Por Sukhgerel Dugersuren, Glenda Inés Mangia y Joel de Souza
Defensores y defensoras del medio ambiente advierten, de cara a la COP17 de la CNULD en Mongolia, que los bancos de desarrollo están financiando proyectos de minerales críticos que aceleran la desertificación, el agotamiento de los recursos hídricos y la deforestación, mientras afirman apoyar una transición energética justa.
Cuando los gobiernos se reúnan en Ulán Bator del 17 al 28 de agosto para la 17.ª Conferencia de las Partes (COP17) de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), se comprometerán a restaurar las tierras degradadas y fortalecer la resiliencia frente a la sequía. Sin embargo, muchos de estos mismos gobiernos, como accionistas de bancos públicos de desarrollo, continúan financiando proyectos mineros a gran escala que degradan ecosistemas frágiles, agotan recursos hídricos escasos y aceleran la desertificación.
Esta contradicción ya es evidente en los preparativos para la cumbre. En un comunicado previo a la COP17, el ministro de Asuntos Exteriores de Mongolia destacó la ambición del país de combatir la desertificación mediante centros de datos de inteligencia artificial alimentados con energías renovables. Pero, aunque se presentan como parte de un futuro verde, los centros de datos y las infraestructuras que los sustentan están impulsando la demanda de minerales críticos como el cobre, el litio y las tierras raras. Su expansión corre el riesgo de intensificar los propios impactos de la minería que contribuyen a la degradación de las tierras y a la escasez de agua en regiones áridas.
La producción de una tonelada métrica de litio, por ejemplo, requiere entre 1 y 2 millones de litros de agua. Las operaciones de extracción de oro y cobre utilizan productos químicos para la exploración y extracción, que a su vez requieren más agua para ser diluidos; una vez contaminada, esta agua es vertida nuevamente al medio natural. A lo largo de los años, el sector minero ha desarrollado estándares para abordar o mitigar estos impactos. Sin embargo, con demasiada frecuencia, las empresas no cumplen con estos estándares.
Mongolia, país anfitrión de la COP17 de este año, ilustra bien esta tensión. Según el gobierno, casi el 80 % del territorio del país ya está degradado o afectado por la desertificación. Sin embargo, los bancos de desarrollo están ampliando su apoyo a la minería de minerales críticos en el país, sin garantizar el cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales.
Durante más de una década, comunidades de pastores y defensores y defensoras del medio ambiente en Mongolia han advertido que la mina de cobre Oyu Tolgoi, operada por Rio Tinto, está afectando gravemente los escasos recursos hídricos del sur del Gobi. Los pastores informan de que sus tierras y pozos se han ido secando cada vez más desde que comenzó a operar la mina. Sin embargo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y la Corporación Financiera Internacional (IFC) invirtieron conjuntamente 350 millones de dólares en el proyecto en 2024.
Los bancos de desarrollo están financiando la desertificación
Históricamente, los bancos públicos de desarrollo han sido cautelosos a la hora de invertir directamente en proyectos mineros a gran escala debido a los elevados riesgos sociales y ambientales asociados. Sin embargo, en los últimos años han aumentado considerablemente sus inversiones en este sector.
En noviembre de 2025, el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), tras evitar inversiones mineras durante cuatro décadas, aprobó una controvertida nueva Política Energética que abre la puerta a la financiación de la extracción de minerales críticos. Uno de sus proyectos emblemáticos es la mina de Reko Diq, en Baluchistán, Pakistán, que cuenta con financiación de varios bancos de desarrollo. La mina, ubicada en una región altamente militarizada y afectada por conflictos, amenaza con agravar la degradación de las tierras y la desertificación de un ecosistema desértico ya extremadamente árido.
En mayo de 2026, el Grupo Banco Mundial también presentó una nueva estrategia sobre metales y minerales, comprometiéndose a “quintuplicar el apoyo al sector en los próximos cinco años”. Argentina es uno de los países destinatarios de esta nueva estrategia: desde 2024, el Banco Mundial ya ha comprometido cerca de 2.000 millones de dólares en préstamos y otros 1.900 millones de dólares en garantías para apoyar proyectos que incluyen reformas y desregulación de los sectores energético y minero, así como inversiones en infraestructura logística y estratégica para estos sectores. Estas inversiones contribuyen al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un programa gubernamental que concede amplios beneficios fiscales, legales y de exportación a proyectos extractivos a gran escala.
El Banco Mundial e IDB Invest también financiaron la controvertida mina de litio Sal de Vida, ubicada en un salar de la provincia de Catamarca afectado por otras siete minas de litio. El agua, ya escasa en este territorio árido, está desapareciendo rápidamente. Como consecuencia de las actividades mineras, el río Trapiche se ha secado por completo y, para los pastores locales, encontrar agua y alimento para sus llamas, cabras u ovejas se está convirtiendo en un desafío cotidiano.
En el Copperbelt de Zambia, aproximadamente 5.000 personas de ocho comunidades situadas alrededor de las minas de cobre de Nchanga y Konkola han soportado décadas de contaminación del agua y del suelo. Estos impactos rara vez se describen como desertificación, pero la pérdida de suelos fértiles, vegetación, agua y medios de vida agrícolas contribuye directamente a una degradación más amplia de las tierras productivas. Los propios compromisos de Zambia en el marco de la CNULD establecen como objetivo rehabilitar para 2030 todas las tierras degradadas por la minería y las canteras, entre otras cosas para mitigar las actuales tendencias de desertificación. Sin embargo, el Proyecto de Minería y Remediación y Mejora Ambiental de Zambia, de 65,6 millones de dólares del Banco Mundial, que tenía como objetivo específico las zonas mineras contaminadas de Chingola, no llevó a cabo ninguna remediación directa en estas ocho comunidades.
Las comunidades afectadas por la minería exigen salvaguardas más sólidas
Desde Mongolia hasta Pakistán y Argentina, las comunidades locales y los grupos de la sociedad civil están dando la voz de alarma ante los daños irreversibles provocados por esta nueva ola de proyectos extractivos emprendidos en nombre de una transición energética “justa”.
Según la ONU, “hasta el 40 % de las tierras del mundo están degradadas, lo que afecta a más de 3.000 millones de personas y tiene graves consecuencias para nuestro clima, la fauna y los medios de vida”. La sequía, la degradación de las tierras y la desertificación ya le cuestan a la comunidad mundial unos 878.000 millones de dólares al año. Sin embargo, las preocupaciones de las comunidades afectadas por la minería y de los activistas y defensores ambientales son ignoradas o utilizadas como pretexto para estigmatizarlos como “antidesarrollo”, criminalizarlos y atacarlos.
La CNULD afirma que “tenemos el poder de devolver la vida a las tierras”. Pero para hacerlo, los gobiernos y los bancos públicos de desarrollo deben ir más allá de los eslóganes y reconocer explícitamente los impactos que sectores productivos como la minería a gran escala tienen sobre la degradación de las tierras, los recursos hídricos y la integridad ecológica de los ecosistemas.
Para mitigar estos impactos, deberían comprometerse a no apoyar la expansión minera en zonas áridas y exigir que los proyectos existentes cumplan con las salvaguardas ambientales y alcancen los estándares más elevados, como los de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Como recomendó un grupo de organizaciones de la sociedad civil durante una conferencia anterior de la CNULD, los gobiernos y los bancos de desarrollo también deberían apoyar iniciativas lideradas por las propias comunidades, especialmente aquellas encabezadas por mujeres, jóvenes, pastores y pueblos indígenas, e integrar sus conocimientos en las estrategias de gestión de la sequía.
El desarrollo económico no debería producirse a costa de una mayor degradación de las tierras, una creciente escasez de agua o un aumento de los daños sociales y ambientales para las generaciones presentes y futuras. En cambio, los bancos públicos de desarrollo deberían invertir en soluciones lideradas por las comunidades que protejan, restauren y gestionen los ecosistemas de manera sostenible, respetando al mismo tiempo los derechos de las comunidades que dependen de ellos.
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Sobre los autores
Sukhgerel Dugersuren es defensora de los derechos humanos de las mujeres y directora ejecutiva de Oyu Tolgoi Watch, en Mongolia. Tiene una larga trayectoria denunciando abusos de derechos humanos y la degradación ambiental vinculados a proyectos mineros, energéticos y de infraestructura.
Joel de Souza es subdirector ejecutivo de CAUCE–Cultura Ambiental, Causa Ecologista Foundation en Argentina, donde realiza investigaciones y supervisa iniciativas para monitorear proyectos de desarrollo perjudiciales y exigir que rindan cuentas.
Glenda Inés Mangia es activista ambiental, nutricionista y coordinadora del Departamento de Agroecología y Alimentación de CAUCE–Cultura Ambiental, Causa Ecologista Foundation en Argentina. En 2021 recibió una beca de JWH Initiative y Both ENDS por su trabajo como joven líder ambiental.