por Claudia Romero, Coordinadora del Intercambio de Recursos Comunitarios en América Latina y el Caribe
La COP 30 de Cambio Climático en Belém, este noviembre, será un espacio importante para impulsar la visión comunitaria de la justicia climática.
En la Región de Alto Jequitinhonha, Minas Gerais, Brasil, la expansión de proyectos para la generación de bioenergía, como alternativa a los fósiles, amenaza con deforestar bosques nativos para plantar monocultivos de eucaliptos con alto impacto ambiental y producir carbón vegetal, que en su mayoría sirve a la industria siderúrgica y minera. Las comunidades quilombolas, igual que muchas otras comunidades en el continente, defienden su territorio frente a los riesgos de proyectos energéticos con apoyo del Sistema de Intercambio de Recursos Comunitarios (CRE) para identificar a los actores financieros involucrados.
Un mundo en desequilibrio
El mundo actual está marcado por la pérdida masiva de especies, escasez creciente de bienes naturales y disputa por ellos, contaminación, además de un desequilibrio climático que se traduce en fenómenos hidrometeorológicos extremos, como ciclones, huracanes, inundaciones o sequías detonadoras de crisis humanitarias en todos los continentes.
Cada alerta vinculada a estos efectos representa daños concretos. Cada cifra en la estadística es un proyecto de vida impactado, son pescadores sin peces, agricultores sin tierra cultivable, poblaciones expulsadas de sus hogares. Un cotidiano precarizado, ocurriendo en todas las latitudes, sí, pero de manera diferenciada. En un mundo que conserva desigualdades estructurales, la injusticia es la expresión más evidente de la crisis climática.
Desde hace tiempo, comunidades y movimientos sociales como los quilombolas están denunciando cómo los beneficios de proyectos desarrollistas no favorecen por igual a la ciudad que al campo, a los sectores privilegiados que a las poblaciones racializadas, desaventajadas económica y políticamente, recayendo en éstas últimas, especialmente en las mujeres, los mayores costos de sus impactos ambientales. A las demandas de justicia ambiental, la justicia climática viene a añadir el señalamiento de las desigualdades que generan las causas y las consecuencias del cambio climático.
Los sectores y países más ricos, cuya producción de emisiones sigue acelerándose, son quienes tienen mayor responsabilidad en las causas, mientras que miles de comunidades en menor medida responsables, sufren las consecuencias. La economía dominante de los combustibles fósiles va provocando emisiones de carbono por un lado y devastación ambiental por el otro. Tanto los países como las personas más pobres, algunos con altas poblaciones sin acceso a energía, tienden a estar más expuestos a las catástrofes y disponen de menos recursos para recuperarse. Pakistán, Somalia y Haití son ejemplo de ello. Paradójicamente, muchos de los países más vulnerables están asumiendo mayores compromisos que los países con más emisiones.
El cambio climático empeora la desigualdad en un mundo donde el 1% más rico de la población concentra casi el 50% de la riqueza global a partir de 2020, en gran medida con el acaparamiento y sobreexplotación de bienes naturales comunes. Las instituciones de financiación para el desarrollo (IFD) no hacen más que exacerbar el desarrollo en el sur global e imponen condicionalidades a su financiación que restringen el gasto público. Los gobiernos de 54 países en desarrollo gastan más del 10% de sus presupuestos sólo en el pago de los intereses de la deuda, más que en salud o educación en muchos casos.
Una deuda histórica de justicia
La búsqueda de justicia ha permeado la agenda de foros internacionales donde se redefinen las geopolíticas, en la justicia hídrica invocada tanto en el Foro Mundial del agua (Brasil, 2018) como en la Conferencia Mundial del Agua la ONU (NY, 2023), la justicia climática nombrada a finales de los noventas y colocada en la agenda política internacional durante la primera Cumbre de la Justicia Climática en La Haya en 2000, y la advertencia de que no hay justicia climática sin derechos humanos durante la COP 27 del Acuerdo de París en 2022, no solamente porque las personas defensoras de la tierra están siendo perseguidas, reprimidas y criminalizadas en todo el mundo, sino porque el cambio climático es también una problemática cuyos efectos atentan en contra de los derechos básicos para vivir.
Sin embargo, la promesa de justicia en estos espacios se ve distante en los contextos donde diariamente siguen perdiéndose vidas, especies, hogares, culturas o dañándose medios de subsistencia e infraestructura, mientras las temperaturas extremas impactan negativamente la salud y la seguridad alimentaria.
La necesidad de justicia se vive en el territorio que se seca, se incendia, inunda o se degrada, y se reivindica desde los movimientos de afectados que han venido exigiendo condiciones dignas de vida, prevención de riesgos y reparación de daños.
En América Latina y el Caribe, una de las regiones del mundo con mayor riqueza natural, mayor depredación ecológica y más afectadas por el cambio climático, los impactos en la tierra, agua, aire y biodiversidad de la minería, agroindustria, megaproyectos extractivos de desarrollo o de expansión urbana están comprometiendo los ecosistemas y con ello derechos como el agua, el medio ambiente sano, la salud, la vida, la libre determinación de los pueblos originarios, que protegen el 80 % de la biodiversidad del mundo, y el derecho a defender sus bienes naturales comunes. En esta región, de marcadas desigualdades en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, particularmente para la población rural e indígena, se concentra alrededor del 27% de conflictos socioambientales y dos tercios de los asesinatos a defensores ambientales a nivel mundial, con Colombia Brasil, y México encabezando entre los primeros diez países más peligrosos para defender el territorio.
Lo mismo que en Asia y África, la situación de riesgo se agrava ante una preocupante disminución del espacio cívico, poco acceso a la justicia e impunidad ambiental. En estas tres regiones donde se ubica la mayor cantidad de países peor posicionados frente al cambio climático, la huella neocolonial todavía mantiene tensión entre los proyectos que privilegian intereses económicos por encima de los sistemas de vida y las comunidades que resisten, las grandes industrias exportan en sus territorios las operaciones más contaminantes, además de llevar los megaproyectos extractivos de energía renovable para facilitar la transición energética en el Norte Global a expensas de nuevas zonas de sacrificio en el Sur Global.
Transición ¿justa?
En este contexto, para poder llamarse justa, la transición energética tiene el reto no solo de reducir la dependencia de fuentes fósiles sino de no replicar los vicios de la economía basada en el carbono. Esto implica asegurar que la descarbonización no replique modelos extractivistas, ni suceda a costa de ecosistemas y poblaciones, principalmente indígenas, afrodescendientes y campesinas, afectadas por los impactos ambientales de las fuentes alternativas de energía. También afectadas por la creciente demanda de minerales esenciales para las nuevas tecnologías; o bien excluidas de las decisiones que tendrán impacto en sus territorios, al margen de su derecho al consentimiento libre, previo e informado, como pasa en proyectos de eólicos e hidrógeno verde en el Itsmo de Tehuantepec (México), Magallanes Chile y, Tambores (Uruguay).
Proyecto eólico del Istmo de Tehuantepec en México; fuente: Wikimedia Commons
Frente a la opacidad, las represalias y la resistencia de las potencias industriales a cubrir la deuda climática, diversos grupos y movimientos, con participación importante de mujeres y juventudes, van logrando el reconocimiento de la injusticia, incidiendo en las políticas desde las diferentes regiones del sur global e impulsando tanto declaraciones como litigios u opiniones consultivas en las Cortes Interacionales respecto de las obligaciones Estatales frente al cambio climático. Más recientemente la creación del fondo para las pérdidas y los daños, que tendrá el reto de que su funcionamiento verdaderamente logre compensar a los países más vulnerables y que menos contribuyen a la crisis. Las comunidades organizadas han logrado derribar proyectos que dañan, como las minas de litio en el Salar del Hombre Muerto, Argentina, además de estar apostando por soberanías energéticas comunitarias.
Desde la Coalición, comunidades, organizaciones y grupos de trabajo, como el Grupo Regional para una Transición Energética Justa en América Latina y el Caribe se congregan para unir fuerzas, proponer otros modelos, amplificar voces y formular recomendaciones para que el financiamiento para el desarrollo no vaya hacia proyectos dañinos que agranden la deuda que ensancha las brechas de desigualdad y los financiamientos frente al cambio climático se distribuyan equitativamente sin convertirse en negocios verdes. Los pueblos del mundo claman porque tanto el desarrollo como la transición sean liderados desde lo comunitario, mediante participación efectiva, consentimiento informado y respeto de sus modos de vida. Esto implica, además, que los proyectos de desarrollo se rijan por salvaguardas a los derechos humanos, que los mecanismos de rendición de cuentas sean accesibles y culturalmente apropiados, que las instituciones financieras de desarrollo asuman responsabilidad de reparación por los daños de los proyectos financiados y qué cuando así sea éstos tengan salidas responsables, además de que los indicadores de desarrollo contemplen beneficios para la vida por encima de ganancias económicas.
La exigencia de justicia climática se centra en la pregunta de cuáles son las responsabilidades y en quién están recayendo los costos de comprometer los límites de la naturaleza hasta poner en riesgo la continuidad de la vida en el planeta, y tendrá solo sentido práctico si se logran abatir la desigual responsabilidad histórica y desigualdad estructural, socioeconómica e intergeneracional detrás de sus causas-efectos.
Más allá de la ineludible necesidad de mitigación y adaptación, la aspiración de un mundo justo implica accionar desde la prevención de la injusticia hasta la reparación del daño, desde una visión sistémica de que el cambio climático no solo tiene que ver con emisiones de carbono o generación energética, sino con las raíces ético políticas de la crisis. Por lo tanto no es suficiente con limitar los impactos ambientales, sino reconfigurar los patrones de organización social, producción y consumo. El camino para lograr la justicia social, ambiental, climática y restaurativa implica tanto conservar como recuperar los entornos que sostienen la vida, aumentan la resiliencia, estabilizan el clima y restauran la integridad de la tierra.
1 La bioenergía es la energía procedente de la biomasa. La biomasa es el material de origen biológico, por ejemplo madera, estiércol o carbón vegetal y excluye el material incrustado en formaciones geológicas y transformado en fósiles https://www.fao.org/energy/bioenergy/es/
2 Miembros de las comunidades afrodescendientes tradicionales de Brasil, cuyos antepasados fueron esclavizados y sobrevivieron o escaparon de la esclavitud.