A través de 25 estudios de caso, Riesgos no calculados explora la naturaleza de las amenazas y ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos en el contexto de los proyectos de desarrollo, y examina el papel de las instituciones financieras de desarrollo (IFD) a la hora de mitigar o exacerbar estos riesgos. Las IFD disponen de una amplia gama de herramientas, recursos e influencia para garantizar que sus inversiones respeten los derechos humanos y cuenten con una participación significativa de las comunidades afectadas. Sin embargo, con demasiada frecuencia, ignoran los riesgos para los derechos humanos y acaban alentando abusos por parte de gobiernos, empresas y otros actores.
Principales conclusiones
- Las amenazas y los ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos en el contexto de las actividades de desarrollo están muy extendidos.
- Las represalias pueden adoptar muchas formas, desde el acoso hasta la criminalización y los asesinatos; a menudo, comienzan con etiquetar a las comunidades y las personas defensoras como «anti-desarrollo».
- La imposición de actividades de desarrollo sin el consentimiento o la consulta significativa de las comunidades locales y los grupos marginados es una de las causas fundamentales de las amenazas.
- Las instituciones de financiación del desarrollo tienen el deber de garantizar que sus inversiones no pongan en peligro a las personas sin embargo, con demasiada frecuencia, acaban exacerbando los riesgos.
Las IFD no consiguen prevenir y hacer frente a las represalias porque:
- ignoran las señales de alerta temprana de amenazas;
- no llevan a cabo una diligencia debida significativa en materia de derechos humanos ni prestan atención a los riesgos contextuales;
- son reacias a utilizar la influencia que tienen;
- a menudo guardan silencio ante las amenazas y los ataques;
- sus respuestas son mínimas o llegan demasiado tarde, dejando a las personas defensoras y a las comunidades sin protección ni reparación de los daños.
Los cimientos de cualquier proyecto de desarrollo son unas sólidas políticas de salvaguarda de los derechos humanos y el consentimiento de las partes implicadas, reduciendo así las amenazas a las que se enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos, especialmente las personas indígenas marginadas. Si los bancos y los gobiernos nos hubieran escuchado, la violencia y los asesinatos no se habrían producido: los fondos podrían haberse utilizado de forma constructiva para ayudar a la conservación y no para violar los derechos humanos».
¿Quieres ayudarnos a lograr que los bancos de desarrollo rindan cuentas y llamarlos a que detengan las represalias?
Estudios de caso
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