El planeta arde y los pueblos del mundo están pidiendo justicia

Por Claudia Romero, Facilitadora del CRE en Latinoamérica 

En un mundo en desequilibrio 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP) tendrá lugar este Noviembre en Belém do Pará, en reconocimiento geopolítico de la Amazonia, una de las regiones vitales para la preservación de la Tierra por su papel en la regulación climática y absorción de carbono que se encuentra severamente amenazada por la deforestación.

Mientras en la COP la atención se ha venido centrando en actores políticos y financieros, y sus decisiones, las comunidades siguen tejiendo esfuerzos, recurriendo a su sabiduría ancestral y conocimiento local para aportar a la lucha contra el cambio climático.

En un mundo marcado por la pérdida masiva de especies, contaminación, creciente escasez y disputa por los bienes naturales, además de un desequilibrio climático que se traduce en ciclones, huracanes, inundaciones o sequías detonadoras de crisis humanitarias en todos los continentes, cada alerta vinculada a estos efectos representa daños concretos. Cada cifra en la estadística es un proyecto de vida impactado, pescadores sin peces, agricultores sin tierra cultivable, poblaciones expulsadas de sus hogares. Un cotidiano precarizado, ocurriendo en todas las latitudes, sí, pero de manera diferenciada. En un mundo que conserva desigualdades estructurales, la injusticia es la expresión más evidente de la crisis climática. 

Desde hace tiempo, comunidades y movimientos sociales están denunciando cómo los beneficios de proyectos desarrollistas no favorecen por igual a la ciudad que al campo, a los sectores privilegiados que a las poblaciones campesina, afrodescendiente e indígena, recayendo especialmente en las mujeres los mayores costos de sus impactos ambientales. 

El cambio climático agrava la desigualdad en un mundo donde el 1% más rico concentra casi la mitad de la riqueza global. En la economía fósil, los sectores y países más ricos son quienes tienen mayor responsabilidad en las causas de la devastación ambiental, mientras que miles de comunidades en menor medida responsables, sufren las consecuencias. Los países más expuestos a las catástrofes carecen de recursos para recuperarse, mientras algunos asumen mayores compromisos que los países con más emisiones. Las instituciones de financiación para el desarrollo (IFD) imponen condicionalidades que restringen el gasto público. Los gobiernos de 54 países en desarrollo gastan alrededor del 10% de sus presupuestos sólo en el pago de los intereses de la deuda, más que en salud o educación en muchos casos. 

 

Y en deuda histórica de justicia 

La búsqueda de justicia climática ha permeado la agenda de foros internacionales donde se redefinen las geopolíticas. Sin embargo, la promesa de justicia se ve distante en los contextos donde diariamente siguen dañándose medios de subsistencia e infraestructura o perdiéndose vidas, especies, hogares, culturas, mientras las temperaturas extremas impactan negativamente la salud y la seguridad alimentaria. La necesidad de justicia se vive en el territorio que se seca, se incendia, inunda o degrada, y se reivindica desde los movimientos que exigen condiciones dignas de vida, prevención de riesgos y reparación de daños.

En América Latina y el Caribe, una de las regiones del mundo con mayor riqueza natural y más afectadas por el cambio climático, los impactos de la agroindustria y otros proyectos extractivos de desarrollo o de expansión urbana están comprometiendo los ecosistemas y con ello derechos como el agua, el medio ambiente sano, la salud, la vida, la libre determinación de los pueblos originarios, que protegen el 80 % de la biodiversidad del mundo. En esta región, de marcadas desigualdades, se concentra alrededor del 27% de conflictos socioambientales y dos tercios de los asesinatos a defensores ambientales en el mundo. 

En países como Panama, El Salvador, Ecuador y Perú avanzan regulaciones que restringen el espacio cívico. El Movimiento por la Defensa de los Territorios y Ecosistemas de Bocas del Toro logró detener una línea de conducción de electricidad poco antes de que iniciara en Panamá una fuerte represión de levantamientos indígenas en defensa del territorio. Las mujeres Saramanta Warmikuna de Ecuador enfrentan represalias de la industria minera, mientras en Chile el periódico Mercurio de Valparaíso comenzó una campaña de difamación pública contra organizaciones que cuestionan proyectos energéticos. 

 

 

En el Sur Global, donde se ubica la mayor cantidad de países peor posicionados frente al cambio climático, la huella neocolonial todavía mantiene tensión entre proyectos que privilegian intereses económicos por encima de los sistemas de vida y las comunidades que resisten. Las industrias exportan en sus territorios tanto las operaciones más contaminantes como los proyectos para facilitar la transición energética en el Norte Global  a expensas de nuevas zonas de sacrificio. 

 

Transición ¿justa? 

En este escenario, para poder llamarse justa, la transición energética tiene el reto no solo de reducir la dependencia de fuentes fósiles sino de no replicar los vicios de la economía basada en el carbono. Esto implica asegurar que la descarbonización no replique modelos extractivistas y no suceda a costa de poblaciones afectadas por los impactos de las fuentes alternativas de energía ni las excluya de las decisiones sobre sus territorios, al margen de su derecho al consentimiento libre, previo e informado.

Las supuestas “soluciones verdes” refuerzan modelos de despojo, como sucede en la Región de Alto Jequitinhonha, Minas Gerais, Brasil. La expansión de proyectos de generación de bioenergía, como alternativa a los fósiles  amenaza con deforestar bosques nativos habitados por comunidades quilombolas, para plantar monocultivos de eucaliptos y producir carbón vegetal, que en su mayoría sirve a la industria siderúrgica y minera. Lejos de ser una alternativa sostenible, estas plantaciones masivas de eucalipto desestabilizan los ecosistemas y medios de vida de comunidades que ya enfrentan racismo e injusticias coloniales hace siglos.

Frente a la negativa de las potencias industriales a cubrir la deuda climática, diversos grupos y movimientos, con participación importante de mujeres y juventudes, van logrando el reconocimiento de la injusticia. Impulsando precedentes en las Cortes Internacionales sobre las obligaciones de los Estados frente al cambio climático o con la creación del fondo para las pérdidas y los daños, cuyo desafío es que su funcionamiento logre compensar a los países más vulnerables y que menos contribuyen a la crisis. 

De cara a los proyectos para la generación y transmisión de electricidad, con creciente demanda de minerales críticos para su operación, las comunidades se organizan. En Argentina la Comunidad indígena Atacameños del Altiplano junto a la asamblea PUCARA (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) han logrado frenar nuevas autorizaciones a las mineras de litio en el Río Los Patos, Salar del Hombre Muerto. En Valdivia Chile el Colectivo Viento Sur demostró los impactos para los Pueblos Mapuches de la alta contaminación por carbono negro y gases de efecto invernadero generados por la planta de celulosa para combustión de biomasa, promovida como alternativa sostenible a los combustibles fósiles. Mientras que en Antofagasta y Magallanes (Chile), Tambores (Uruguay) y otros países de la región, comunidades empiezan a advertir sobre los riesgos de proyectos de hidrógeno verde por la cantidad de agua y tierra necesaria para su producción

Ante estas amenazas, las comunidades no sólo resisten, sino que también preservan y proponen. La Asamblea Epuyen en la cordillera de los Andes se esfuerza por conservar los bosques acechados por proyectos mineros y recuperar los bosques incendiados, al tiempo que la Asociación de Mujeres Ambientalistas en el Salvador promueve actividades para garantizar la soberanía energética y alimentaria en su territorio, igual que las comunidades Nuntajiyi’ de la Sierra de Santa Marta en Mexico.

La exigencia de justicia climática centrada en la pregunta de cuáles son las responsabilidades y en quién están recayendo los costos de comprometer los límites de la naturaleza hasta arriesgar la continuidad de la vida, y tendrá sentido práctico sólo si se logran abatir la desigual responsabilidad histórica y desigualdad estructural, socioeconómica e intergeneracional detrás de sus causas-efectos. 

Desde la Coalición, comunidades y organizaciones se congregan en espacios como el Grupo Regional para una Transición Energética Justa en América Latina y el Caribe para unir fuerzas, amplificar voces y formular recomendaciones para que el financiamiento para el desarrollo no sostenga proyectos que agranden la deuda que ensancha la desigualdad y los financiamientos frente al cambio climático se distribuyan equitativamente sin convertirse en negocios verdes. 

Los pueblos del mundo claman porque tanto el desarrollo como la transición sean liderados desde lo comunitario, mediante participación efectiva y respeto de sus modos de vida. Esto implica que los proyectos de desarrollo se rijan por salvaguardas a los derechos humanos, que los mecanismos de rendición de cuentas  sean accesibles y culturalmente apropiados, que las financiadoras asuman responsabilidad de reparación por los daños de los proyectos financiados y que éstos tengan salidas responsables, además de contempla beneficios para la vida por encima de ganancias económicas en los indicadores de desarrollo. 

Más allá de la urgencia de mitigación y adaptación, la aspiración de justicia climática, que es también social, ambiental y restaurativa requiere accionar desde la consideración sistémica de que el cambio climático no solo tiene que ver con emisiones de carbono o generación energética, sino con reconfigurar las raíces ético políticas de la crisis. 

La Cumbre de los Pueblos y la Caravana Mesoamérica por el Clima y la Vida, convocadas desde el Sur Global, serán espacios importantes para impulsar la visión comunitaria de la justicia climática. El camino hacia ella pasa tanto por conservar como por recuperar los ecosistemas que sostienen la vida, aumentan la resiliencia, estabilizan el clima y restauran la integridad de la tierra. La voz de las comunidades que los habitan y los defienden, que se ha visto relegada frente al discurso industrial y empresarial en las Conferencias previas, es indispensable para cambiar el rumbo de la mercantilización verde de la naturaleza hacia el cuidado integral de los territorios.