Magallanes) presentó el caso de Chile y su llamada Ley de Permisología aprobada en 2025, que acompaña una serie de medidas para agilizar proyectos de desarrollo.

Camila Bartelega de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente presentó el caso de Brasil con la llamada “Ley de la devastación” aprobada a principios de 2026 y proyectos de ley que tienen como objetivo restringir la financiación de organizaciones sociales y de sociedad civil.

Durante la discusión organizaciones de varios países compartieron evidencias sobre el deterioro de las condiciones para la participación ciudadana en la región.

Entre las principales preocupaciones presentadas se incluyeron:

• Nuevas leyes y reformas que restringen la participación de la sociedad civil, limitan el acceso a información pública o imponen controles excesivos a las organizaciones.
• Narrativas gubernamentales que estigmatizan a las organizaciones sociales, acusándolas de lavado de dinero o de interferir en la política pública.
• El aumento de violencia digital, criminalización y amenazas contra defensores ambientales, particularmente en contextos de proyectos extractivos o de infraestructura.

Las organizaciones destacaron que la participación pública y el acceso a la información son condiciones fundamentales para proyectos de desarrollo legítimos y sostenibles.

Representantes del BID reconocieron los desafíos que plantea este contexto y se comprometieron a explorar mecanismos institucionales para abordar el cierre del espacio cívico, incluyendo el desarrollo de un posible plan de acción interno y el fortalecimiento de los canales de diálogo con la sociedad civil.

Reunión con presidencia del banco y BID Invest

Taller junto a organizaciones de Paraguay